Guerra anticrimen y DHs: EPR busca unificación

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+ Las vías se agotan, y los gobiernos no responden

 

La guerra contra el crimen organizado que encabeza el gobierno federal, y la poca atención que reciben las exigencias de respetar los derechos fundamentales, y resarcir y castigar efectivamente sus violaciones, parecen hacer irremediable la búsqueda de hermanamiento entre las distintas formas de lucha que existen en nuestro país. México entró en una peligrosa senda de aparente agotamiento de las vías institucionales tradicionales. Y eso podría hacer una suerte de “coctel” entre grupos de ciudadanos que exigen el fin de la lucha anticrimen, y los que en el fondo luchan por desaparecer al poder actual e instituir un nuevo régimen de gobierno.

En efecto, en los últimos años hemos visto con intensidad, cómo, por vías distintas, diversos grupos en nuestro país, han buscado vías eficaces para luchar a favor de los derechos fundamentales de las personas; y cómo, otros grupos terminaron incluidos accidentalmente en ese camino, pues al inicio su lucha fundamental estaba encaminada a temas distintos a los de la seguridad pública o el respeto a las garantías constitucionales de los gobernados. No obstante, las complejas circunstancias del país parecen unir a esos grupos que inicialmente no tenían casi nada que ver.

¿De quiénes hablamos? En lo relativo a la lucha anticrimen, y los abominables efectos colaterales que ésta ha tenido, existen diversos grupos puramente civiles. Uno de ellos, que aglutinó a una gran cantidad de esas expresiones de inconformidad, es el que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Éste, a lo largo de los trabajos que ha realizado al frente del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, ha exigido que el gobierno federal modifique las estrategias de la lucha contra el crimen organizado, y ha también señalado de manera frontal la urgencia de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, para evitar que éstas sigan cometiendo violaciones a las garantías individuales de las personas. En el fondo, además, ese y los demás grupos que lo acompañan, ondean la exigencia de que el gobierno federal deje de ponderar, en sus estrategias, la necesidad de preservar la seguridad pública aún a costa de sacrificar o menoscabar las garantías individuales de las personas.

En otro de los frentes se encuentran las exigencias del Ejército Popular Revolucionario. Ésta organización armada, que sostiene una lucha de largo aliento por derrocar al régimen actual e imponer uno apegado a sus principios políticos e ideológicos, se ciñó a esta lucha de una forma casi circunstancial: en mayo de 2007, aquí en Oaxaca fueron detenidos y desaparecidos dos de sus militantes. Desde entonces, han señalado que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (delito penado no sólo por el orden jurídico interno, sino por toda la legislación internacional en la materia), del cual el Estado Mexicano es también responsable.

Hoy, cuando han pasado casi seis años en los que esos reclamos se han ido abultando, sin que uno solo pueda tener una respuesta satisfactoria por parte de los Poderes de alguno de los tres órdenes de gobierno, comienzan a surgir expresiones claras respecto a la necesidad de dejar de lado las vías institucionales actuales (por considerarlas ineficaces, aunque los ineficaces, deliberadamente o no, han sido quienes encabezan los organismos defensores, investigadores y juzgadores) para tratar de explorar otras vías a partir de las cuales puedan presionar al gobierno federal a dar respuesta a las demandas.

 

FRACASO EVIDENTE

A través de un comunicado, emitido el pasado 21 de febrero, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, hace un recuento estremecedor del fracaso de la lucha de todas las organizaciones, desde todos los frentes, y ante todas las vías posibles, en favor de los derechos humanos, y en contra de las acciones violatorias de estas garantías por parte del gobierno federal. Del recuento, destacan algunos puntos como los que ahora reseñamos:

“No ha bastado la lucha por el respeto y defensa de los Derechos Humanos dentro del marco jurídico establecido (…) No basta con sólo recurrir a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el plano nacional, los testimonios de miles de victimas de la impunidad de Estado, lo prueban (…) No ha sido suficiente la denuncia pública nacional e internacional para detener la violencia generada por el Estado mexicano contra el pueblo y sus organizaciones…

“Ante el autoritarismo y la violencia que todo descalifica, criminaliza y mata desde el Estado no ha sido suficiente recurrir a las ong´s de Derechos Humanos internacionales que año con año rinden su informe sobre la situación de violación a los Derechos Humanos en nuestro país. Este gobierno de criminales como todo régimen autoritario hace caso omiso y continúan violando de manera sistemática los Derechos Humanos fundamentales (…)  Insuficientes han resultado las críticas y los análisis condenatorios, las abundantes y documentadas denuncias, como también, los informes sobre la situación imparcial y facciosa de la impartición de justicia en México al servicio de unos cuantos (…) Miles de mexicanos sabemos por la experiencia que recurrir a la vía judicial para demandar justicia es inútil, porque a los que se les pide justicia se les comprueba en cada momento que son ellos mismos parte de los agresores del pueblo y los luchadores sociales”

Destacan también “la expatriación, el destierro forzado; la limpieza social; el asesinato contra la población indefensa son parte de ese terrorismo de Estado que se sigue ejerciendo a pesar de la denuncia política y los dictámenes de ONG’s DH’S internacionales”

 

LUCHA CONJUNTA

Nadie debiera desatender este llamado, independientemente de quién y cómo se hace. El nivel de tensión llega al límite. Por eso no se equivoca el EPR cuando señala que “todas las medidas implementadas por separado de las personalidades progresistas, organizaciones populares y de Defensa de los Humanos han dado hasta ahora medianos resultados o dan resultados temporales, corremos el riesgo como pueblo de que la violencia institucionalizada escale en crueldad y masificación, si no existe unidad de todo el pueblo, se trata de proteger la vida y la libertad de los mexicanos”. La reiterada omisión oficial parece encaminada a ello: A que todos se conjunten y traten de dar una sola batalla a favor de los derechos humanos. Ese es un llamado nada alejado de la realidad.

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