+ Fallas hasta en información esencial
Alguien debe ser el responsable de la página web del Gobierno del Estado de Oaxaca. Del mismo modo, alguien debe tener encomendada la tarea de velar porque se cumplan todas las normas vigentes que también obligan al gobierno estatal. El problema es que, hoy mismo, nadie parece asumir cabalmente ninguna de esas obligaciones. Y por eso, en materia de transparencia, el portal de internet del gobierno estatal es un desastre.
En efecto, la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca impone obligaciones que son ineludibles para el Gobierno del Estado de Oaxaca. Y es que dicha norma, establece en su artículo 6 que el Poder Ejecutivo del Estado es sujeto obligado para los efectos de esa ley; que el artículo siguiente, dispone que todos los sujetos obligados tienen el deber de tener disponible la información pública de oficio a que se refiere el artículo 9, así como garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en dicha norma.
Y, finalmente, el artículo 9 dispone que, Con excepción de la información reservada y confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, sin que medie solicitud alguna, así como difundir y actualizar dentro de los sesenta días naturales a que surja o sufra alguna modificación (…) la siguiente información: Su estructura orgánica, el marco normativo aplicable a cada sujeto obligado; las facultades y atribuciones de cada sujeto obligado; el directorio de servidores públicos por área; y la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación… entre otras cuestiones que, por disposición de la misma norma, deben estar permanentemente disponibles para el público, y respecto de las cuales debe haber cuidado y actualización constante.
Todo eso no se cumple en el caso de quienes tienen el deber de mantener actualizada la información pública de oficio del Poder Ejecutivo del Estado. Y es que basta con entrar a la página web del Gobierno del Estado (www.oaxaca.gob.mx) para corroborar que en su portal de transparencia no sólo hay descuido, sino también una falta de actualización grave, y un conjunto de faltas graves que constituyen violaciones a la Ley de Acceso a la Información, y que deberían ser motivo de atención, advertencias y sanciones por parte del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca.
Curiosamente, las instancias gubernamentales encargadas de mantener actualizada la información pública que marca la ley, incumplen impunemente. Y, al mismo tiempo, el Instituto, que debiera estar preocupado fundamentalmente por una cuestión tan básica como esa, prefieren estar distraídos en asuntos menos importantes y no llamar la atención a un gobierno que no sólo no cumple con la ley, sino que promovió la reforma de ese órgano autónomo (por considerar que no cumplía con las expectativas de la ciudadanía) y la sustitución de sus titulares. Con omisiones como esta, no hacen sino darle la razón a quienes tachan de inoperante al actual Instituto.
Y es que no hace falta hurgar mucho para descubrir las omisiones. Por ejemplo, al entrar al portal de Transparencia del sitio web www.oaxaca.gob.mx y dar clic en el rubro de “Directorio de Servidores Públicos”, uno puede encontrar ahí información de dependencias que ya no existen, de personas que ya no ostentan el cargo de servidores públicos y, en algunos casos, simplemente encontrar en blanco los directorios que debían estar integrados y publicados en los términos que señala la ley.
Vayamos a algunos ejemplos. Según el Portal de Transparencia referido, aún existe la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, y de ésta continúa siendo titular Bulmaro Rito Salinas. Del mismo modo, no sólo da por existente la Coordinación de Transporte, sino que según lo publicado, el titular sigue siendo el procesado penalmente, Gonzalo Ruiz Cerón; en el caso de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, el portal de transparencia dice que el titular sigue siendo Ernesto Reyes Martínez, cuando éste fue removido desde diciembre pasado.
Del mismo modo, el Portal de Transparencia indica que el senador electo por las izquierdas, Ángel Benjamín Robles Montoya, continúa siendo titular de la Coordinación de los Módulos de Desarrollo Sustentable. Incluso, en los casos de la Coordinación de de Financiamiento y Vinculación Internacional y de la Oficina de la Gubernatura, todos los espacios (sí, todos, no vaya usted a creer) se encuentran vacíos.
Para reforzar lo aquí dicho, esta columna hizo las respectivas capturas de pantalla el pasado 7 de agosto alrededor de las 20 horas. Y hasta la tarde de ayer, todo permanecía en las mismas condiciones. Todas las imágenes pueden ser consultadas en nuestro blog http://almargenoaxaca.wordpress.com
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?
En primer término, la responsabilidad de un asunto aparentemente tan intrascendente como éste, pero que a la vez deja ver el tamaño del descuido y del desdén por sus obligaciones básicas relacionadas con la transparencia, recae justamente en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Por pura lógica, la contralora Perla Woolrich debía ser la primera preocupada por velar por la no existencia de huecos tan visibles como éste, y por conminar a los directamente responsables a que cumplan con las funciones que les impone la ley.
Sin embargo, hay más. Y es que la fracción XXIX del artículo 49 de la recién reformada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que la Consejería Jurídica corresponde el deber de “fungir como Unidad de Enlace en materia de Transparencia de la Gubernatura y de la propia Consejería Jurídica; asimismo, ser el Secretario Técnico del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado, actuando como Sujeto Obligado, por lo que deberá emitir y supervisar, con apoyo de los integrantes de dicho Comité, la aplicación de criterios y lineamientos para las Dependencias y Entidades, en cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia.”
CUMPLIR LA LEY
Por pura imagen, el gobierno no debiera permitir huecos como éstos. Errores y omisiones como éste, revelan además el tamaño de la distracción que tienen, de sus funciones más básicas, servidores públicos como la contralora Woolrich Fernández y el consejero jurídico Víctor Hugo Alejo Torres. ¿De qué sirve que éste último casi viva en su oficina, si de todos modos va de yerro en yerro? Ahí está la prueba.
