+ Oportunismo, sí; pero ante caos, es redituable
No es buen signo para el gobierno de Oaxaca que, casi en las mismas fechas, ocurran varios hechos que si bien no tienen trascendencia material, de nuevo ponen a la entidad en una situación francamente deplorable ante la mirada nacional e internacional.
En efecto, en apenas unos días, un puñado de personas fue capaz de subir a la agenda nacional el tema de Mareña Renovables y el riesgo de que esa inversión se vaya a otra entidad, o a otro país; casi al mismo tiempo, la Sección 22 del SNTE —que para efectos prácticos, también es un grupo minoritario— fue capaz de arrodillar al Congreso del Estado, y a buena parte de la estructura del gobierno estatal para que se apruebe, por la fuerza, su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca.
Por si algo faltara, un puñado de rencorosos está esparciendo la versión sobre el resurgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y todo se corona ante la aparición de un cuerpo de “policía comunitaria” en un municipio de la región de la Costa, y el realce al “municipio autónomo” de San Juan Copala. Gran parte de la batalla entre el gobierno y sus opositores se gana en las percepciones. Y en ese terreno el gobierno de Oaxaca lo está perdiendo todo.
Veamos si no. En el caso de Mareña Renovables, el gobierno ha insistido una y otra vez que el asunto no es tan grave como parece, y ha tratado de aplacar los ánimos a través de declaraciones que parecen respaldar a la empresa inversionista, y condenar a aquellos que pretenden desestabilizar la zona. A partir de eso se entiende que de manera casi permanente haya presencia de funcionarios en la zona; que haya declaraciones oficiales expresas sobre el tema, y que al mismo tiempo se descalifique a quienes se oponen al establecimiento de los aerogeneradores.
El problema es que, en el terreno de las percepciones, los ganadores son otros y esto ocurre por el solo hecho de que aún con las declaraciones y la aparente acción oficial, la inversión simplemente no se asienta, ni Mareña inicia la construcción del complejo eólico, ni cesan los señalamientos, en la prensa nacional e internacional (fundamentalmente en ésta) de que existen actos de represión en contra de los opositores al proyecto, y de que el gobierno pretende instalar los aerogeneradores sin tomar en consideración la opinión de los pueblos indígenas de la zona, y sin atender las causas que les generan marginación y pobreza.
Esto, a la luz de cualquier mirada más o menos razonable, resulta falso. Pues aunque con sus errores, sí ha ocurrido el proceso de consulta y cabildeo con los pueblos de la zona; aunque tardía, y con poco acierto, sí ha habido presencia oficial en la zona; también existen proyectos sociales para atender a los indígenas, y los supuestos “actos de represión” tienen tantos matices que, sin duda, sería casi imposible hablar de ellos sin tomar en consideración que las contrapartes (los supuestos reprimidos) en realidad buscan con efervescencia que alguien los apalee.
Sobre todo, en ese problema y en esa región, existe un cargado ánimo de confrontación y de enrarecimiento político que, al contrario, no ha podido ser reflejado ni informado por el gobierno, que más bien ha preferido asumir que quienes están revolviendo el problema son luchadores sociales, y no políticos ambiciosos, y que en realidad éste sí es un conflicto en el que existen derechos legítimos confrontados con un proyecto económico de gran calado, y no una cuestión de mezquindades en la que unos cuantos juegan con las banderas indígenas, y con los derechos y el porvenir de quienes habitan la región en conflicto, únicamente para tratar de sacar alguna ventaja —o de cobrar alguna venganza o deseo de empoderamiento— gracias a la decisión de alimentar la confrontación, entre todos, en esa región.
LA APPO, LA 22 Y TODO…
Algo similar ocurre con el supuesto resurgimiento de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, o con las amenazas de generar inestabilidad, que ha lanzado la Sección 22 del SNTE: de nuevo, el gobierno pierde la batalla de las percepciones. Pues porque aun cuando en esencia no parece existir un riesgo inminente, lo cierto es que en la batalla de lo que se ve, y lo que se aparenta desde fuera, en Oaxaca estamos a punto de una revuelta social, y vivimos bajo los caprichos y el gobierno fáctico de la Asamblea Popular y el magisterio oaxaqueño.
En particular, el tema de la APPO parece rentable en sí mismo. Sólo aquellos que no vivieron en Oaxaca durante el 2006, o que estaban falsamente convencidos de que la vía de la revuelta popular —y no el sistema democrático, por el que finalmente la mayoría de ciudadanos echó al PRI del gobierno de Oaxaca— era la idónea para que las cosas cambiaran, podían estar a favor de las acciones que emprendieron esos grupos durante los años 2006 y siguientes.
Esos eran actos lesivos contra la ciudadanía. Pues finalmente, con sus acciones no lastimaron al gobierno, o a los grandes capitales, o a quienes generan las desigualdades que los maestros o la APPO dicen combatir, sino que el daño fue directamente contra los oaxaqueños. Sin embargo, a pesar de ello hay quienes nunca han dejado de ponderar las “virtudes democráticas” del magisterio o de la comuna oaxaqueña, o que afirman que aquí, o en cualquier otro lugar, esa es una vía idónea para cambiar el estado de cosas, y que por eso su lucha debe ser apoyada y respaldada incondicionalmente.
Sabemos, sin embargo, que nada de eso ocurre en realidad. Que aquí hay una situación de paz, que únicamente se ve trastocada por algunos grupos organizados que cierran calles o bloquean oficial y por el gobierno que lo permite en aras de la “gobernabilidad democrática”. Sin embargo, ante el surgimiento de la percepción, lo que pareciera, reafirmamos, es que estamos en la antesala de una nueva crisis social y ante la revuelta para cambiar el estado de cosas.
CRISIS DE LA LEGALIDAD
A reserva de hablar en otro momento de las policías comunitarias, y el cuestionamiento que generan para el Estado de Derecho y para la gobernabilidad, lo cierto es que el solo surgimiento de una de ellas en la entidad, nos equipara a otros lugares en los que tienen condiciones mucho peores a las de Oaxaca. En amplias zonas de Guerrero o Michoacán no hay ley y por eso surgen esas policías comunitarias. ¿En Oaxaca estamos igual? Pero aquí, la batalla de las percepciones, siempre la pierde quienes tienen el deber no sólo el ser, sino también el parecer.
