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+ ASE: disputas, común denominador
Hace exactamente un año, el miércoles 17 de agosto de 2011, fue electo como Auditor Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo. En aquel entonces fue electo bajo la demagógica premisa de “Nunca más un auditor al servicio del Ejecutivo del Estado”. Y sin embargo, éste provenía del propio gobierno estatal. Y lo más lamentable: su gestión ha tenido como común denominador el ausentismo, el silencio y la interminable disputa por los espacios de una institución que, más que cualquier otra, debía estar al servicio del pueblo de Oaxaca.
En efecto, Altamirano fue electo como Auditor bajo los efectos de las nuevas leyes, pero también bajo la predominancia de las viejas prácticas políticas que, según dijo el nuevo régimen, se acabaría con la alternancia de partidos en el poder. Y es que sólo quien no tiene memoria, ya olvidó que con tal de expulsar a los titulares de los órganos autónomos impuestos por el régimen anterior, la LXI Legislatura aprobó una reforma constitucional en la que se reorganizaban esas estructuras, y que particularmente la renovación en la ASE se vio enmarcada por una lúgubre negociación en la que la extitular, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, intempestivamente presentó su renuncia para retirarse a la vida privada, cuando antes había dicho que haría todo lo posible por sostenerse en su cargo.
Toledo, según las notas de aquel momento, fue electo porque la mayoría de los diputados que todavía integran la LXI Legislatura, consideraron que era quien tenía “el perfil más alto” y “más conocimiento en materia de fiscalización”. Sin embargo, en aquel momento los diputados no sólo se engañaban por los supuestos más altos méritos profesionales de Altamirano frente a los demás aspirantes, sino que además pasaron deliberadamente por alto que el requisito más importante de quien es nombrado como titular o integrante de un órgano autónomo, radica justamente en la demostración de autonomía frente a la influencia, el poder y las presiones del Ejecutivo, a quien se supone que va a fiscalizar.
Nada de eso tenía Altamirano Toledo, y aun así fue electo. No era quien tenía los más altos méritos profesionales, porque según quedó demostrado en la misma lista inscripción de candidatos al cargo de Auditor Superior ante el Congreso del Estado, en ella había personajes que ciertamente no tenían méritos políticos —ni cargos partidistas ni de representación popular—, pero que sí demostraban tener conocimientos superiores de contabilidad gubernamental, fiscalización, control y auditoría. Altamirano Toledo no era el del perfil más alto, comenzando porque él es economista, y la profesión idónea para ese cargo es la de Contaduría Pública. De hecho, Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, es contador Público Certificado.
Pero además, suponiendo que hubiera podido superar la barrera de la no idoneidad profesional, Altamirano de todos modos no era idóneo para el cargo, por la sencilla razón de que su función inmediata anterior fue estar al servicio del Titular del Poder Ejecutivo como Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Si el régimen que lo favoreció, lo hizo dando a entender que defenestraban a los titulares anteriores de los órganos autónomos por haber estado al servicio del gobernante en turno, entonces lo que finalmente ocurrió fue un grosero “quítate tú para ponerme yo”, que en nada cambiaba el estado objetivo de cosas, y que tampoco garantizaba autonomía y eficacia en la realización de sus funciones.
Por eso se explica con toda perfección el hecho de que Altamirano fue electo bajo las nuevas leyes, pero también determinado por las viejas prácticas. Y si la forma en que llegó a su cargo estuvo afectada por esas vicisitudes, su función como tal tiene tantos o más cuestionamientos que los ocasionados en su vapuleado arribo a la ASE.
ASE, PARTIDIZADA
A estas alturas, ya no sorprende que la autonomía de, valga la redundancia, los órganos autónomos haya sido remplazada por la partidización. Y es que en el caso de la ASE, desde la elección de Altamirano Toledo inició una lucha feroz por los demás espacios, que ya pasó por el nombramiento de los dos subauditores, pero que no termina porque hoy la Auditoría funciona en varias bandas distintas, y además se encuentra afectada por los excesos que provoca la disposición de las plazas y los espacios, y la utilización de las atribuciones de la Auditoría para beneficio privado.
En efecto, en noviembre del año pasado fueron electos Ramón Icazbalceta y Jaime Ruíz como subauditor de Fiscalización, y de Planeación y Normatividad Técnica, respectivamente. De nuevo, el nombramiento de cada uno de ellos estuvo determinado por sendas negociaciones políticas entre las fracciones parlamentarias. Y por esa razón, el primero de los subauditores fue impulsado por la fracción priista, y en el segundo nombramiento tuvo preferencia la bancada del Partido Acción Nacional.
Eso no resolvió ninguno de los problemas. Hoy, aunque a veces por decoro lo disimulan en público, los dos subauditores tienen fuertes enfrentamientos con el equipo del Auditor Superior que, sin tener atribuciones, ha querido no solamente acaparar las más importantes funciones de la Auditoría, sino que pretende también poner a disposición de particulares información confidencial de la institución, con el objeto de que éstos presten servicios de “consultoría y asesoría” a municipios y demás sujetos fiscalizables que, de forma inminente, son susceptibles de sanciones por parte de la ASE.
Esa invasión de competencias, y los señalamientos sobre la posible venta de información confidencial, ha generado dentro de la Auditoría un nivel de rispidez e ineficiencia que no debía ser propio de una institución que tiene tanto trabajo, que es a su vez tan importante para un estado como Oaxaca. Pero mientras, el Auditor prefiere ocupar su tiempo en otros asuntos, y simplemente ostentar testimonialmente el cargo que le confirió el Congreso el año pasado. Todo lo deja en otras manos que, tarde o temprano se verá, no habrán de entregar resultados positivos de las funciones que realizan.
“AL SERVICIO DE…”
Por cierto, con su silencio, la ASE convalida lo que a diestra y siniestra dice la Contraloría: que en esta administración no hay una sola irregularidad. Quién sabe si sea eso, o que no han encontrado nada… porque nada han dicho sobre el resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública Estatal 2011. Esa eficiencia, pues, se dice pero no se ve.
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