Distribuidor vial: todo por la puerta de atrás

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+ Salvatierra: erró al esconder sus movimientos

 

Visto desde fuera, Oaxaca y sus habitantes podríamos parecer un poco más que incomprensibles: por largo tiempo, exigimos obras, acciones y decisiones que, cuando son finalmente tomadas, también resultan molestar a ciertos sectores representativos de la ciudadanía, a grado tal de generar nuevos e intensos focos de oposición.

Esa podría parecer la actitud de los oaxaqueños frente a la construcción de una obra necesaria, como la del Distribuidor Vial en el crucero de Cinco Señores, en la capital oaxaqueña. El problema, sin embargo, no radica en la decisión o en las implicaciones del proyecto, sino en la forma en que fue tomada y asumida por el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra López.

Dicho distribuidor, es una de las tantas obras que necesita nuestra capital. De hecho, Oaxaca tiene un grado importantísimo de rezago en infraestructura vial de todos los tipos, si se mira a la luz del desarrollo que tienen ciudades más o menos similares a la nuestra (en población, economía, etcétera) de otras entidades federativas. La capital de Oaxaca tiene, de hecho, un enorme grado de abandono y caos cotidiano en la vía pública, que hacía necesario que las autoridades comenzaran a hacer obras necesarias que, además, dieran una imagen distinta a la del estancamiento y el rezago.

En ese sentido, no sólo el crucero de Cinco Señores era un foco rojo. Contrario a lo que pasa en la mayoría de las ciudades de la República Mexicana, Oaxaca tiene una especie de “nudos viales”. Es decir, puntos álgidos que, si son bloqueados u obstruidos, provocan caos no sólo en los alrededores a él, sino en prácticamente todas las arterias viales importantes de la ciudad. Aquí existen varios puntos con esas características, que además de generar problemas ante los (tradicionales) bloqueos por cuestiones de lucha social, también eran representativos de la anarquía y el atraso vial que, casi siempre, aprisionaba la circulación y la fluidez del tránsito vehicular.

Por todo eso era necesaria la obra que hoy mismo ya se ejecuta. Por eso mismo, eran necesarias las propuestas de solución, y las decisiones que, por desidia y por incapacidad, no se habían tomado en el pasado. Por eso mismo, en el plano objetivo parece incuestionable el hecho de que, desde el poder estatal, se le pretenda dar solución a un problema como este. Sin embargo, queda claro que el problema no se encuentra, hoy, en el qué, tanto como en el cómo. La complicación, pues, parte de las formas éticas y políticas que no se siguieron, y de las personas y las organizaciones a las que no se respetaron al momento de tomar la decisión.

Y es que el primer punto álgido de todo esto, parte justamente del poco respeto por la ley que tuvieron las autoridades municipales y estatales. De hecho, por mandato del artículo 115 constitucional, la obra aludida debiera ser responsabilidad inicial del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien a través de los mismos mecanismos que establece el precepto constitucional aludido, junto con el último párrafo del artículo 116 constitucional, debió haber solicitado la intervención del Gobierno del Estado para la ejecución y financiamiento de la obra.

No obstante lo anterior, la Secretaría de las Infraestructuras decidió completamente la obra, y el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no sirvió ni siquiera como una buena comparsa. Finalmente, todo se decidió en el ámbito del gobierno estatal, como si la Constitución federal y sus mandatos (a los cuales tampoco hizo caso el gobierno municipal), no fueran norma suficiente como para merecer respeto.

 

NO HAGAS COSAS BUENAS…

Eso justamente es lo que dice el refrán: no hagas cosas buenas, que parezcan malas. ¿Por qué decir lo anterior? Porque, ¿qué se pensaría de una dependencia gubernamental, que licita una obra de costos millonarios —quizá una de las más importantes de toda la administración actual— en la última del año, sin hacer la publicitación lo suficientemente amplia no sólo para cumplir con la ley, sino también para que a los ojos de la ciudadanía no quede la menor duda de que todos supieron que estaba concursándose la obra, y que cualquier interesado, constructor grande o pequeño, podría entrar a participar para tratar de conseguir la adjudicación de la misma?

De nuevo, ¿qué se pensaría de una dependencia estatal que proyecta la construcción de una obra de gran envergadura; que hace planos, estudios de factibilidad y todo lo necesario, pero que decide no “socializar” la obra lo suficiente? ¿Qué se pensaría de una dependencia oficial que se guarda hasta el último momento todos y cada uno de los detalles de esa gran obra?

La respuesta a esos cuestionamientos es simple: todo da pie a sospechar que, en efecto, la Secretaría de las Infraestructuras oculta “algo”, y que ese “algo” necesariamente tiene que ver con corrupción, con beneficios desmesurados, y quizá hasta ilegales, para unas cuantas personas o grupos empresariales, e incluso que dentro de esos beneficiarios se encuentra también un grupo político, o el mismo equipo de funcionarios que planearon, licitaron e iniciaron la ejecución de la obra a espaldas de todos los demás oaxaqueños.

Aún es muy pronto para saber si, en efecto, son susceptibles de confirmar algunas o todas esas sospechas. El problema es que al haber decidido haber hecho todo en sigilo, y haber sacado a la luz el proyecto, pero por la puerta de atrás, el Secretario de las Infraestructuras dio todos los elementos para alimentar el “sospechosismo” y comenzar a considerar que, en efecto, “algo” hay escondido en todas esas decisiones que, por muy positivas que sean, se tomaron en sigilo y levantaron innecesariamente todo el polvo que hoy empaña y demerita la obra que ya se ejecuta en el crucero de Cinco Señores.

 

CUESTIONAMIENTOS COSTOSOS

Algo muy similar ocurre con las inconformidades que la obra generó entre sectores como Pro Oax y la Fundación Alfredo Harp Helú. Esos grupos, que le guste o no al secretario Salvatierra, son mecenas de la ciudad y su patrimonio, lo que en el fondo querían es que el Gobierno tuviera la atención de darles a conocer el proyecto y quizá también sugerirles algunas adecuaciones. No lo hicieron. Y ahora tienen que pagar las consecuencias de acceder, forzados, a las pretensiones que bien pudieron haberse generado en un acto democrático de inclusión, que no tuvo capacidad de ver el “gobierno del cambio”.

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