Atención, intrascendente para autoridades locales
La crisis humanitaria que hoy viven los Estados Unidos en su frontera sur, con los miles de niños migrantes que han llegado en los últimos meses, no tiene precedentes. El arribo masivo de menores de edad que viajan solos desde países centroamericanos —particularmente de Honduras— obligó al gobierno estadounidense a reconocer la magnitud del problema de la migración, y a emprender acciones urgentes para atender la contingencia, aún con todos los fallos y asegunes de los que nos hemos ido enterando en los últimos días. Frente a esto sigue vigente una pregunta: ¿Qué hemos hecho en Oaxaca, y en el país, para atender las distintas facetas de este mismo problema?
En efecto, en México hemos vivido en una evidente —e incómoda— doble moral con el tema migratorio. Pues por un lado, por lo menos desde hace dos décadas los mexicanos hemos sostenido una exigencia permanente al gobierno de Estados Unidos para que garantice los derechos de los migrantes mexicanos que se encuentran de manera ilegal en la Unión Americana, y ha también presionado para que se lleve a cabo una reforma migratoria que beneficie a nuestros paisanos que son fuerza de trabajo vital para aquel país, pero que tienen negados la gran mayoría de sus derechos debido a la forma irregular en que se internaron en aquel país.
En la otra cara de la moneda, los mexicanos hemos vivido en la negación total de lo que pasa con los otros migrantes. Es decir, con los centroamericanos que también quieren llegar a los Estados Unidos, pero que dada su situación de pobreza y desventaja social, no tienen ninguna posibilidad de arribar a nuestro país, y cruzarlo, dentro de los cauces legales, para luego tratar de atravesar la frontera de México con Estados Unidos ya de forma ilegal.
Como no tienen esa posibilidad, y muchos de ellos tampoco tienen la noción de que al menos llegar a México con documentos y viajar legalmente por nuestro país (tomando en cuenta que todas las naciones latinoamericanas tienen reglas migratorias muy sencillas entre sí) les evitaría la gran mayoría de los suplicios que padecen en su paso por México, la gran mayoría de ellos decide viajar desde sus lugares de origen de manera ilegal, y llegar a México en esa situación, para luego optar por hacer un peligrosísimo viaje en tren para tratar de alcanzar la frontera con la Unión Americana.
En ese sentido, innumerables testimonios de centroamericanos que cruzan por México para llegar a los Estados Unidos, coinciden en el que el paso por nuestro país es un auténtico infierno. Aquí, los centroamericanos son objeto de robos, tráfico, agresiones, secuestro, extorsiones y todo tipo de abusos físicos y sexuales. Ellos, por su estado de necesidad, deciden enfrentar los riesgos. Pero el flujo continuo de centroamericanos hacia nuestro país no significa ni que el gobierno mexicano deba desentenderse del hecho, y mucho menos que deba seguir negándose a ponderar la necesidad urgente de brindarles protección, independientemente de su calidad migratoria.
Y es que resulta que aquí en México —y en Oaxaca— la crisis humanitaria por los transmigrantes ilegales tiene años de existir, sin que hasta ahora haya autoridades de los tres ámbitos de gobierno verdaderamente preocupadas y decididas a atender esta otra faceta de la crisis que hoy viven los estadounidenses, pero que aquí lleva diez o veinte años ocurriendo de forma permanente.
Pues a nuestro país todos los días llegan miles de centroamericanos hambrientos, mancillados o abusados, pero con la firme convicción de continuar el viaje. Aquí siguen ocurriendo todas las atrocidades que ya conocemos, y que muchas veces realizan las propias autoridades relacionadas —incluso marginalmente— con los transmigrantes. Muchos se quedan en el camino por las vejaciones sufridas, otros por accidentes, y muchísimos más porque simplemente se quedan sin recursos para continuar el viaje. ¿Qué autoridad, y cómo, en nuestro país, ha reconocido el problema, y ha comenzado a tomar medidas efectivas para aliviar este problema?
Hasta hoy, ninguna.
CRISIS PERMANENTE
Pensemos: ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos, un grupo de criminales hubiera ejecutado a 70 inmigrantes ilegales mexicanos, del modo en que hace unos años ocurrió en nuestro país? ¿Qué habría pasado si allá hubieran ocurrido, en un lapso de seis meses, más de doscientos secuestros masivos (es decir, de más de cincuenta personas por evento) de inmigrantes?
¿Qué tipo de protesta y escándalo internacional ocurriría, si se comprobara que los agentes migratorios estadounidenses violan y secuestran masivamente a los ilegales atrapados en sus redadas, con el objeto de convertir a las mujeres en prostitutas, a los hombres en criminales, o para lograr obtener la información para que los familiares de unos y otros pagaran rescates en Estados Unidos o México? ¿Qué pasaría?
Todo ese infierno, del que por momentos pareciera que no tomamos dimensión, es exactamente el que ocurre en nuestro país. Nosotros exigimos todo para nuestros paisanos a los estadounidenses, pero procuramos lo peor para quienes siguen la misma ruta, sólo que provienen desde el sur de nuestro país. Pues resulta que cuando se trata de criticar al de enfrente, nos asumimos con toda la calidad moral del mundo; pero cuando se trata de reconocer el infierno que se ha creado para los migrantes aquí en México por la misma responsabilidad del gobierno y los criminales, entonces sí decidimos minimizar todo y hacer como que los señalamientos son una exageración.
El gobierno de México debería estar preocupado, y ocupado, en garantizar la integridad de los migrantes centroamericanos, por la sola razón de que éstos son personas. El hecho de que sean migrantes ilegales, no les mengua en ningún sentido sus derechos y garantías fundamentales, que deberían ser respetadas y garantizadas independientemente de su estatus. Aquí, erróneamente, el gobierno se niega a hacerse cargo de la seguridad de los mismos, aduciendo que lo que debe hacer es atraparlos y deportarlos, o de lo contrario que éstos atraviesen por su propio riesgo el azaroso camino hacia la frontera norte.
¿Y EL ISTMO?
Las dos zonas más peligrosas de la ruta del migrante eran, hasta hace muy poco tiempo, el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y Medias Aguas, en Veracruz. ¿Qué ha pasado en nuestro estado? La realidad es que las autoridades municipales y estatales de Oaxaca han tenido una voluntad muy tenue para atender la parte del asunto que les corresponde.
