Congreso de Oaxaca: producirá en medida de intereses económicos

 

+ Hoy, debate es sobre temas de dinero, no por ideologías

 

En el Congreso del Estado no hay riesgo de parálisis, porque hasta hoy no existe ninguna discrepancia ideológica entre las fracciones parlamentarias. En realidad, lo que sí existe es una lucha feroz por los intereses políticos que están en juego en el umbral de los comicios federales intermedios de 2015, y por el reparto de los recursos económicos que se ejercen anualmente en el Poder Legislativo. A eso se reducen las luchas entre los legisladores; y sus discrepancias terminan ayudando al gobierno estatal, que desde hace meses se ve decidido a transferir los costos de la falta de leyes en la entidad, a un Congreso que no se ayuda.

En efecto, cuando el pasado sábado los diputados de la fracción priista decidieron no asistir a la apertura de sesiones del primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura, se prendieron algunas alarmas sobre la forma en cómo están moviéndose las variables dentro del Congreso.

A todos les quedó claro que lo que no había ocurrido era un consenso político entre el gobierno estatal y la fracción priista, y que éste trataría de aprovechar la situación para tratar de posicionarse —quizá por primera vez— como un partido de oposición en la entidad. Formalmente, los priistas dieron sólo razones de coyuntura para justificar su ausencia. Pero no establecieron una agenda de qué tendría que pasar para que ellos pudiesen estar en condiciones de volver a la senda del acuerdo.

Este asunto no es menor. Pues en retrospectiva, la única certeza que existe es que durante el primer año de trabajo legislativo, el Congreso del Estado no le hizo ningún aporte a Oaxaca, y que sí decidieron cargar —nuevamente— con el costo de no contribuir a la urgencia de enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de la entidad. En esencia, los legisladores locales decidieron asumir el cuestionamiento, por ejemplo, de no procesar ni aprobar la ley educativa, cuando a todos quedaba claro que ese era un tema que requería la colaboración de los tres poderes, y de los tres órdenes de gobierno por ser uno de los de mayor complejidad actual en la entidad.

Pero lejos de tratar de hacer su parte de este proceso llamando a todos los involucrados para que asumieran sus corresponsabilidades, el Congreso simplemente decidió absorber el cuestionamiento, como si su calidad moral les permitiera tener un “colchón” —o bono democrático— para no sufrir merma por esa crisis. El resultado fue tan patético que hoy no sólo Oaxaca no tiene ley educativa, sino que también los poderes federales, el Gobierno del Estado, y todos, le reprochan al Congreso local —como si fuera su sola responsabilidad— el no haber discutido ni aprobado una ley educativa para contribuir a la solución de la problemática educativa.

Ese, que es un tema concretamente de política, no pudieron resolverlo, tampoco pudieron procesar ninguno de los otros consensos que eran necesarios para poder sacar adelante otras normas necesarias. En el tintero del Congreso se quedaron otras normas, como la ley del Notariado —y toda una variedad de propuestas de reforma y puntos de acuerdo a los que el Congreso nunca pudo referirse de manera resolutiva— porque no hubo acuerdo entre las fracciones de cómo sería el reparto de los beneficios de dichas normas. En ninguno de los casos se atoró una ley o propuesta por motivos ideológicos e incluso tampoco por temas relacionados con el interés público. Todo se quedó en los “acuerdos” económicos que no son confesables, pero que tampoco traen las cargas propias de un asunto de conciencia.

Y en esas condiciones, mientras se pongan de acuerdo en ese tema que domina el Congreso —el dinero y las conveniencias— cualquier parálisis será superable.

 

FALLA POLÍTICA

En este sentido, parece claro que a nadie le interesa mucho la responsabilidad que tienen no sólo en el momento de la coyuntura sino frente a la historia. Por un lado, los diputados locales —todos— ya claudicaron en cualquier posibilidad de discutir los temas del Congreso desde las posturas de sus partidos. Por eso vemos a las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda defendiendo, por ejemplo, temas que debieran ser del interés de los sectores más conservadores de cualquier Congreso y, por el contrario, a las fuerzas de derecha secundando acciones que lastimarían los intereses de cualquier partido conservador en una democracia congruente.

En este sentido, la posición que hoy ocupa la bancada del PRI tampoco es muy defendible. Su coordinador por ejemplo —que hoy encabeza esta supuesta ruptura con las fuerzas coaligadas y con el gobierno estatal— hace pocos meses fue a respaldar la declaración política que firmó el Congreso y el gobierno con la Sección 22, para confeccionar y aprobar una ley educativa a capricho de los profesores democráticos. Eso, que tendría que haber puesto los pelos de punta a cualquier dirigencia congruente y preocupada por las posturas que asumen sus representantes en los Poderes del Estado. Pero en Oaxaca —que tiene una dirigencia tricolor sólo testimonial— hasta fue aplaudida la supuesta contribución a la solución del problema educativo.

¿Cuál es la otra parte de este problema? La desastrosa operación política que lleva a cabo el gobierno estatal en su relación con el Poder Legislativo, que a lo largo de estos cuatro años no sólo no ha podido construir una relación productiva con las bancadas del Congreso local, sino que esa relación haya pasado del acuerdo cooptado a la irreverencia inútil. Sí, pues cuando comenzó la LXI Legislatura había una abierta política de cooptación de legisladores de fuerzas opositoras al gobierno; pero hoy ya hasta la cooptación es condicionada a la satisfacción de caprichos y estrategias políticas.

 

SÓLO INCÓGNITAS

Desde hace muchísimo tiempo la responsabilidad de esa relación no está en la Secretaría General de Gobierno; tampoco hay un interlocutor formal de la Oficina Gubernatura, o de cualquier otra dependencia, con los diputados. ¿Sobre quién recae, entonces, la responsabilidad del hilo conductor institucional entre el Gobierno del Estado y el Congreso? No debiera ser creíble, y tampoco viable y aceptable políticamente, que no exista ese actor institucional encargado de conducir las relaciones políticas entre poderes. En el fondo, esa relación es subrepticia y llena de vicios, que se hace a través de terceros que no son públicamente identificables. Entonces, ¿cómo esperar una mejor relación entre poderes?