+ PRI: ¿la rebelión alcanzará a todos los grupos?
Una discusión tan sensible como la de la publicidad oficial, no debe estar sujeta a facciones, ni a distorsiones, y mucho menos ser vehículo para vendettas entre grupos de poder. En Oaxaca ese tema específico de la relación comercial entre el gobierno y los medios de información, debe llevarse a cabo en la perspectiva y alcances correctos, y con los actores adecuados. Y como la asignación de publicidad oficial debe ser una razón de Estado, entonces la discusión alrededor de ella debe tener la altura suficiente como para alcanzar a ver por encima de los maniqueísmos y las disputas entre grupos políticos.
La publicidad oficial es razón de Estado, no sólo porque los recursos que utiliza son públicos o porque —se supone— lo que pretende promover el Estado a través de la publicidad son temas de interés general, sino también porque esa es una forma de promover el ejercicio de las libertades de expresión e imprenta, consagradas en todas las constituciones democráticas contemporáneas del mundo. En esa lógica, una regulación de la publicidad oficial siempre será benéfica en la medida que logre equilibrar y transparentar la relación entre el poder y la prensa. Cuando no es esa la intención, entonces lo que se pretende es un engaño y una afrenta para la democracia.
La publicidad oficial debe ser razón de Estado, y todos los actores involucrados deben asumir esa premisa en toda su magnitud. En primer término, debe ser el Estado el promotor de una asignación correcta, transparente y equitativa de la publicidad oficial, y deben ser todos los medios de comunicación los primeros interesados en que se respeten esos principios básicos.
Del mismo modo, deben ser los agentes del Estado (es decir, el gobierno en su conjunto) los primeros interesados en velar porque la publicidad cumpla verdaderamente con el fin de informar a la ciudadanía sobre acciones y temas que verdaderamente son del interés general; pero los medios de información, también, debieran comenzar a eliminar la tendencia a seguir permitiendo que se promuevan personas y proyectos políticos, y exigir que la publicidad que venden al gobierno sea la éticamente idónea, y no sólo la más conveniente a criterio del mercado.
Del mismo modo, como la publicidad es razón de Estado, todos deben abonar a la existencia de una legislación acorde a las necesidades comunes del gobierno y los medios, y se debe estimular, desde todos los frentes, la participación de todos los involucrados no sólo para generar un instrumento jurídico en específico, sino también para crear un conjunto de mecanismos claros, consensados y legítimos, a través de los cuales se pueda cumplir con los fines que, en teoría, persigue el Estado al contratar publicidad con recursos públicos para los medios informativos.
Incluso, como la publicidad oficial es razón de Estado, todos deben abonar porque se termine la discrecionalidad, y porque también se elimine la práctica de asignar recursos como una forma de premio o coacción para los medios críticos o afines, según sea el caso. Finalmente, la inexistencia de una regulación específica —así sea la menos acabada— para la asignación de publicidad oficial, a lo único que contribuye es a seguir menoscabando la de por sí poco accesible libertad de expresión. La falta de regulación a la única que premia es a la discrecionalidad, y con ello también se estimula el medio fáctico de control sobre los medios que, finalmente, con sus errores y aciertos, han jugado —hemos jugado— un factor determinante para esta democracia que hoy tenemos.
EL CASO OAXACA
En el caso específico de Oaxaca, el primer requisito es que la discusión sobre la publicidad oficial se aleje de los insultos, de las facciones y de los maniqueísmos. Como todo en la vida, esta discusión no se reduce a un mero asunto entre buenos y malos, o a entre puros y conversos; y por esa razón, debe haber inclusión y claridad respecto a los temas que son torales para los medios, y necesarios para la democracia.
En primer término, cada uno de los actores debe asumir el papel que les toca jugar. Los medios y el gobierno deben asumir su papel de partes directamente involucradas en el tema, y deben honrar su convicción democrática participando conjuntamente en la confección de normas y prácticas que se ajusten a sus necesidades comunes.
Frente a ellos, los actores periféricos deben también asumir el papel que les toca representar, evitando la tentación de erigirse en jueces de una actividad periodística que no conocen ni ejercen, y también alejándose de las posturas maniqueas a partir de las cuales asumen que el control de la publicidad debe generarse para limitar la supuesta voracidad de los medios, pero no para garantizar que el Estado reparta de manera equitativa, correcta y transparente los recursos públicos asignados para publicidad oficial, entre todos los actores posibles, y no privilegiando a uno (o a un grupo), a costa de condenar a la desaparición a todos los demás.
Finalmente, todos los esfuerzos son loables, pero cada uno de ellos debe verse desde una perspectiva crítica para asumir el fin que persiguen. No se trata, pues, de que todo continúe en la discrecionalidad, como tampoco de que agentes extraños, que no conocen las vicisitudes y los retos diarios de los medios informativos, sean quienes pretendan juzgar a los actores periodísticos, y dictar normas jurídicas (y hasta morales) sobre cómo deben comportarse unos y otros en una relación en la que ellos no están involucrados.
Lo ideal sería que esta discusión tuviera una verdadera visión de Estado desde todos los frentes en que pretende darse. Ojalá que hubiera más claridad para abordar este tema, y para concretar una verdadera agenda de los medios de comunicación que abordara ese y otros problemas que son tanto o más urgentes para garantizar la libertad de expresión en un estado como el nuestro.
TRIFULCA PRIISTA
Comentan que antenoche, cuando el ex gobernador Ulises Ruiz se enteró que no fue incluido en la lista de candidatos plurinominales a cargos legislativos por el PRI, mandó a sus personeros, Eviel Pérez Magaña entre ellos, a amenazar al secretario de Organización del CEN, con renunciar al partido si no se quitaba de la lista de candidatos plurinominales a Martín Vásquez y Nieves García. No lograron nada. Y el CEN constató su desdén al ex Mandatario, cuando le negó a varios candidatos oaxaqueños la posibilidad de tomarse la foto con el candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. Abundaremos.
