+ Denuncia, a tiempo; diputados la ignoraron
Detrás de la imagen de tolerancia, congruencia y democracia que Flavio Sosa Villavicencio ha tratado de construirse en estos últimos años como diputado local, se encuentra el mismo agitador de siempre. La historia que lo involucra con la comunidad de Trinidad Zaachila no sólo revela su voracidad y su capacidad de generar conflictos en aras de obtener una ganancia económica, sino también su doble moral (y la de todos los diputados) al disimular la relación de complicidad que tiene con el impresentable defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.
En efecto, la relación de Sosa con Trinidad Zaachila no es nueva. De hecho, en otros momentos se denunció públicamente, en diversos medios informativos locales, de los delitos que podrían estar cometiendo Sosa y algunos integrantes de la organización Comuna de Oaxaca que él encabeza, en conjunto con Peimbert Calvo, que para entonces fungía como coordinador de Mediación para el Desarrollo del Gobierno del Estado.
Esos señalamientos, provenían fundamentalmente de una denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en febrero del presente año, los señores Jonás Llandez Vásquez, Oscar Castellanos Martínez y Manuel Sánchez Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal, Tesorero y Síndico Municipal de la comunidad de Trinidad Zaachila, respectivamente.
En esa denuncia, los representantes de la autoridad municipal de Trinidad Zaachila describen cómo Caminos y Aeropistas de Oaxaca les responde de una supuesta solicitud realizada por ellos, misma que, a decir de los denunciantes, nunca se había tramitado. En el documento, CAO les indica que su comunidad cumple con todos los requisitos para la realización de la obra solicitada, la cual se trataba de una pavimentación de la comunidad de Trinidad a Santa María Roaló, y de ahí al núcleo rural La Guadalupe, por un monto de cuatro millones 792 mil 372 pesos, misma que realizaría una empresa que, según los propios dichos de la autoridad, previamente habían asignado Arturo Peimbert Calvo, y el eterno colaborador de Flavio Sosa, César Mateos Benítez.
Según la denuncia —de la que no hace falta más que buscar en Google, para hallar imágenes de los documentos originales, firmados y sellados por los denunciantes— se enteró el Presidente Municipal, cuando los vecinos le reclamaban la razón por la cual había autorizado las afectaciones de sus terrenos, a lo cual el Munícipe contestó que él no sabía nada.
Cuando los vecinos le mostraron los documentos corroboró que, en efecto, alguien había falsificado la papelería oficial, los sellos y las firmas con las que presentaron la referida solicitud. Incluso, en la denuncia penal referida, puede leerse que el Presidente Municipal señala enfáticamente a Peimbert Calvo por haberlo presionado en diversas ocasiones, e incluso amenazado, para que firmara un documento que él identifica como una carta poder, y que como se negaron rotundamente, entonces recurrieron a la falsificación de documentos por la que presentaron la denuncia.
ÁNIMOS DE VENGANZA
A partir de esto, puede entenderse con toda claridad esta denuncia pública que ahora realiza el edil Jonás Llandez. Según refieren quienes conocen a fondo el tema, no lo había hecho antes, debido a que cuando se hizo público el contenido de la denuncia penal que presentaron ante la Procuraduría del Estado, recibieron nuevas amenazas debido a que Peimbert Calvo era candidato a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Pareciera que por esa razón, la voracidad de Peimbert Calvo y Flavio Sosa Villavicencio quedaron momentáneamente suspendidas, pero que una vez que el ex Coordinador de Mediación del Gobierno del Estado quedó firme en su cargo, éstos volvieron a la carga ahora ya no sólo para culminar los millonarios negocios derivados de la asignación irregular de obra pública para ese municipio, sino también —y sobre todo— para cobrarle al Munícipe la afrenta por haber tenido la osadía de denunciarlos penalmente.
¿A poco no, teniendo como antecedente directo toda esta historia, se entiende perfectamente la denuncia que hace el Edil en contra de Flavio Sosa, César Mateos y Arturo Peimbert Calvo? Pues, específicamente, Llandez refiere que Mateos Benítez llegó a las comunidades de Santa María Roaló, San Miguel Tlanichico y el núcleo rural La Guadalupe, para aconsejar a sus habitantes “que pelearan por obras y por la asignación del presupuesto directamente”, y agregó que cuando se iniciaron las negociones, fue el hoy defensor Peimbert Calvo quien tomó el caso. Incluso —decía la nota de TIEMPO en su edición de ayer— fue él quien suscribió los acuerdos, como representante de estas localidades, y agregó que, coincidentemente con todo lo narrado, en Santa María Roaló “se realiza una pavimentación sin autorización de la autoridad”.
Nada de esto es oculto. Más bien, Sosa y los diputados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local (Marlene Aldeco, Pavel López, Max Vargas y Carlos Martínez), apenas si pueden disimular el hecho de que aún a sabiendas de estos inaceptables antecedentes de Peimbert como agitador y estafador de municipios rurales, cada uno de ellos accedió a impulsarlo como el candidato idóneo para ese cargo.
Todos accedieron a impulsarlo, porque Peimbert abiertamente habría comprado sus votos y habría dado espacios en la nueva estructura de la DDHPO a los cercanos de cada uno de ellos, e incluso a otros ex candidatos a Defensor a los que cada uno de esos diputados pretendió inicialmente impulsar, pero que finalmente se quedaron relegados ante el apabullante “convencimiento” que generó Peimbert en ellos a partir de sus ofertas.
IRRESPONSABLES
Hoy Flavio Sosa debía enfrentar su responsabilidad por estar “casualmente” involucrado en algunos de los más riesgosos conflictos sociales que existen en comunidades oaxaqueñas y que potencialmente pueden convertirse en baños de sangre. Y los demás diputados debían también dar la cara al pueblo de Oaxaca y explicar la razón por la que decidieron impulsar a un individuo nocivo para la gobernabilidad, para la ley y sobre todo para los derechos humanos, como el supuesto “defensor” del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.
