Descrédito de partidos: ¿Quién propone alternativas?

+ Inconformes, van a nada; violencia liquida legitimidad

Hoy en México nos encontramos en un callejón sin salida. En una vía, de los amplios sectores inconformes por las desapariciones, la violencia, la corrupción y la impunidad que el caso de Guerrero puso al descubierto, no han podido articularse para emprender un proceso civilizado y amplio de construcción de alternativas; en otra vía, paralela a la primera, se encuentran los partidos que se niegan a reconocer la crisis de Estado por la que atraviesa el país; y en una tercera vía se encuentran aquellos grupos que insisten en traducir la inconformidad en violencia. Todo eso, junto, nos lleva a la nada. ¿Es eso lo que queremos?
En efecto, hoy en día México vive una crisis sin precedentes porque todo el sistema de partidos ha demostrado preocupantes signos de fatiga, que van desde la imposibilidad de enfrentar una crisis como la de los normalistas de Guerrero, hasta el hecho de que hoy toda la clase política parece estar machaconamente coludida para minimizar lo ocurrido frente a una sociedad que simplemente ya no les cree. Hay grupos que dicen que se deben buscar alternativas de manera urgente (y aunque ya parecen tener más o menos claro el qué, no han podido articular los cómos). Pero hay otros que simplemente están apostando todo a la violencia.
Deberíamos poder ver este asunto en una perspectiva más amplia. Porque lo que los partidos y la clase política han insistido en hacer, es simplemente enfrentar esta crisis como si fuera un tema simple de comisión de delitos. Es decir, exigiendo comprensión a la ciudadanía, no mostrando acciones excepcionales, y minimizando el impacto de las inconformidades, como si lo ocurrido hubiera sido un simple enfrentamiento entre particulares y evitando reconocer que se trata no de un crimen de Estado, sino de un conjunto de hechos que generaron una responsabilidad de Estado.
Quienes insisten en atajar ese reconocimiento, lo hacen porque dicen que reconocer la existencia del crimen de Estado, implica aceptar todas las banderas que grupos políticos han ondeado para golpear al grupo gobernante. En esa parte tienen razón, pues muchos de los que han insistido en el crimen de Estado, lo que quieren es responsabilizar al gobierno federal directamente por los hechos de Guerrero, como si el Presidente hubiera mandado a detener y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa.
Pero el hecho de que el gobierno federal rechace la existencia de un crimen de Estado, no significa que no deba reconocer que sí existe una responsabilidad de Estado, que es una cuestión muy distinta a la del crimen de Estado, y que al margen de cualquier visión partidizada, sí existe en este caso (ver Al Margen 30.10.2014). ¿Cuál es el problema? Que el Estado sigue resistiéndose a tomar acciones excepcionales, y eso genera una enorme incredulidad e indignación entre la sociedad, que sí quiere respuestas extraordinarias a hechos que considera —y con toda la razón— fuera de cualquier posibilidad de ser tolerados y permitidos dentro de la “cotidianidad” de los hechos.
Al lado de eso, se encuentran los partidos políticos, que siguen esa misma vía en la resistencia de no perder su estatus de privilegio. El PRI, por ejemplo, se ha limitado a hacer una discreta defensa del gobierno federal emanado de su partido, pero no ha sido capaz de tomar la bandera de las reformas institucionales para cerrarle la puerta definitivamente a este tipo de hechos.
No quieren, en resumen, incomodar a su Presidente, aún cuando su pasividad incomoda e indigna al país. El PAN también se encuentra en esa situación. Y el PRD, que es quien vive la crisis más fuerte por sus implicaciones con las autoridades corruptas y criminales de Guerrero, lo está arrastrando a un lodazal del cual, además, no hace nada para salir.
Todo eso hace de esta crisis excepcional, porque ni las instituciones ni los partidos son capaces de asumir el fondo de este problema, y mucho menos de proponer alternativas bien vistas por la ciudadanía. ¿Qué quedaría? Lo único, son los caminos de la democracia participativa… que hoy se encuentran también gravemente amenazados por la insistencia de quienes prefieren la violencia a la propuesta, y con ello le dan la razón a los que quieren que las cosas no cambien. Veamos.

LOS INCONFORMES SE BOICOTEAN SOLOS
El país lleva 50 días en una crisis sin precedentes, y las propuestas de reforma apenas comienzan a emerger. Ninguna de esas iniciativas es de la clase política, y hemos visto también muy pocas de la ciudadanía organizada. Lo que hoy inunda al país es la violencia de otros grupos que, también organizados, prefieren gastar su tiempo en marchar y asumirse como inconformes, pero sin proponer soluciones.
En ese sentido, hay una clara proclividad a la violencia. Sólo que la violencia es por definición incompatible con la razón. Y lo que urge en México son propuestas razonables para salir de esta crisis, antes de que esas banderas sean tomadas por los mismos bribones que lo llevaron a esta situación, y hagan los cambios cosméticos que no resuelvan de fondo los problemas que existen. Eso es urgente. Y sin embargo resulta que la violencia es lo que sigue permeando y, al mismo tiempo, ahuyentando del posible debate a quienes sí tienen al menos una propuesta para que el Estado mexicano salga de este hoyo.
Por esa razón es urgente que en todo el país, y en los grupos organizados, quepa la cordura y comiencen ya a canalizar sus inconformidades por otras vías. De otro modo lo que seguirían haciendo es boicotearse solos, y minando los frágiles caminos de la democracia participativa —que es esa forma de democracia en la que la ciudadanía asume directamente parte del costo de las decisiones evitando que su voluntad sea suplida o interpretada por quienes son sus representantes ante los poderes del Estado—. Este debiera ser, pues, el momento en que los mexicanos tomáramos parte de la situación para hacer algo por nuestro país. Pero por eso mismo, quienes insisten en la violencia lo único que hacen es alejar la propuesta, y legitimar a los que quieren que nada cambie.

OPOSICIÓN DE PAPEL
Si la bancada priista en el Congreso local insiste en que la integración de la Mesa Directiva es ilegal, ¿por qué no combate esos actos en los tribunales? No lo hace, y por eso su indignación y su oposición se ve desde afuera como una mera pose, que no se ve respaldada con acciones concretas y creíbles para defender la constitucionalidad que sí habría podido ser vulnerada por los acuerdos de las demás bancadas. ¿Entonces?