En gobernabilidad, la Federación le terminó dando la razón a Oaxaca

 

+ Paradoja de EPN, satanizarse con lo que él señaló

 

En una de esas extrañas paradojas de nuestro tiempo, resulta que 44 días después de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en Iguala, Guerrero, el gobierno federal le terminó dando la razón al de Oaxaca —que es el gobierno estatal más satanizado por el régimen del presidente Enrique Peña Nieto— en el manejo de la gobernabilidad en estos momentos de crisis. Eso es lo que ha demostrado el gobierno de la República frente al conjunto de hechos relacionados con los desaparecidos, y su abierta permisividad luego de haber satanizado la tolerancia de sus adversarios.

En efecto, hoy queda claro que no es lo mismo gobernar en las cúpulas que enfrentarse al México bronco. Desde que llegó a la Presidencia, Enrique Peña Nieto asumió que tenía una capacidad política no vista en los últimos doce años, y eso fue lo que le permitió unir a las cúpulas partidistas —que vivían sus propias y particulares debilidades— a su favor para sacar un conjunto de iniciativas de ley que, hasta septiembre pasado, eran la prioridad de su gobierno.

Peña Nieto gobernaba, además, en la comodidad porque mal que bien tenía en las manos un país que, acostumbrado al sacrificio, ya no veía como algo negativo la adversa condición económica y social que prevalecía en el país. Para nadie era un secreto, hasta antes del 26 de septiembre, que en México había desempleo, desaceleración económica, inflación disimulada, y una escalada de violencia que no cesaba desde los tiempos del presidente Felipe Calderón. La ventaja del Presidente era que esas eran condiciones que prevalecían desde hacía años, y que de alguna u otra manera los mexicanos se habían acostumbrado a vivir y capotear esas circunstancias.

Sólo que Ayotzinapa vino a cambiar todas las variables. Pues si el gobierno federal había asumido que el tema magisterial era sólo un conflicto local de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los desaparecidos de Ayotzinapa vinieron a amalgamar las demandas magisteriales con un conjunto de situaciones que hasta entonces no habían sido previstas por el gobierno. Era ya un amasijo, pues, de demandas magisteriales, políticas y sociales, que se combinaron con la masacre de los normalistas y la demanda —nacional e internacional— de la presentación con vida de los desaparecidos.

En ese primer momento, el gobierno mexicano no supo cómo manejar la situación, ni distinguió la magnitud del problema, y entonces lo que hizo fue tratar de transferirlo al gobierno de Guerrero. Inicialmente, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de aquella entidad era quien debía responder por los hechos relacionados con los normalistas, y no fue sino hasta varios días después cuando asumió la parte de responsabilidad que le correspondía, y entonces intervino en el estado de Guerrero primero para tomar el control —según— de las zonas dominadas por la delincuencia organizada; y después para expulsar del gobierno estatal al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

En ese momento, la iniciativa presidencial fue tan abierta como inconstitucional. Sin ningún rubor, admitió públicamente que las fuerzas federales tomarían el control de varias regiones de aquella entidad; y luego tampoco tuvo empacho en demostrar que al gobernador sustituto de Aguirre lo había puesto su gobierno, y no el Congreso de Guerrero, que más bien lo que hizo fue formalizar la designación presidencial.

Con todas esas muestras de pragmatismo, lo que parecía era que el gobierno federal tenía un verdadero ánimo por asumir las consecuencias de lo que pasara en Guerrero, y que también tomaría bajo su control la gobernabilidad de aquel estado. En esta ruta, habría podido suponerse que mantendría la estabilidad a como diera lugar. Pero, sorprendentemente, comenzó a aplicar lo que bien podríamos denominar como la “fórmula Oaxaca” sólo que llevada a un nivel magnificado.

 

PARADOJAS

Durante meses, el gobierno federal direccionó continuamente la opinión pública de la capital del país, en contra del gobierno de Oaxaca y del Mandatario estatal. Por eso no era raro que durante meses se cuestionara lo que calificaban como “tibieza” del gobernador Gabino Cué en el manejo del conflicto magisterial, y su excesiva tolerancia en el uso de la fuerza pública. La diferencia era que el gobierno federal gobernaba desde la comodidad de la sociedad acostumbrada al sacrificio, y de los acuerdos cupulares; y que en Oaxaca la gobernabilidad y la paz social pendían, como desde hace años, de hilos.

Pues la realidad indicaba que, en efecto, el gobernador Cué venía aplicando una fórmula que más bien buscaba dejar pasar los conflictos antes que darle un motivo a los manifestantes para que, además de sus protestas y demandas orgánicas, tomaran también la bandera de la represión para —de todos modos— continuar protestando pero con más legitimidad. Eso era mal visto por el gobierno federal, que quizá suponía que podía gobernar al país con un garrote que, ahora ante las circunstancias, no sólo tuvo que guardar sino del que ha negado su existencia.

Sólo que en eso se le atravesó Guerrero. Ahí, los normalistas han aplicado todas las formas de violencia conocida, que incluso ponen a la situación de gobernabilidad de aquella entidad en un escenario similar o peor que el que tuvo Oaxaca hace ocho años, durante el conflicto magisterial de 2006. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces el gobierno federal dejó solo —como siempre— al gobierno de Oaxaca; y que en el caso actual, el gobierno federal es también el gobierno estatal de facto, con un gobernador títere que ha permitido todo lo que los normalistas y los inconformes han querido.

¿Sólo que hoy en día quién paga el costo? Lo paga el gobierno federal, porque de todos modos el Gobernador de Guerrero es —para efectos políticos— nadie en el país. Para la ciudadanía, quien permite todo es la federación. Y a estas alturas ya sólo falta que quemen la residencia oficial de Los Pinos, o la zona turística de Acapulco, que es de lo que vive la mayoría de los guerrerenses, con la complacencia o inacción del gobierno federal.

 

SOLIDARIDAD

Con nuestro respetado amigo y colega, don Felipe Sánchez Jiménez, que ha sido objeto de un par de agresiones en las últimas semanas. Es inadmisible el intento de agresión motivado en la molestia por lo que se publica, pero lo es todavía más el estado de impunidad en que vivimos. Un abrazo solidario a don Felipe, y nuestro repudio total y frontal a esas agresiones y a la inacción de la autoridad.