+ Normalistas, primeros que la aceptan
Es un avance que el Gobierno del Estado haya logrado alcanzar acuerdo con los estudiantes de las escuelas normales oaxaqueñas para que éstos accedan a nuevas plazas de trabajo a través de concurso y no de contratación automática. Lo es porque aún con todos los aspectos negativos que tiene la enfermiza relación Estado-magisterio, esto significa ya un avance en la aplicación de la naciente reforma educativa. Es mucho lo que está en juego, y por esa razón el Estado debe cuidar todas las formas para evitar —lo creamos o no— que este avance termine en la basura.
En efecto, como un problema tan complejo como el magisterial no es monocromático, desde el inicio debía entenderse que la aplicación de la reforma educativa no debía ser intempestiva, sino más bien de una forma tan gradual que fuera casi imperceptible. Si así se han implementado todas las grandes reformas en nuestro país, esta no podría ser la excepción.
De hecho, decíamos en nuestra entrega del pasado 15 de marzo que, en el marco del diálogo y la democracia, el gobierno debía actuar con sensibilidad política para procurar avenimiento antes que discordancias con todos los actores educativos en Oaxaca. “Quizá —apuntábamos— el gobierno de Oaxaca tenga el deber de graduar la aplicación de las nuevas normas constitucionales para evitar el choque violento entre prácticas de facto y normas recién legisladas, siempre que esto no constituya una agresión frontal al nuevo texto constitucional, y que no ponga en riesgo la relación del Estado oaxaqueño con la Federación”. Hoy, aún con ese primer acuerdo entre el gobierno, los normalistas y la Sección 22, suscribimos esa aseveración. ¿Por qué?
Porque esencialmente, el gobierno de Oaxaca construyó un acuerdo con los normalistas inconformes, para que a cambio de la contratación automática que éstos exigían, accedan a las plazas de trabajo a través de exámenes regionalizados que permitan que la Federación otorgue los recursos para la creación de esas nuevas fuentes de trabajo.
Viendo este acuerdo, es claro que aún cuando no reconoce la intervención ni del gobierno federal ni del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el gobierno y los normalistas sí acordaron dos puntos que son esenciales. El primero de ellos tiene que ver con el otorgamiento de plazas a través de concurso; y el segundo, que esto lo harán para justificar la creación de las nuevas plazas para que, con eso, el gobierno federal le dé cobertura presupuestal al pago del salario de esos nuevos trabajadores de la educación.
Esto es un avance sustancial, aunque ciertamente es insuficiente. Es positivo porque, en el pasado se han otorgado plazas a los normalistas a través del esquema de la contratación automática, sin que para ello existiera mecanismo de control —o filtro alguno— para regular quiénes ingresan al servicio magisterial, y porque también se hacía sin cobertura presupuestal, contribuyendo a incrementar los ya de por sí abultados pasivos económicos del IEEPO.
Sin embargo, es insuficiente porque lo ideal sería que los normalistas se ajustaran ya no digamos que al nuevo contenido de la norma constitucional federal, sino a los esquemas que existían desde los tiempos de la Alianza por la Calidad en la Educación, que ya imponían importantes mecanismos de acceso a plazas y beneficios económicos, pero que nunca fueron reconocidos por la Sección 22, porque según ellos imponía esquemas que caían en la privatización educativa y que no tomaban en consideración las particularidades sociales y educativas de una entidad como la nuestra.
DESCUIDOS POTENCIALES
Sin embargo, el hecho de que este acuerdo constituya un avance de ninguna manera equivale a que el gobierno le pudo ganar una partida completa a los profesores democráticos de la Sección 22, o que a partir de ello éstos acaten por completo los nuevos esquemas federales.
Por ejemplo, los normalistas ya aceptaron un esquema de exámenes regionalizados para acceder a las nuevas plazas de trabajo. Sin embargo, ¿Quién va a aplicar estos exámenes? ¿Quién va a ejecutar la evaluación? Y ¿Quién establecerá los criterios, parámetros, contenidos y alcances de este examen regionalizado? Es muy probable que en el momento de aplicarlo, los profesores democráticos exijan que sea el IEEPO, o una comisión mixta creada entre ellos y el gobierno estatal, quienes implementen el examen, lo califiquen y determinen quién puede acceder a las plazas. Si el gobierno cede en eso, en automático estará echando a la basura el avance de este acuerdo inicial. ¿Por qué?
Porque el IEEPO está en manos de la Sección 22. Porque, además, las comisiones mixtas no son sino una mascarada para esconder el entreguismo oficial que durante años ha habido del gobierno frente a los maestros. Además, porque si los maestros pretenden “evaluar” a los normalistas como lo hacen cuando son estudiantes, entonces el resultado anticipado consistirá en que todos aprobarán el examen con las mejores calificaciones, y que por tanto todos deben tener el derecho de una plaza de trabajo.
Esto último lo afirmamos por lo siguiente: porque quienes conocen los archivos de las escuelas normales, dicen que ahí desde hace años no hay un solo reprobado. Es más, no hay un solo alumno con promedio general de menos de ocho. Pues si un directivo o profesor exige más de la cuenta, o no accede a asentar calificaciones favorables, los normalistas crean conflicto para exigir su destitución. Y lo han hecho docenas de veces.
Por eso la actuación oficial debe ser milimétrica para no dar un paso y terminar retrocediendo dos. Esto es fundamental porque puede ser la punta de lanza de un nuevo marco de entendimiento y, sobre todo, de aplicación de la ley. Descuidar la trascendencia del avance equivaldrá a demostrar que, de nuevo, el poder fáctico de los maestros se impone al mandato de la ley, y que finalmente todo puede deponerse en aras de no quebrantar la ley. Aguas.
UNA BURLA
La del PRI estatal con sus “anuncios previos” de quiénes serán sus candidatos a diputados. Revelan sólo una cosa: que ahí tienen todo tan revuelto, y tan desordenado, que ha sido imposible que resuelvan una cuestión como las precandidaturas. Mientras, la Coalición se ríe de ellos y están metidos de lleno en la precampaña. El partidazo sigue dando muestras de estar reducido, literalmente, a su mínima expresión.
