Transporte, lo que importa son los usuarios

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Gobierno y Congreso deben dejar el silencio

No sorprende que ante la necesidad de respuestas, y la abundancia de resistencias, las soluciones a los múltiples problemas del transporte público en Oaxaca sigan estancadas y más enredadas que nunca. No sorprende, a pesar de que quienes se quedan en medio de todo son (somos) los usuarios, que seguimos recibiendo un servicio caro, riesgoso y de mala calidad. Nunca debemos perder de vista que más allá de los problemas y sus causantes, quienes importan son los ciudadanos, a quienes nadie les ha dado el respeto y las respuestas que merecen.
En efecto, hace unos días se cumplió el plazo que habían pactado el Gobierno del Estado y las diferentes organizaciones de transportistas, para comenzar a cumplir los acuerdos establecidos en una minuta a cambio de las cuales la Secretaría de Vialidad les autorizó un incremento de cincuenta centavos al costo del pasaje. Para nadie era una novedad que en esa minuta se estableciera el deber de los concesionarios de renovar la flota vehicular, capacitar a los conductores, contar con el seguro del usuario, y una larga lista de temas que son exactamente los mismos que sirven para justificar todos los incrementos a la tarifa, pero que nunca se cumplen a favor de los usuarios.
La diferencia entre este último incremento y todos los anteriores, es que en este caso la Sevitra dio un paso más al frente y anunció la entrega al Congreso local, de una iniciativa que contenía el proyecto de Ley de Transporte, a través del cual se daría cumplimiento no sólo a los acuerdos recién firmados, sino que además tendría la capacidad de regular, con soluciones actuales, todos los temas del transporte que hoy, por no contar con una ley que prevea supuestos existentes en la realidad, están en el vacío jurídico y, por tanto, en la anarquía.
El problema es que ahí se atoró todo. Por distintas razones, los diputados no están interesados en entrar al análisis de una ley como esa. Muchos de ellos, están más preocupados por sus proyectos personales o el aseguramiento de su futuro político a través de nuevos cargos, y otros simplemente no ven importante el problema. Pero lo más lamentable, es que en el mismo gobierno estatal no ven ese asunto como prioritario. Por eso, hasta hoy nadie en el gobierno le ha dado el impulso que necesita esa iniciativa para impulsar a los diputados a que discutan y, en su caso, aprueben esa iniciativa.
¿Qué está pasando ante este nuevo vacío? Que por la sola falta de una ley, los acuerdos se hacen imposibles de cumplir. La Sevitra dice estar atorada en ese paso intermedio. Los diputados no han hecho una sola manifestación respecto a si discutirán o no, y cuándo, tanto la iniciativa de Sevitra como otras que desde antes ya habían sido presentadas. Y mientras los concesionarios están preparándose no para cumplir cuando menos parcialmente el contenido de los acuerdos tomados en enero, sino para generar resistencia en contra de cualquier intento de que se discuta la nueva Ley de Transporte que termine perjudicando sus intereses.
Este es, para los usuarios, el peor escenario. La autoridad se quedó en medio de un asunto en el que no tiene el control total. Los diputados están abstraídos. Y quienes debían cumplir están haciendo todo, a la vista de todos, para no hacerlo. Y mientras, la tarifa no tiene posibilidad de regreso, ante el incumplimiento. ¿Podríamos pensar en un escenario todavía peor?

ANARQUÍA Y ABUSOS
Históricamente, los concesionarios del transporte urbano y suburbano se han quejado de las difíciles condiciones en las que prestan ese servicio. Una y otra vez dicen que el precio que paga el usuario por el servicio no alcanza a cubrir el alto costo de los insumos, refacciones y combustibles, además de todo el personal que se encuentra alrededor del funcionamiento de los autobuses. Siempre se han quejado de eso, aunque hasta ahora en Oaxaca no existe un solo concesionario, uno solo, que no tenga una capacidad económica personal envidiable frente a otros que realizan actividades similares.
¿Es posible pensar en empresas pobres con empresarios ricos? Evidentemente no. En este caso, lo que ha ocurrido es que, desde hace mucho tiempo, el servicio se ha visto deprimido en aras de sostener el margen de ganancias de los dueños de las unidades. En razón de eso, los concesionarios han sido los primeros que se han resistido a que la antiquísima Ley de Tránsito Reformada sufra nuevas modificaciones, para regular con mayor certidumbre la actividad y la situación jurídica del servicio que prestan. A nadie más que a ellos, le convienen las lagunas legales y la anarquía que impera en ese sector. ¿Por qué?
Porque con el solo hecho de que la ley regule a un transporte urbano de hace tres o cuatro décadas, y no el actual, les permite prestar un servicio de pésima calidad en toda la extensión de la palabra. Nada los obliga ni siquiera las minutas y los acuerdos que recurrentemente firma con la autoridad a cumplir con un mejor servicio porque esa noción del mejor servicio no está contemplada en la ley. Lo mismo ocurre con los mecanismos que tiene el gobierno para hacer valer su figura de autoridad. Si la ley no los obliga a nada, y tampoco le da al Estado las herramientas para asumirse como regulador y no sólo como un observador, entonces lo que queda es el tipo de servicio que se presta actualmente.
Tristemente, en ese escenario, el único que se queda indefenso, es el usuario. Éste tiene que soportar la codicia de los concesionarios y el mal servicio que ellos mismos han procurado. Debe también soportar las incapacidades continuadas del gobierno para asumirse como autoridad y ya no como protector de los concesionarios. Y por si eso no fuera suficiente debe pagar los costos de la indolencia del Poder Legislativo, que simplemente porque no quiere, o porque no le conviene al proyecto personal de los diputados, dice no a cualquier posibilidad de discutir y legislar lo relativo a este tema.
Todos debían tener en cuenta que finalmente, todo impacta en quienes usan las viejas, sucias y peligrosas unidades de transporte, que son los mismos que votan mayoritariamente en todas las elecciones. No lo olviden.

¿NO SE VAN?
¿Cómo harán para que alguien crea que las empresas eólicas no se irán de la entidad, cuando hasta hoy ni el gobierno estatal, ni el federal, han sido capaces de resolver el tema de Mareña? Es lo primero que debían contestar aquellos que prevén más inversiones, pero no pueden ni aterrizar las que ya están listas para asentarse en Oaxaca.

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