+ Búsqueda y desaparición, responsabilidad de Estado
A lo largo de los últimos días, diversos medios informativos de la capital del país han dado a conocer que el pasado 19 de junio de 2014, el Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen donde pide al Ministerio Público, a la Secretaría de la Defensa, a la Procuraduría General de la República, entre otros, iniciar la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, activistas del Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, aún en el contexto del conflicto magisterial del año previo. Estos hechos constituyen una responsabilidad de Estado, de la que el Gobierno del Estado no debía ser ni ajeno ni indiferente. Razones para afirmarlo hay en abundancia.
En efecto, en el caso de la detención-desaparición de estos dos militantes eperristas existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.
En ese sentido, el eperrismo denunció la desaparición de sus militantes, apenas unos días después de que ocurrió su detención. Lo hizo luego de poner en marcha sus mecanismos de verificación y de consultar a las comandancias regionales del EPR sobre la posibilidad de que tuvieran noticias de ellos. Fue entonces que aceptaron públicamente la participación de los dos desaparecidos en el conflicto magisterial. Y fueron enfáticos, desde el principio, en acusar tanto al gobierno del Estado de Oaxaca, como al federal, de haber participado, en una especie de “colaboración”, en la detención-desaparición de sus militantes.
Luego vinieron los actos de sabotaje, que en el segundo semestre de 2007 lanzaron en contra de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. Ante la respuesta gubernamental de que los buscarían y detendrían, el EPR propuso una tregua unilateral que permitiera abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal. Éste aceptó, pero reiteradamente dio largas al asunto. Mientras tanto, en Oaxaca había una atención distante del asunto y finalmente ni siquiera el cambio de partidos en el poder fue suficiente para que el gobierno estatal asumiera una actitud distinta frente al problema.
Hoy han pasado ya más de siete años de la detención-desaparición de esos dos milicianos, y llama la atención que ninguno de los dos ámbitos de gobierno parezca no terminar de entender dos circunstancias que son fundamentales en este tema: primera, que la detención y desaparición de esas dos personas está más documentada de lo que parece, sin que hasta el momento haya una conclusión concreta por parte del Estado sobre qué pasó con ellos, quién es el responsable directo de esos hechos, y qué grado de responsabilidad indirecta tiene México como Estado al promover, tolerar u omitir investigar esos hechos.
Y segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, el EPR no ha vuelto a optar ni por la violencia ni por el sabotaje. ¿Por qué? Porque parece claro que ese grupo tiene una estrategia perfectamente delineada, que hoy en día lo que busca es que por medio de la denuncia este asunto continúe vigente, y al final eso termine impactando en la forma en cómo la comunidad internacional ve a México (que se quiere asumir como una nación democrática) frente a hechos incalificables como el permitir, tolerar o promover la detención arbitraria, y la desaparición forzada de personas.
LA LUCHA POLÍTICA
El EPR es uno de esos grupos que en México lucha contra el poder. No es una lucha por el poder, porque ellos no quieren arrebatarle el gobierno a los partidos o al Presidente, ni convertirse en una fuerza de oposición institucional, sino lo que pretenden es destruir el poder actual para erigir uno nuevo, sobre bases políticas, ideológicas y sociales distintas a las actuales. Sin embargo, esa pretensión de fondo no parece distanciarlos de otras intenciones menos elevadas que hoy en día están plenamente vigentes, y que delinearon desde hace mucho tiempo respecto a sus dos militantes desaparecidos. ¿De qué hablamos?
De que ellos saben que el único camino posible en este caso es la denuncia reiterada. Saben que la posibilidad de encontrar vivos a sus compañeros es cada vez menor, pero también parece quedarles claro que ante lo irremediable de esos hechos lo menos que pueden hacer es permitir que el tema se olvide, o que se quede archivado en los expedientes de la burocracia. Por eso no es raro que todas las personas que desde la vida pública están encargadas de la defensa de los familiares de los desaparecidos, insistan en continuar actuando frente a las autoridades judiciales, para que una vez agotados todos los procedimientos vayan ante las instancias continentales en materia de derechos humanos.
Así, el camino que seguirá este asunto es que llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después irá a la Corte Interamericana. Ahí resultarán las responsabilidades que hasta ahora el gobierno federal y el local han querido evadir, y finalmente el Estado Mexicano se verá obligado a enfrentar este tema, que hasta ahora ha intentado ser minimizado por los gobernantes en turno.
¿Y OAXACA?
Eso es lo que también vale preguntar: ¿En los hechos, y frente a un caso como éste, qué ha hecho el gobierno oaxaqueño para contribuir al esclarecimiento de ese asunto? no hay visos de que tenga interés en el tema, o de que tenga elementos para aportar, a pesar de que son regímenes distintos, emanados de fuerzas políticas contrarias, y de que muchos de los aliados del actual régimen fueron perseguidos por el priismo. Llama la atención que aún con eso simplemente no pase nada.
