+ Escalada de violencia; Oaxaca, un botón negro
En otros estados del país se habla con preocupación de la incontenible violencia derivada de la criminalidad. Se dice que en casos como el de Michoacán, Nuevo León o Tamaulipas hay situaciones claras de Estado fallido, a partir de que el gobierno no es capaz de garantizar las libertades y derechos mínimos de las personas, y tampoco cuenta con los elementos para contener los quebrantos al Estado de Derecho. En Oaxaca ocurre exactamente lo mismo pero, de nuevo, el origen está en una conflictividad social a la que, por haber sido mal comprendida, se le da una tolerancia que no nos llevará, jamás, a algo positivo.
En efecto, ante los hechos recientes vale la pena reflexionar en torno a ello. Pues en las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno asume con toda naturalidad que la alta conflictividad social deriva de una “tradición” relacionada con la pluralidad y la actividad social de las comunidades y grupos organizados de la entidad. En ese gran cajón han cabido lo mismo organizaciones sociales que vienen a la capital de Oaxaca a exigir recursos para las comunidades indígenas, que organizaciones de trabajadores que exigen prebendas al gobierno, o gremios que protestan para pedir o defender sus conquistas y privilegios. A todos se les ha permitido todo. Pero el problema no es ese, sino que esa permisividad fue desde el inicio confundida con tolerancia infinita, y ésta con la inaplicación de la ley.
El resultado es funesto. Pues contrario a lo que ocurría en el pasado, en donde eran pocas organizaciones las que se atrevían a encarar al gobierno y a tomar acciones que perjudicaran a la ciudadanía, hoy en día casi cualquier grupo social o gremio de la entidad puede tomar libremente las calles, cerrar comercios, perseguir a sus adversarios o, sobre todo, ejercer violencia para tratar de hacer valer el derecho o la pretensión que exigen. Aunque podemos creer que en eso los profesores de la Sección 22 del SNTE son los únicos que han caído en ese exceso, basta hacer un pequeño recuento para comprender que esto se está convirtiendo en una constante. Veamos.
Hace algunos meses, por ejemplo, camioneros de dos organizaciones distintas, dedicadas al transporte de material pétreo para obras civiles, se enfrentaron al sur de la capital a partir de un acto abierto de presión a una empresa privada (la constructora encargada de edificar la sucursal de The Home Depot en Oaxaca) para que contratara los servicios de una u otra. ¿El resultado? Que en una primera escaramuza hubo una persona muerta, y en la segunda hubo varias unidades de particulares incendiadas. Todo esto, además de enfrentamientos violentos que nunca fueron repelidos o contenidos por la autoridad.
Ese es un ejemplo. ¿Otro? Los recurrentes enfrentamientos que han ocurrido también entre integrantes de organizaciones de taxistas foráneos, que se disputan el control de las rutas de transporte que pertenecen a los municipios conurbados con la capital. Hace unas semanas, también, taxistas de dos organizaciones (CTM y CNP) se enfrentaron a balazos en la zona del Monumento a Juárez, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas, pero con la terrible sensación de que las diferencias entre gremios, que debía atender una autoridad, en realidad son dirimidas con violencia a plena luz del día y ante la mirada complaciente del Estado, que no sólo no hace nada para impedirlo, sino que lo tolera en aras de una supuesta “tradición de conflictividad” que ha sido mal comprendida y que, de hecho, es muy peligrosa para la sociedad.
MAESTROS DE LA VIOLENCIA
Ayer, nuevamente, taxistas de esas dos organizaciones se enfrentaron violentamente en la disputa que sostienen por las rutas y paraderos que se encuentran en los alrededores de la nueva plaza comercial ubicada en Santa Lucía del Camino. Una vez más, y como siempre, la autoridad no hizo nada.
Antes, hace tres semanas, fue nota nacional que profesores de la Sección 22 organizaron una brigada para ir a saquear y vandalizar oficinas de sus adversarios de la Sección 59, de partidos políticos y de representantes populares. Como ocurrió en otras situaciones similares, nadie fue capaz de actuar ya no para reprimir a quienes estaban cometiendo los delitos, sino simplemente para evitar que se quebrantara de esa forma tan brutal el Estado de Derecho.
Todo esto lo ha permitido el gobierno en aras de una situación que no va a pasar: quizá, el Gobierno del Estado asume que permitiendo que situaciones como éstas ocurran libremente, se está privilegiando la vía política sobre la mano dura, y se dan muestras de un gobierno democrático que tolera hasta a las expresiones más radicales. Incluso, en el último de los casos podría creerse que también lo hace en aras de que, solos, los grupos violentos tomen conciencia de lo incorrecto de sus acciones y rectifiquen su forma de actuar y de dirimir sus conflictos.
Esto no va a ocurrir. No es así porque una persona o grupo al que una vez se le permite libremente la violencia, en las ocasiones siguientes no tratará de rectificar, sino más bien de actuar con mayor dureza, para buscar un efecto superior al de las ocasiones anteriores en las que sus acciones han sido exitosas.
Lo más preocupante de esta situación, es que esto se convierte en un mal ejemplo que luego pasa a ser una constante. ¿Vale la pena tolerar la violencia magisterial, gremial o de organizaciones, sólo porque esto es parte de una tradición mal comprendida? No. Y no debe ser así porque tolerar esto es abrir la puerta a expresiones cada vez más duras en contra de la sociedad. Es permitir, pues, que el inconforme se convierta en vándalo, y que después ese vándalo se convierta en un criminal. Es la ruta que lamentablemente llevamos en Oaxaca, sin que hasta ahora haya un reconocimiento del tamaño del error que se está cometiendo, y mucho menos acciones para impedir no la expresión de las organizaciones, sino el desbordamiento de sus exigencias hasta caer en los ilícitos.
PARADOJA DE LA VIOLENCIA
Los elementos policiacos se supone que, en buena medida, existen para contener el orden y prevenir el quebranto del Estado de Derecho. ¿Cómo podemos asumir eso cuando en Oaxaca vemos que hasta los elementos encargados de la seguridad pública se desbordan por la testarudez, intolerancia e incapacidad política de su principal mando, el secretario Alberto Esteva Salinas? Es contradictorio y paradójico que hoy hasta la contención del Estado esté al punto de la violencia.
