Entidades federativas, rostro real del Estado fallido
Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó en Nuevo León que “que se advierten señales de debilidad institucional en algunas partes del territorio nacional”. Sin referirse a ellas, específicamente se refirió a entidades federativas en las que las condiciones de inseguridad, violencia o ingobernabilidad, han rebasado la capacidad del Estado de mantener sus funciones esenciales. Bajo esa perspectiva de la debilidad institucional, bien podrían encontrarse estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca o el Estado de México. Y la pregunta que queda, y que también debe responder el gobierno federal, es: ¿quién es el o los responsables de ello?
En efecto, la debilidad institucional existe y la hemos visto y señalado reiteradamente. De hecho, desde principios de año (ver Al Margen 22.01.14) apuntábamos que, en el caso de Michoacán, éste era un ejemplo nacional de la debilidad institucional llevada al extremo. Sin embargo, señalábamos, es claro que lejos de que ese sea el único ejemplo, en realidad en México deberíamos comenzar a repensar con seriedad nuestro modelo de federalismo, pues sólo en una democracia de locos podría pensarse que el incremento en la exigencia de las instituciones federales, es inversamente proporcional a la capacidad de respuesta que tienen los gobiernos estatales o municipales.
Todo esto queda ratificado 10 meses después, cuando no sólo Michoacán, sino Guerrero, Oaxaca y el Estado de México han venido tronando a causa de diversos problemas que no han sido atendidos adecuadamente, y que bien podrían llevarnos nuevamente a pensar en la figura del Estado fallido como denominación de estas problemáticas, que todos conocemos: Michoacán, Estado de México y Guerrero, por ejemplo, están rebasados por la violencia y la delincuencia organizada. Y Oaxaca vive sometida por un poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE. En cada uno de los ejemplos, el común denominador es la incapacidad del Estado para ejercer sus funciones y para mantener el monopolio de la fuerza pública.
Y es que según se apunta en un estudio sobre el concepto y los alcances de los Estados fallidos, editados por la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1t3rHcs), lo que se quiere decir es que un estado “tiene éxito” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras. Cuando este monopolio está quebrantado, por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo, la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.
El término, dice el estudio aludido, también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.
ESTADOS FALLIDOS
Si releemos los dos párrafos anteriores, podríamos creer que lo que se están definiendo son amplios espacios del territorio nacional, en los que el gobierno no puede imponer su potestad soberana… aunque en realidad, a los estados a los que se refiere dicho estudio son, entre otros, Camerún, Liberia, Nigeria, Somalia, y Papúa Nueva Guinea.
En ese sentido, es claro que lo que hoy el gobierno federal denomina como “debilidad institucional” son en realidad indicadores de Estados fallidos, en los que es muy difícil imponer la fuerza del Estado. Acaso, de las cuatro entidades federativas donde se presenta con mayor vigor este problema (la mayoría de ellas ubicadas en el sureste del país), la menos compleja es Oaxaca. Aquí los problemas los genera un poder fáctico (la Sección 22 del SNTE) que impide al Estado ejercer ciertas funciones. Pero siendo rigurosos, queda claro que esto no puede ser comparado con la violencia, la criminalidad y la colusión entre criminales y servidores públicos, que prevalece en estados como Michoacán o Guerrero.
No obstante, lo que vale la pena preguntarse, y responderse, es sobre quién recae la responsabilidad, además de los gobiernos estatales y municipales, que definitivamente claudicaron en la posibilidad de hacer valer el orden público. Y la respuesta debe apuntar también hacia la Federación. Pues es en realidad insostenible que el presidente Peña Nieto diga que las crisis y la adversidad “pueden superarse cuando existe voluntad y capacidad”, cuando lo cierto es que este no es sólo un asunto de voluntad sino también de colaboración e intervención de los tres ámbitos de gobierno, solidariamente.
¿A poco es creíble sostener que la federación no se dio cuenta, y nunca pudo hacer algo, para frenar el proceso de descomposición que hoy viven varias entidades federativas? ¿A poco el gobierno federal nunca supo que gobernantes guerrerenses y michoacanos convivían y se hacían cómplices con criminales? ¿Y, a poco en el caso de Oaxaca, el gobierno federal nunca supo que, para administrar sus propias crisis políticas, durante décadas el gobierno estatal le fue dando todo al magisterio, hasta crear el monstruo que hoy tiene de rodillas a la paz social, al gobierno, y a la ciudadanía?
Este es, en realidad, un asunto integral que debe resolverse con la colaboración entre los tres ámbitos del gobierno, si es que aún pretende mantenerse vigente el federalismo. Éste, se supone, debe servir para generar un desarrollo integral de todas las partes que conforman un Estado; pero en el ejemplo mexicano, tal pareciera que la Federación ha servido sólo para hacer fuerte a un solo ámbito (el federal), a costa de que en los otros dos (estatal y municipal) los grandes acuerdos sólo busquen hacer quebrar al propio Estado.
OAXACA, ¿CUÁNDO?
Todo esto, además, suena a burla cuando la administración federal lleva 23 meses de ejercicio, y el Presidente no ha puesto un pie en la entidad. Eso revela que, además de la “debilidad institucional”, Peña Nieto ve como un cliché eso de “visitar los estados para refrendar el pacto federal”. Terrible.
