Gobernabilidad en Oaxaca: debemos ir adelante, ya

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+ Sólo mantener la paz no es insuficiente

 

Parece cíclico el hecho de que, ante ciertos hechos, el gobierno —independientemente del color partidista en el poder— tenga que salir al paso para reiterar que hay gobernabilidad y que lo que ocurre es parte de la actividad política relativamente normal de la entidad. También es cíclico que la oposición (también independientemente de los partidos y colores que la compongan) denuncie que el siguiente paso es el estallido social, pero que no sólo no hagan nada para remediar la situación, sino que abonen a su enrarecimiento. Si Oaxaca desea mejorar realmente sus condiciones, debe ir más allá de lo que se consigue hasta ahora y lograr verdaderamente avances en materia de control político.

En efecto, lo que ocurre hoy no es distinto de lo que ha pasado en otros años. Crímenes inundados de tintes políticos; protestas de grupos sociales; agresiones entre particulares, hechos delictivos de gran calado, y cuestionamientos interminables por parte de grupos opositores. Ante ello, prevalecen las dos versiones (la oficial y la opositora) que pretenden resolver todo sólo en el terreno de lo discursivo, pero que realmente tienen poca capacidad y elementos para poder incidir de mejor forma en los asuntos públicos, como la gobernabilidad o la paz social.

Todos, sin embargo, se conforman con lo que hay. Hasta ahora, el gobierno se ha seguido conformando únicamente con mantener las condiciones mínimas de paz. Ocurren ciertos hechos que son considerados como relevantes, pero que son minimizados y considerados como cuestiones aisladas. La oposición, por su parte, cumple con su posición de denunciar, pero anticipadamente asume que el responsable de la gobernabilidad es, valga la redundancia, el gobierno. Y ellos, por consiguiente práctica de la política mexicana, deciden no ser parte de la solución, sino continuar siendo parte del problema.

¿Qué ocurre entonces? Que el resultado es todo lo mediocre de siempre. Aprovechan el hecho de que los oaxaqueños nos hemos acostumbrado a asumir como “normales” ciertas condiciones sociales y de gobernabilidad, que para otras sociedades serían simplemente inaceptables.

El gobierno toma ventaja como eso para continuar sosteniendo la gobernabilidad simplemente con alfileres sin esforzarse más; y la oposición se encarga de administrar esas agujas pero sin abonar a su consolidación y, al contrario, procurando que las condiciones sean lo más extremas posibles para que a partir de eso puedan continuar medrando y obteniendo ganancias políticas, a costa de los daños a terceros y de la desgracia de las personas.

Lo grave de todo este asunto es que siempre son otros lo que pagan el costo de sus ambiciones y deficiencias. La gobernabilidad, siempre termina siendo la moneda de cambio en todos los conflictos. Y entonces ésta deja de ser herramienta y se convierte en rehén de los grupos que pretenden apoderarse de ella, pero también del gobierno que al no poder sostenerla con las bases firmes, constitucionales y democráticas que debería, nos engaña descaradamente, haciéndonos creer que gobernabilidad es ese austero sostenimiento de la paz social apenas con las condiciones mínimas —y a veces ni eso— para que los particulares podamos llevar a cabo ciertas actividades.

Frente a esas condiciones inaceptables, los ciudadanos deberíamos exigir civilizadamente, y no conformarnos con lo poco que se puede procurar respecto a la gobernabilidad.

 

¿Y EL PACTO?

Un gobierno verdaderamente comprometido con la gobernabilidad debía convocar no sólo a la firma de un gran pacto a favor de Oaxaca, sino al cumplimiento de condiciones estrictas para generar no sólo condiciones de paz social pendidas de hilos, sino auténticas condiciones de gobernabilidad en la que todos puedan gozar de derechos a cambio de cumplir con los deberes. Esa debiera ser, es cierto, una tarea de los particulares, pero también de los grupos de lucha social, del gobierno y de los supuestos aliados con los que gobierna.

Uno de los aspectos fundamentales, que está perfectamente diagnosticado políticamente pero que sigue sin atenderse, es el relativo a la atención efectiva a la problemática social y a los problemas políticos. Y es que muchos. Muchísimos conflictos se desbordan no porque las diferencias entre grupos sean irreconciliables, o porque las demandas sean inalcanzables para el gobierno.

En la gran mayoría de las ocasiones, los líos surgen porque no hay voluntad para resolverlos; porque la desidia puede más que la capacidad de atención y resolución; porque quienes tienen el deber de conocerlos están distraídos en cuestiones banales; o porque, en más de un caso, resulta ser que los encargados de resolver el problema son los mismos que lo están generando y alimentando no de causas, sino de chismes y de banderas.

A la par de ello, se encuentra el auténtico control de la gobernabilidad, que al menos en Oaxaca no existe. Aquí, lo acepten o no, existe un control atomizado de la gobernabilidad. Y es que ésta es imposible de sostener, cuando existe un encargado de la política interna totalmente disminuido y apático de sus responsabilidades; cuando existen otros personajes que, sin tener esa encomienda, pretenden incidir en la gestión política de la entidad; y cuando todos quienes se encuentran alrededor de esos conflictos están más preocupados por asuntos diversos que por verdaderamente dar respuestas a los ciudadanos, citadinos y del interior del estado, que muchas veces deben llegar al grado de la protesta para hacer valer sus peticiones y para ganar la atención de las autoridades.

En todo esto, debíamos preguntarnos si el pacto de gobernabilidad tantas veces sostenido por la Secretaría General de Gobierno, es una herramienta útil. Pues ha quedado claro que todo ha sido tan poco vinculante como los llamados a misa. Y que de todos modos las cosas siguen pendiendo del cauce mínimo en el que hay paz, pero que esa paz no puede asumirse como gobernabilidad o como el control que el gobierno dice sí tener.

 

MEDIDAS URGENTES

Las que debían tomar las más altas esferas del Gobierno del Estado, con el director del Cecyteo, Víctor Raúl Martínez Vásquez. Ante su nula actuación frente a las protestas del MULT, la agresión que sufrió anteayer uno de sus principales dirigentes, y el señalamiento de responsabilidad que hace en su contra el movimiento triqui, lo menos que debieran hacer es pedir su separación del cargo para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades correspondiente. Es lo mínimo que debiera ocurrir.

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