Comisión de la Verdad: ¿hay convicción?

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+ Efecto contrario: ¿Y las “instituciones”?

La LXI Legislatura local aprobó la noche del miércoles un decreto que contiene la Ley que crea la Comisión de la Verdad para investigar “los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007”. Más allá de la pose y la apariencia de justicia que trae aparejado dicho decreto, lo que queda claro es que con esa decisión los diputados demuestran ser los primeros que no creen en las instituciones del Estado (que están en manos de los mismos partidos que ellos representan), pero además que seguramente no le tendrán miedo a que se conozca la verdad sobre los hechos y momentos que pretenden indagar. ¿Será?
En efecto, desde que hace años comenzó a hablarse de la posible creación de una comisión de la verdad respecto a los hechos relacionados con el conflicto magisterial, en este espacio hemos sostenido que una decisión de ese tipo, en manos del Gobierno del Estado, del Congreso, o de organizaciones civiles de verdad comprometidas con el esclarecimiento de los posibles crímenes cometidos durante ese periodo, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?
Según lo que se informó respecto a la decisión de la LXI Legislatura, la integración de esta comisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”. Sin embargo, queda claro que una Comisión de la Verdad tiene funciones que rebasan la posibilidad de perseguir ex profeso a ciertos personajes, y que en el fondo tiene como objetivo esclarecer todo un conjunto de hechos relacionados con un periodo de tiempo y un espacio específico.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan, con razón, que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.
A partir de este punto es donde la creación de una Comisión de la Verdad comienza a tener cierto aspecto complejo en el caso de Oaxaca. Pues queda claro que al margen de las visiones cargadas de parcialidad (incluso las que impulsaron esta decisión) el conflicto magisterial no fue sólo un conjunto de ataques por parte del Estado en contra de un grupo de manifestantes, sino que este fue un conjunto de hechos en los que la sociedad (no sólo el magisterio, no sólo el Estado) fue la que se quedó en medio de un conjunto de ataques recíprocos entre unos y otros.
Específicamente, si una de las razones esenciales de la creación de una Comisión de la Verdad radica en que la sociedad afectada “conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos”, ¿los participantes de ese conflicto desde el sector de las organizaciones inconformes, estarán dispuestos a reconocer su parte de responsabilidad en toda la cadena de hechos que ocurrieron en ese momento?
Pues si hay disposición y plenas garantías para una investigación de verdad seria, el resultado sería altamente positivo. Pero si todo esto es –como lo decía ayer Juan Diego en este diario- una simple faramalla para cumplir una pose política, entonces la LXI Legislatura estará desperdiciando, formalmente, una oportunidad –esta sí- histórica para conocer la verdad sobre todos los hechos relacionados con el conflicto magisterial.

CLAUDICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
La creación de una Comisión de la Verdad únicamente se da en circunstancias excepcionales, en los que se determina con toda firmeza que las instituciones del Estado no son capaces de investigar ciertos hechos, y en los que más que el castigo, lo que se busca el conocimiento de la verdad (no son lo mismo castigo y esclarecimiento) sobre un periodo de tiempo en específico.
Frente a esto, cabe la pregunta: ¿si el Gobierno del Estado creó hace dos años una fiscalía especializada en la investigación de hechos ocurridos en el pasado, la creación de esta Comisión es en cierta medida la aceptación tácita y expresa del régimen actual (el grupo gobernante, los partidos que son sus aliados, etcétera) de que sus propias instituciones no pueden llegar a ningún resultado y que por eso se deben tomar provisiones excepcionales para llegar a un resultado concreto?
Esto, lejos de aparentar un avance democrático, lo que refleja son evidentes signos de alarma sobre la poca atención que el régimen le pone a los temas sustantivos (el funcionamiento de las instituciones, por ejemplo) y le dedica tiempo, recursos y capital político a la creación de figuras de poca utilidad, pero de mucha pose, que en realidad no dan ninguna certeza (y sí generan muchas dudas) de que contribuirán a conocer la verdad y a estimular la justicia en hechos sobre los cuales, ciertamente, aún faltan muchos detalles por conocerse. Esto es, pues, la consolidación del desperdicio de una oportunidad que sí es histórica.

URO, SIN ALIADOS
Esta Comisión se creó sin el aval de la bancada del PRI. Era intención de la mayoría coalicionista, crearla desde hace mucho tiempo. Los aliados del ex gobernador Ulises Ruiz frenaban los intentos. Esos aliados, queda claro, ya no existen. Por eso se quedó solo.

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