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+ Apretar reformas constitucionales, y después…
Visto en el mismo contexto, la estrategia del gobierno federal respecto a las reformas estructurales es clara, aunque peligrosa: en esta primera etapa de la administración, está apostando a sacar adelante todas las reformas constitucionales que pueda, para después menguar la presión —en todos los sentidos— en la discusión de la nueva legislación secundaria de las reformas constitucionales. Eso pasó con la reforma educativa, y es el camino que hoy se ve que se sigue en el tema de telecomunicaciones y las demás reformas que se han logrado. Para no variar, esa sería la misma ruta con la reforma petrolera. Sólo que la realidad es mucho más que números y votos en el Congreso.
En efecto, la semana pasada apuntábamos en este espacio que es muy posible que en la agenda de trabajo del periodo extraordinario que realizará el Congreso de la Unión a finales del presente mes, se incluya la presentación de la propuesta federal de la legislación que reglamente la reforma a los artículos 3 y 73 en materia educativa. Hasta el momento, no está firme la agenda legislativa del periodo extraordinario, y mucho menos hay claridad sobre el contenido de esas nuevas leyes. Sólo que nadie se cuestiona algo al respecto, porque todos parecen estar metidos en la dinámica del shock por la presentación de la iniciativa energética.
Esta distracción es nociva para la salud nacional. Es cierto que la reforma constitucional en materia educativa estableció los nuevos parámetros de evaluación y permanencia del profesorado, así como de los criterios de otorgamiento de las plazas docentes. Sí. Pero eso fue tan importante, como hoy lo es saber cuáles serán las reglas concretas que regirán cada uno de los temas establecidos en la Constitución en materia educativa. Y mientras muchos se encuentran distraídos en otros temas, el Ejecutivo parece estar teniendo puerto libre para presentar su propuesta de reforma y apostar a que la mayoría simple le permita sacar una legislación secundaria ad hoc a los intereses gubernamentales.
En ese sentido, es posible que en el tema educativo el gobierno federal tenga la ventaja que seguramente no tendrá en el tema energético. ¿Por qué? Porque en el sector educativo, el gobierno del presidente Peña jugó con ventaja al primero desarticular el liderazgo de la profesora Elba Esther Gordillo al frente del SNTE (que es el grupo mayoritario de profesores en el país) y neutralizar a la nueva dirigencia. En esas condiciones, la inconformidad de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, es menor frente a quienes no protestaron por la reforma constitucional en materia educativa.
Hoy, de nuevo, el Presidente juega con ventaja en ese tema, debido a que la atención nacional está puesta en la reforma energética y en las reacciones que ésta ha generado. Es muy posible que en ese marco de poca atención al tema educativo, y con la ventaja de no contemplar inconformidades mayores del magisterio nacional (salvo el corredor del sureste del país), pueda sacar sin problemas la legislación secundaria en la materia, y que con eso afirme que se concluyó el proceso legislativo de modernización del sector educativo, para dar paso finalmente a la implementación de las nuevas reglas en materia educativa, y dejar en el ámbito administrativo esa reforma ya concluida.
EL PETRÓLEO NO ES EL SNTE
Sin embargo, el impacto de la reforma en materia de energéticos es distinto. El presidente Peña Nieto, de nuevo le apostó al gran paso de sólo abrir los candados indispensables en el ámbito constitucional, para después dejarle la tarea de la reglamentación a una votación legislativa con menor grado de complejidad. Esto, sin embargo, es muy relativo.
Nos explicamos en lo relativo a las votaciones: en México tenemos una Constitución rígida. Es decir, que para realizar reformas a la Constitución, el propio Texto Fundamental establece un procedimiento especial, más complejo que el de una reforma a leyes ordinarias (que sólo requieren la mitad más uno de los votos en cada cámara), para conseguirlo. Así, para poder reformar o adicionar la Constitución, es necesaria la anuencia de dos terceras partes de los individuos presentes al momento de la votación en cada una de las Cámaras federales; y después, es necesaria la aprobación de la mitad más uno de las Legislaturas locales.
¿A qué viene todo esto? A que, en este caso, el presidente Peña Nieto está utilizando de nuevo toda su legitimidad política del arranque de la administración, y los instrumentos (como el Pacto por México) que creó para facilitar el tránsito de las reformas estructurales, para sacar adelante las reformas constitucionales. Para éstas sí necesita de la participación de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso, que sólo juntas alcanzan a superar el margen de votación que establece la propia Constitución para ser reformada. De nuevo, está dejando para luego la presentación de la legislación secundaria, dado que ésta representa un problema legislativo mucho menos complejo que el de las reformas constitucionales.
Esto, debido a que, en la Cámara baja, el PRI tiene 213 diputados. Por eso, para sacar adelante una reforma legal, sólo necesita 251 votos y eso los consigue gracias a su alianza con el Partido Verde y el Panal (que tienen, respectivamente, 28 y 10 diputados). En el Senado, el PRI tiene 54 senadores, y sólo necesita 11 votos más para concretar la mayoría simple.
Quizá por eso (por la facilidad de concretar reformas legales frente a la complejidad de las constitucionales), el gobierno federal está apostando a lanzarse fuerte por las reformas constitucionales, para después allanar el camino y “componer” sus proyectos en la reglamentación secundaria, ya teniendo a su favor la despresurización social que genera haber desfogado todo en la discusión constitucional, y el poco interés —relativo— que se le pone a las reformas secundarias. Esa es la ruta. Quién sabe si funcione para la reforma energética.
PAÍS, ¿EN LLAMAS?
No hay que dejar de ver la parte social. El tema petrolero, como lo apuntábamos, es un tema no sólo económico, sino de orgullo e identidad nacional. ¿El gobierno federal ya calculó el efecto social, adverso, que puede tener el intentar llevar a cabo un plan sin atender la despresurización de la efervescencia social? Esta situación es por demás compleja. Pero es tan real, como el hecho de que, por la reforma petrolera, pronto veremos manifestaciones que ni en sueños veríamos por la reforma educativa.
