Juntos, S22 es mayoría; pero en municipios, no
Cuando ocurrió el conflicto magisterial y popular de 2006, uno de los temas que puso sobre la mesa la administración estatal, fue la propuesta de municipalizar la educación, como una de las posibles salidas a las excesivas presiones políticas que ejercía el magisterio sobre el gobierno de Oaxaca. Hoy, en el marco de la reforma educativa federal, habría que preguntarnos por qué no tomar conciencia sobre el rol político y social que deben jugar los municipios en el ámbito educativo.
En efecto, la municipalización de la educación se ha manejado como una propuesta alternativa que garantizaría de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. sobre esto, se ha dicho que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso serían los Ayuntamientos.
Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos en cada municipio los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos. Ahí se encuentra la clave de lo que tendríamos que asumir como sociedad para recuperar una buena parte del control de los servicios educativos, que hoy los maestros de la Sección 22 asumen plenamente como propiedad de su sindicato y rehén de sus conflictos e intereses políticos. ¿Qué hacer?
Queda claro que hoy lo único que podría hacerse es retomar la función de control social de la educación pública, por parte de los Ayuntamientos, de los padres de familia y de la población en general. Pues, de hecho, todo lo relacionado con la administración de la educación ya ni siquiera es potestad del Gobierno del Estado, sino que fue reasumida por el gobierno federal, quien a partir de 2015 ya no le dará vista ni posibilidad de intervención a estados y municipios en ese sector. Lo que la federación no puede hacer, pero tampoco puede limitar a la ciudadanía, es la función de contraloría y vigilancia de las funciones que realizan los profesores.
En ese sentido, todos los ejemplos que tenemos a la mano revelan que en cada caso en el que los padres de familia y la población en general de una comunidad se organiza y confronta a los profesores, el resultado que obtienen es el compromiso de los educadores para no abandonar las aulas, incluso desatendiendo las actividades políticas y de presión que les marca su sindicato.
Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en varias escuelas de la Villa de Mitla, en donde incluso llegaron a enfrentarse violentamente profesores paristas y padres de familia, aunque al final el acuerdo para distender el conflicto se centró en que los paterfamilias permitirían el regreso de los profesores de la Sección 22 con la condición de que éstos no volvieran a cerrar las escuelas para irse a realizar actividades de su sindicato.
Por eso, en las circunstancias actuales bien valdría la pena intentar un proceso de concientización en el que los padres de familia y comunidades en general tomaran en cuenta la importancia de la organización, y tomaran el mismo ejemplo de los profesores de la Sección 22 pero ahora para ocuparlo a favor de la educación. Y es que a lo largo de su movimiento sindical, la 22 ha demostrado una y otra vez que la base de su fortaleza es la organización y la disciplina. Eso es lo que les ha permitido poner al Estado de cabeza cada que lo deciden; y su sólida organización es la que les ha permitido desmovilizar a todos los demás sectores sociales que bien podrían oponérseles pero que se desaniman sólo de ver su relativa superioridad numérica.
Sin embargo, ¿qué pasaría si en cada comunidad todos los habitantes se organizaran para exigir trabajo y resultados a los profesores de sus escuelas de educación básica?
¿DE VERDAD SON MUCHOS?
El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como centro de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?
Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?
La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones. En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.
LEALTADES
Puede entenderse, sin justificarse, que el gobierno estatal esté sometido institucionalmente por los intereses del magisterio. ¿Pero podría justificarse que el gobierno estatal siguiera sin hacer nada frente a esta necesidad urgente de emprender acciones para concientizar a las comunidades de que debe ser desde ahí donde se debe rescatar la educación? La centralización educativa difícilmente tendrá un efecto o alcance real para atender esos temas. Y la municipalización educativa debe ser social, cívica. De eso nos hace falta a todos tomar conciencia y poner manos a la obra.
