Peña Nieto debe asumir el costo de olvidar al sureste

+ Decir que hay “respaldo total” de EPN es una burla

Lunes 17 de noviembre de 2014.

En Oaxaca nos hemos preguntado hasta el cansancio por qué el presidente Enrique Peña Nieto tiene olvidada a nuestra entidad, pero la respuesta a esa pregunta ya se la dio al Presidente los abominables hechos de Iguala. Del sureste hacia el gobierno central —hoy sabemos que de “federal” le queda muy poco— se ha mantenido el cuestionamiento. Pero junto con él también existe una crisis que hoy en día parece inmanejable para el Presidente. Y los hechos de Guerrero no son la respuesta, sino la consecuencia, de creer que el sureste no importaba.
En efecto, hoy queda más claro que nunca que la visión del país que tenía el gobierno federal era equivocada. En este y muchos otros espacios se ha analizado la forma en cómo el gobierno de la República tenía la idea firme de que podía gobernar el país manteniendo estables sus relaciones políticas en el centro y norte del país, y que podía procesar los cambios institucionales “modernizadores” únicamente a partir de acuerdos cupulares.
En el fondo —apuntábamos en nuestra entrega del 28 de octubre—, es alarmante que el gobierno de la República asuma que México es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.
Esa circunstancia concreta, hoy lo sabemos, inicialmente se llamó Iguala y estaba directamente relacionada con la detención-desaparición de 43 normalistas —de los que aún no se tiene certeza sobre su paradero—; pero que hoy en día es un problema que se extiende a toda la región sureste del país, que se ha revelado como un verdadero polvorín a raíz no sólo de las desapariciones forzadas, sino del pésimo manejo político de este problema por parte del gobierno federal, y de la combinación de este hecho con la inocultable indolencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con esta región del país.
Pues hoy en día en nuestra entidad ya se toma como un mero lugar común, y como parte de un discurso demagógico, palabras como las que el sábado vino a Oaxaca a decir la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles. La funcionaria afirmó que el Presidente tiene un “gran interés por venir a Oaxaca, y en breve estará con el pueblo oaxaqueño para refrendar su compromiso con la política social que ha emprendido en beneficio de los que menos tienen” (Noticias, 16.11.2014, página 2A).
Además de que esas palabras ya carecen de credibilidad (luego de que, en los primeros dos años que lleva su gestión, el presidente Peña Nieto no ha puesto un pie en la entidad), apuntan también a que el gobierno federal está reparando en el error cometido con el sureste del país y quiere comenzar a remediarlo. Sólo que, de nuevo, lo hace tarde, y mal, sin entender que hoy ya no es su presencia lo que se necesita en el sureste, sino un conjunto de cambios institucionales que sean de carácter refundacional para el Estado mexicano.

ANTES Y DESPUÉS DE AYOTZINAPA
Antes de los hechos de Guerrero, el sureste del país clamaba la presencia institucional del gobierno federal (y en eso las visitas presidenciales son simbolismo sobre el refrendo al pacto federal) para poder atender un conjunto enorme de problemas que estaban pendientes. Pero después de Iguala y los normalistas desaparecidos, el sureste del país pasó del clamor de ayuda al riesgo del estallido social. Y si eso ya era grave para el gobierno de la República, lo fue mucho más que ahora sí esa explosión pudiera tener eco a nivel internacional, consolidando la idea de que ya no es suficiente con atender a la región, sino que hacen falta cambios profundos a las instituciones del país.
¿Por qué? Porque en el sureste estamos ahogados en un mar de corrupción, complicidades e impunidad que no son tolerables ni en democracias —se supone— menos sólidas que en la que —también se supone— vivimos. Esos problemas no sólo se crearon aquí, sino que en esta región se gestaron (y de ellos el matrimonio Abarca-Pineda fue el botón de muestra, pero no es el único que ostenta una autoridad pública al mismo tiempo que es un líder criminal) gracias al olvido y la indolencia del gobierno federal, que prefirió la frivolidad y el oropel y dejó completamente desatendida, por años, toda una región en la que, ante el vacío de poder, quien tomó el control fue la delincuencia organizada.
Por eso hoy en día ya anunciar la próxima presencia presidencial en Oaxaca o en cualquier otro estado del sureste del país, es lo de menos. A partir de los hechos de Guerrero, puede venir a cualquiera de los estados de esta región las veces que quiera, y de todos modos a todos nos va a seguir quedando claro —como hasta ahora— que la ayuda federal no es la panacea; y que de todos modos mientras no haga cambios de fondo a la estructura institucional del país, toda la ayuda que provea serán simples analgésicos frente a la más grave crisis que ha sufrido el Estado mexicano en los últimos tiempos.
Por eso aquí, desde el olvido, seguimos esperando ya no que el Presidente se acuerde del sureste del país, sino que se acuerde que gobierna un país y que tiene un compromiso histórico con México. En sus manos está asumir el reto de plantear cambios de fondo en el país, e incluir en ellos a la sociedad organizada para conseguirlo. Si cree que puede seguir gobernando en las cúpulas, en el centro del país, y sólo pactando con las dirigencias de los partidos, dentro muy poco tiempo el país se le va a terminar de ir de las manos.

COMO EL TÍO LOLO…
La Constitución local no define un formato específico al que debe ajustarse el Informe de Gobierno del Ejecutivo ante el Congreso. Por eso no deja de llamar la atención —y es hasta ridículo— que los diputados priistas no hayan asistido al IV Informe del gobernador Gabino Cué por considerar que sólo iría a manifestar “buenas intenciones”. ¿Por qué no pusieron a discusión, hace semanas, el formato al que tendría que ajustarse el Ejecutivo para rendir su Informe, y por qué no lo obligaron a ir a decir más que sólo sus “buenas intenciones”? En nada se ayudan los priistas con esos elocuentes y hasta sospechosos “actos de congruencia”.