】
+ ¿Por qué el gobierno toma decisiones “en reversa”?
Uno de los temas más sensibles de la presente administración del gobierno estatal, es el del transporte público. Políticamente, esa ha sido una de sus vetas más importantes de golpeteo frente a sus antecesores. Sin embargo, por un mero afán de clientelismo político, uno de los más connotados personajes del grupo gobernante podría estar poniendo en riesgo no sólo la congruencia política del régimen respecto a ese tema, sino también los planes de reordenamiento y saneamiento del transporte público que le fueron encomendados a la nueva Secretaría Estatal de Transporte y Vialidad.
En efecto, desde el inicio de la administración, el Gobierno del Estado ha sostenido que el otorgamiento de concesiones en la pasada gestión fue un auténtico desastre, lleno de corrupción. De hecho, ese es el argumento de justificación para mantener en prisión al ex coordinador de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón; y ha sido también una especie de “convicción” a partir de la cual funcionarios estatales han intentado demostrar que sí hubo tráfico de concesiones, y que de él fueron responsables funcionarios al más alto nivel de la administración anterior.
Si ese es el punto de partida, entonces los pasos lógicos que ha seguido el gobierno son los de negar el reconocimiento a los actos jurídicos posteriores a las concesiones que considera apócrifas. En razón de ello, en los últimos quince meses, el gobierno estatal ha venido negando sistemáticamente la realización de trámites a docenas de organizaciones de transportistas foráneos, que buscan culminar el proceso de regularización de sus vehículos de alquiler, a través del emplacamiento de las unidades y la emisión de los documentos para que éstos puedan circular en regla.
Quienes conocen de este tipo de procedimientos, aseguran que desde el inicio de la administración, la extinta Coordinación de Transporte se dedicó a negar, casi en todos los casos, la emisión del documento denominado “de certeza jurídica”, a través del cual la Secretaría de Finanzas cobra los derechos correspondientes para la emisión de nuevas placas a vehículos de alquiler, cuya concesión hubiera sido otorgada bajo los periodos de tiempo en los que ellos consideraron que hubo actos relacionados con corrupción de funcionarios para el tráfico de concesiones.
La negativa a la emisión del documento de certeza jurídica, y posteriormente de las placas de circulación, aseguran, ocurría sólo a través de la no manifestación de la autoridad frente a las solicitudes de los usuarios. La negativa era, pues, tácita. Porque formalmente, la autoridad no emitía documento alguno declarando la negación del servicio, y mucho menos fundamentando la razón; pero sí negaba el trámite en los hechos, porque se consideraba que emitir el documento referido, y las placas de circulación a esas concesiones, sería tanto como convalidar los actos de corrupción (que hasta ahora no han podido comprobar en los tribunales jurisdiccionales en donde se ventilan esos asuntos) que se habrían cometido en la gestión del gobernador Ulises Ruiz.
El paso natural de defensa jurídica que, hasta ahora, habían venido tomando algunos de los concesionarios afectados por esas decisiones, era la de la búsqueda de recursos legales y constitucionales para defenderse de los actos y omisiones que ellos consideraban como arbitrarios. Unos optaron por acudir al juicio de amparo, y otros por interponer recursos directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado.
Quienes acudieron a la vía constitucional, fueron remitidos al Tribunal Administrativo de Oaxaca (TCA), porque (por el principio de definitividad) era necesario primero agotar los recursos ordinarios existentes para defenderse del quebranto. Sólo que, incluso en este EL TCA, les era negada la razón a los recurrentes, quizá tratando de armonizar las razones y las decisiones del gobierno estatal respecto a las concesiones, con los temas jurídicos que deben ser conocidos en un espacio jurisdiccional como ese.
MANIPULACIÓN EVIDENTE
Hasta hace muy poco tiempo, sustentándose en un criterio ya establecido, el TCA había negado razón a los particulares que habían interpuesto recursos para ese cuestiones de ese tipo. Sólo que, curiosamente, hace poco tiempo tal criterio cambió. E, incluso, hace unos días, el propio TCA resolvió que a una organización de taxistas de la mixteca, le fuera emitido el mencionado documento de certeza jurídica, para que los beneficiarios de esta decisión pudieran continuar con sus trámites de emplacamiento.
Esto, independientemente de las razones jurídicas, políticamente parece no sólo un contrasentido (o una derrota) para el gobierno estatal, sino también una demostración fehaciente de que, en aras de abrevar clientelismos, algunos personajes ligados al poder estatal están poniendo gravemente en entredicho una de las banderas políticas más importantes de este gobierno.
Primero, ¿por qué es un contrasentido? Porque el documento de certeza jurídica, fue el instrumento a partir del cual, el entonces gobernador Ruiz dispuso, mediante un decreto, que fuesen revisadas y regularizadas todas las concesiones irregulares que existieran. Por esa razón, reconocer la validez de los documentos de certeza jurídica, es tanto como refrendar lo hecho por una administración anterior y contraria a los intereses políticos de la actual.
Pero, segundo, lo que es peor: detrás de todo esto, parece estar la manipulación política del candidato a Senador, Benjamín Robles Montoya, y su nuevo personero, el indeseable líder de la CNP (y otrora protegido del PRI), Juan Luis Martínez. Ellos están manipulando a tal grado el tema del transporte, que podrían lograr la regularización de cientos de unidades en próximas fechas. ¿Así quieren regularizar el transporte? Esto, más bien, estaría dando un tiro de gracia anticipado a la Setravi que, según parece, sí nació con el ánimo genuino de hacer un ordenamiento efectivo del transporte público.
ARMAS DE FUEGO
El ICJO y la Agencia Quadratín, que encabeza en Oaxaca la periodista Guadalupe Thomas, invitan a la presentación del libro “Seguridad, armas de fuego y transparencia”, del doctor Ernesto Villanueva. La cita es en el Aula Magna del ICJO, hoy miércoles a las 18 hrs, en calle 5 de Mayo # 205-B, esquina Calzada de la República, Col. Jalatlaco. La invitación es abierta, para saber más de un tema fundamental de nuestros días. ¡Participe!
Comments are closed.