+ Sección 22 espera respuesta, para justificar violencia
Es muy probable que durante todo el mes de agosto —y quién sabe cuánto tiempo más, aunque este es un mes crucial— los oaxaqueños veamos manifestaciones extraordinarias de violencia y radicalismo por parte de la Sección 22 del SNTE. La semana pasada los oaxaqueños ya vimos cómo, reviviendo escenas de 2006, los maestros revivieron su “brigada móvil” y fueron a atacar oficinas de legisladores y del PRI. Amenazan con hacer lo mismo en oficinas de otros partidos. Y a pesar de que indignan la violencia y la impunidad con la que actúa el magisterio, los oaxaqueños tendríamos que balancear con serenidad la relación costo-beneficio de no responder a sus agresiones.
En efecto, hoy como siempre la Sección 22 está demostrando la doble moral que lo caracteriza: por un lado, en los documentos que emite su Asamblea Estatal hablan de un movimiento pacífico, civilizado y democrático que busca el mejor escenario para sus trabajadores y para el pueblo de Oaxaca. Pero por el otro, guarda silencio y evita repudiar las acciones de violencia cuando son protagonizadas por sus agremiados.
Para muestra, un botón: En esos documentos (el informe de Acuerdos, Tareas, Pronunciamientos y Plan de Acción, que emiten luego de cada sesión de su Asamblea Estatal) la Sección 22 nunca establece como una de sus acciones consensadas la de ir a realizar actos violentos en contra de políticos, legisladores, partidos políticos o ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que esos nunca son acuerdos ratificados, de todos modos ocurren. Y lo que es más contrastante, es que si bien la 22 no manda —según— a sus maestros a realizar dichas acciones, tampoco repudia la violencia cuando es generada por sus partidarios.
Ahora bien, esas acciones tienen una intención específica, al margen de las motivaciones y conflictos partidistas que están enredados en el asunto. Esa intención es simple: la Sección 22 intenta que el gobierno estatal emprenda algún tipo de acción policiaca en su contra, y para ello está tratando de incrementar el nivel de virulencia con el que actúa en momentos muy específicos. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, en el marco de la Octava del Lunes del Cerro, cuando una brigada móvil de maestros intentó subir hasta el Auditorio Guelaguetza para tratar de impedir que los asistentes pudieran ingresar a ver el espectáculo.
Los profesores, en aquella ocasión, hicieron uso de diversas amenazas para intimidar a los cuerpos de seguridad, que no actuaron. Se fueron a plantar a los accesos al Cerro del Fortín y seguramente muchos profesores estaban dispuestos al enfrentamiento, el cual fue evitado por la pasividad de las corporaciones, lo cual fue inicialmente criticado al propio Gobernador del Estado, a quien se le ha acusado de no actuar en contra de los profesores, y de permitirles la impunidad en todas las acciones que emprenden.
Lo mismo pasó la semana pasada, cuando otra brigada de maestros fue a destrozar la sede del PRI y las oficinas legislativas del diputado federal Samuel Gurrión y del senador Eviel Pérez Magaña. De nuevo, el propósito de los profesores era, sí, enviar “mensajes políticos” a los partidos respecto al proceso de elaboración de la iniciativa de ley educativa, pero también era provocar a las autoridades estatales, a ver si en una de esas emprendían un operativo para detener o enfrentar a los profesores.
En las condiciones actuales de la Sección 22, toda acción en su contra lo consideran un acto de intimidación y de represión. Ellos están buscando desesperadamente la forma de hacerse de esa bandera —porque hoy en día no la tienen— y para ello están incrementando su nivel de violencia. Y frente a todo eso, los ciudadanos debemos ver el escenario con serenidad y preguntarnos si en realidad vale la pena enfrentar a los profesores en este momento, o —con una tolerancia que no debiéramos tener, pero que en este momento parece necesario— evitar darles el motivo que ellos andan buscando para redoblar las acciones en contra de todos. El 2006 dejó grandes lecciones sobre eso, que hoy en día los oaxaqueños debemos retomar y asumir con responsabilidad.
VIOLENCIA
En el 2006, recordemos, los maestros tenían más de tres semanas en paro indefinido y en plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, cuando el gobernador Ulises Ruiz decidió enviar a la policía a desalojarlos. La acción no fue producto de la casualidad o de un solo impulso del Gobernador. Fue, en realidad, resultado de haber recogido un conjunto de exigencias de la ciudadanía que se decía en contra de los excesos del magisterio y le exigía que pusiera orden y restableciera el Estado de Derecho.
¿Qué pasó? Que cuando el Gobernador decidió actuar, resulta que nadie lo respaldó. Todos esos grupos sociales que habían exigido acciones al gobierno decidieron esconderse y respaldarse en tímidas declaraciones que sólo se centraban en el orden pero sin recordar que ellos habían sido parte de quienes habían exigido el operativo.
Lo más importante de eso, y lo más grave, es que las acciones policiacas tuvieron el efecto contrario, porque ni pudieron desalojar a los profesores de las calles de la capital oaxaqueña, ni terminaron con su movimiento o con el paro de labores y, al contrario, provocaron daños exponencialmente mayores a la economía, a la ciudadanía, al orden público, y a todos, que no hubieran ocurrido de haber medido con distinto rasero la posibilidad de utilizar a la fuerza pública sin tomar demasiado en cuenta los efectos a mediano y largo plazo que ello tendría para todos los ciudadanos.
Por eso hoy en día vale la pena reconsiderar la posibilidad de que los oaxaqueños actuemos con prudencia. Perdemos más al regalarle a la Sección 22 el motivo que anda buscando desesperado para mantener sus acciones violentas, que permitiendo el paso del tiempo. No son meses fáciles. Eso lo preveíamos desde hace tiempo. Sin embargo este es el momento de la prudencia ciudadana y de evitar caer en el juego que intentan los maestros para perpetuarse en su lucha en contra de la ley educativa.
¿Y EL PROYECTO DE LEY?
Ya estamos en la primera semana de agosto, faltan dos para el inicio de clases, y lo único cierto es que no existe ni siquiera un proyecto de ley educativa con la cual puedan discutir los diputados. ¿Se mantendrá la expectativa de tener ley de educación antes de que inicie el ciclo escolar 2014-2015? Y de ser así, ¿cuánto costará esa negociación?