Servicios financieros: ¿quién sí nos protege?

+ Que Condusef sea más que órgano de adorno

 

Es del dominio público el sinfín de fraudes y abusos que cometen las instituciones bancarias en contra de sus usuarios. Lo es también que éstos se encuentran prácticamente indefensos ante la maraña de trámites y burocratismo que hoy subsiste en la banca privada. Y aunque dicen que el sistema bancario mexicano es digno de ser presumido a nivel internacional, lo cierto es que esa eficiencia no se refleja en el servicio que reciben los usuarios. Y el blanco de esas arbitrariedades puede ser usted, algún familiar o prácticamente cualquier persona, a través de los llamados delitos cibernéticos o de los abusos de los mismos empleados de las instituciones bancarias.

En efecto, a esta columna han llegado diversas quejas en contra de instituciones bancarias por los abusos que cometen aquí mismo en Oaxaca, en contra de sus usuarios. Desde quien pierde su dinero por la clonación de una tarjeta de crédito, hasta casos tan patéticos como que los mismos empleados de una institución bancaria se coluden para cometer un fraude, y condenar a usuarios cumplidos a pagar deudas que no contrajeron y, mientras se defienden, a la tumba financiera que constituye el Buró de Crédito.

Los casos de clonación de tarjetas de crédito o débito se dan todos los días. Esta es hoy una de las formas más “sencillas” de fraude al sistema bancario que muchas veces cometen particulares valiéndose de diversos artilugios y tecnología para copiar los datos esenciales de una tarjeta de crédito y utilizar con ellos los fondos económicos de que ésta dispone. En otros casos, el fraude se comete desde la banca electrónica de las instituciones bancarias, a las que a través de hackers especializados llegan hasta las cuentas de los particulares y desde ahí drenan sus ahorros, el crédito disponible, u ocupan las líneas de crédito que se encuentran listas para ser autorizadas y utilizadas.

Cuando eso ocurre, el particular tiene algunas posibilidades de recuperar el dinero que le  arrebataron los ladrones cibernéticos. Desde hace algunos años, incluso, diversas instituciones bancarias implementaron esquemas de blindaje en contra de las deudas indebidas que se generan por la clonación de tarjetas bancarias, y también por los delitos que se cometen al vulnerar los sistemas de seguridad de los sistemas electrónicos de las instituciones bancarias. ¿Pero qué pasa cuando el fraude no es cometido por gente escudada tras una computadora o una “terminal punto de venta” falsa, sino por los propios empleados de una sucursal bancaria?

Esto ocurre aquí en Oaxaca, en pleno año 2013, y a pesar de los sistemas de seguridad que implementa la banca y de las formas de revisión que —se supone— también fueron puestos en marcha por instancias oficiales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para evitar delitos que incluso llegan al lavado de dinero y otras formas de defraudación no sólo a los particulares, sino también al sistema bancario y al fisco.

Eso fue lo que le ocurre ahora mismo a una persona conocida del autor de este espacio, a quien misteriosamente le fue otorgada una tarjeta de crédito que nunca solicitó. El fraude comenzó ahí, pues la institución bancaria (Banco Santander de México, S.A.) registró que esa persona sí había recibido el plástico en su domicilio —que, según está ya comprobado, no es el mismo que el que ha tenido registrado siempre, pero que sí les sirvió, previo comprobante del mismo, para rellenar la solicitud y recibir el plástico— y que había usado la línea de crédito otorgada (superior a los 50 mil pesos, dado el buen historial crediticio del que se valieron para obtenerla) hasta ser agotado.

De ahí en adelante, esas manos extrañas que consiguieron la autorización de la tarjeta de crédito, que la recibieron y que la utilizaron, comenzaron a desviar los pagos que en realidad sí realizaba la usuaria defraudada, a una cuenta que hasta el momento el banco no ha podido clarificar. En esas condiciones, los abonos mensuales que la afectada realizaba a sus tarjetas bancarias quedaron “extraviados”; y mientras eso pasaba, ya había caído al Buró de Crédito por el mal uso que se le dio a la tarjeta de crédito que fue emitida a su nombre pero que —por lo intrincado del método— la utilizaron vivales de la misma institución bancaria.

 

DAÑO IMPUNE

¿El resultado? Una deuda de casi cien mil pesos que le vino de la nada a la afectada. Y un reporte ineludible en el Buró de Crédito que truncó proyectos educativos, que puso en riesgo la salud de los afectados —por perder su seguro médico privado y por la preocupación y el pesar que les causa este asunto— y por el que finalmente no han tenido una oportunidad adecuada de defensa dada la colusión de quienes sostienen el sistema bancario en México.

Estas conductas se cometen porque desgraciadamente no hay controles de calidad en el servicio concesionado que prestan los bancos. La legislación que protege los derechos de los usuarios de los servicios bancarios es letra muerta. No se aplica en el país y las instituciones gubernamentales encargadas de proteger estos derechos, son elefantes blancos que duermen el sueño de los justos que no velan por los intereses de los usuarios bancarios y menos los protegen, por los compromisos que adquieren con los monopolios bancarios.

Esto da origen a que, por ejemplo, en las delegaciones de Condusef se coloquen servidores a modo que no sancionan los abusos y fraudes con las multas correspondientes, que sí debieran imponer para frenar estas conductas abusivas y delictivas. Es una abominable que se violen los derechos fundamentales de los usuarios de servicios bancarios en esta forma en el país, y en especial en Oaxaca. Y que a pesar de lo claras de las evidencias, la defensa sea una fantasía, y que finalmente no pase nada.

 

FRENAR LOS ABUSOS

Es cierto que este no es un tema relacionado con la vida política de Oaxaca, pero sí, y claramente, con el interés de todos los que de una u otra forma somos usuarios de los servicios financieros. Por eso, este es también un tema urgente que las instituciones gubernamentales competentes, federales, deben atender con la seriedad que se requiere para frenar los abusos y fraudes de las instituciones bancarias, y de verdad perseguir a los malos empleados de esas instituciones que se provechan de la información que manejan para sorprender a los usuarios. Nada de esto debemos callárnoslo. Hacerlo es convalidar una práctica abusiva e ilegal que, de seguir así, nunca tendrán fin.