+ Daños a la educación, vigentes; el medio, erróneo
Dice la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —disidente del magisterio democrático de la 22— que en breve iniciarán una caravana motorizada rumbo a Costa Rica, para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las violaciones al derecho a la educación que comete el Estado en contra de sus alumnos al negarle la documentación oficial que acredite sus estudios, y las transgresiones a sus derechos como trabajadores. Qué bueno que la disidencia tenga ganas de denunciar los abusos que cometen el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 en contra de la educación y de ellos. Qué mal que intenten hacerlo por la vía equivocada.
En efecto, todos en Oaxaca sabemos que sobre el gobierno y el sindicato magisterial pesa una enorme responsabilidad por el daño al derecho a la educación de los niños, y los derechos laborales de los trabajadores afiliados a la Sección 59. En el caso de los educandos que asisten a instituciones públicas, el daño es evidente: cada año en Oaxaca se pierden por lo menos cuarenta días efectivos de clase, los cuales constituyen una quinta parte del total de días de instrucción que marca el calendario oficial de la SEP. Todo lo anterior, sin contar con la deficiencia educativa, el escalonamiento de clases, la falta de preparación —comprobable— de muchísimos profesores y el pésimo ejemplo de comportamiento público que ellos le dan cotidianamente a sus alumnos, cuando emprenden sus jornadas de lucha.
En ese mismo sentido, todos conocemos los quebrantos que conjuntamente cometen el gobierno y la Sección 22 del SNTE, en contra de sus disidentes. Para nadie es un secreto que desde la administración del gobernador Ulises Ruiz, el IEEPO se vio presionado a nunca darle reconocimiento ni interlocución a la 59, a pesar de ser una facción reconocida en Oaxaca por la dirigencia nacional del SNTE, y a no prestarle ningún tipo de apoyo en sus labores educativas. La razón es evidente: la 22 tiene el control casi total del instituto educativo, y además ejerce presión política permanente sobre el gobierno para que no entable diálogo con sus opositores.
Así, los profesores de la Sección 59 han vivido marginados y relegados de los beneficios económicos y de condiciones de trabajo que los integrantes de la 22 tienen a manos llenas. Y no sólo eso, en un acto de colusión obligada, el gobierno de Oaxaca ha venido obligando a los padres de familia de centros escolares en poder de la 59, a que renieguen de esos profesores que no hacen paros ni abandonan a sus alumnos, a cambio de que ellos les entreguen la documentación oficial que acredita la instrucción de sus hijos. Así, para “regularizar” un centro escolar en poder de la 59, ésta debe entregarla sin condiciones a la 22, afiliarse forzadamente a ella, y aceptar sus condiciones sin posibilidad de reniego.
Todo ello constituye violaciones evidentes a derechos fundamentales. En el caso del derecho a la educación, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que de conformidad con los artículos 3 y 4 constitucionales, constituye un derecho fundamental de los gobernados, recibir la educación en las instituciones que autorice la ley. Y ha dicho que los Tratados Internacionales consagran el derecho a la educación como interés supremo el del menor, así como la obligación de dar un trato digno y sin discriminación por maestros, escuelas e instituciones similares.
Y en el caso de los maestros afiliados a la 59, las violaciones a sus derechos son evidentes: si ellos están legalmente contratados para prestar la función docente, tienen derecho a recibir un salario justo y a tiempo; tienen también derecho de ejercer libremente su derecho al trabajo, sin presiones ni condicionamientos no establecidos en una norma. Y, en el caso de su filiación sindical, ellos tienen el pleno derecho de no ser presionados ni coaccionados para hacerse parte, o dejar de pertenecer, a un sindicato. Ello viola sus derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, pero sobre todo lo dispuesto en el artículo 9, respecto a la libertad de asociación, siempre que sea con un fin lícito, como lo es la conformación de un sindicato.
LAS EQUIVOCACIONES
Si la violación a todo ese conjunto de derechos es tan evidente, y en todos el Estado tiene responsabilidad, ¿entonces por qué la intención de la 59 es loable pero equivocada? Por una razón simple: en nuestro continente, el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, tiene reglas específicas de funcionamiento, que deben seguirse de forma general para evitar equivocaciones y que, con ellas, la violación a derechos fundamentales se consolide.
¿De qué hablamos? De que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece los mecanismos de acceso al sistema interamericano de justicia en relación con los derechos fundamentales. Específicamente, la Convención —también conocida como Pacto de San José— dispone que para que la Corte Interamericana pueda conocer de cualquier caso relacionado con violaciones a derechos humanos “es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50”.
¿Qué dicen esos tres artículos? En esencia, que todo asunto que llegue a la Corte Interamericana debe haber sido conocido previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien es la facultada para someter al conocimiento de la Corte un asunto del que ya conoció previamente y sobre el cual emitió una recomendación sin efectos vinculatorios.
De esto se deduce, pues, que la puerta de entrada a la Corte está en la Comisión; y que si la Comisión no decide enviar un asunto al conocimiento de la Corte, ésta no puede actuar de oficio, e incluso tampoco a petición directa de quienes consideran agraviados sus derechos fundamentales.
VIAJE INÚTIL
Y, sobre todo, es claro que si los profesores de la Sección 59 tienen ganas de poner en marcha los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, no necesitan ir hasta Costa Rica —pues irán a perder tiempo, dinero y energías, en un viaje internacional que no servirá más que para que ellos conozcan las naciones por donde pasarán— sino más bien documentar todas y cada una de las violaciones que se han cometido en contra de la niñez oaxaqueña y su derecho a la educación, y de ellos respecto a sus derechos laborales, sindicales y hasta políticos, para ponerlos a consideración de la Comisión Interamericana. Ese es el camino correcto. Lo demás, es sólo demagogia.
