+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Peña Nieto debe asumir el costo de olvidar al sureste

Date:

+ Decir que hay “respaldo total” de EPN es una burla

Lunes 17 de noviembre de 2014.

En Oaxaca nos hemos preguntado hasta el cansancio por qué el presidente Enrique Peña Nieto tiene olvidada a nuestra entidad, pero la respuesta a esa pregunta ya se la dio al Presidente los abominables hechos de Iguala. Del sureste hacia el gobierno central —hoy sabemos que de “federal” le queda muy poco— se ha mantenido el cuestionamiento. Pero junto con él también existe una crisis que hoy en día parece inmanejable para el Presidente. Y los hechos de Guerrero no son la respuesta, sino la consecuencia, de creer que el sureste no importaba.
En efecto, hoy queda más claro que nunca que la visión del país que tenía el gobierno federal era equivocada. En este y muchos otros espacios se ha analizado la forma en cómo el gobierno de la República tenía la idea firme de que podía gobernar el país manteniendo estables sus relaciones políticas en el centro y norte del país, y que podía procesar los cambios institucionales “modernizadores” únicamente a partir de acuerdos cupulares.
En el fondo —apuntábamos en nuestra entrega del 28 de octubre—, es alarmante que el gobierno de la República asuma que México es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.
Esa circunstancia concreta, hoy lo sabemos, inicialmente se llamó Iguala y estaba directamente relacionada con la detención-desaparición de 43 normalistas —de los que aún no se tiene certeza sobre su paradero—; pero que hoy en día es un problema que se extiende a toda la región sureste del país, que se ha revelado como un verdadero polvorín a raíz no sólo de las desapariciones forzadas, sino del pésimo manejo político de este problema por parte del gobierno federal, y de la combinación de este hecho con la inocultable indolencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con esta región del país.
Pues hoy en día en nuestra entidad ya se toma como un mero lugar común, y como parte de un discurso demagógico, palabras como las que el sábado vino a Oaxaca a decir la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles. La funcionaria afirmó que el Presidente tiene un “gran interés por venir a Oaxaca, y en breve estará con el pueblo oaxaqueño para refrendar su compromiso con la política social que ha emprendido en beneficio de los que menos tienen” (Noticias, 16.11.2014, página 2A).
Además de que esas palabras ya carecen de credibilidad (luego de que, en los primeros dos años que lleva su gestión, el presidente Peña Nieto no ha puesto un pie en la entidad), apuntan también a que el gobierno federal está reparando en el error cometido con el sureste del país y quiere comenzar a remediarlo. Sólo que, de nuevo, lo hace tarde, y mal, sin entender que hoy ya no es su presencia lo que se necesita en el sureste, sino un conjunto de cambios institucionales que sean de carácter refundacional para el Estado mexicano.

ANTES Y DESPUÉS DE AYOTZINAPA
Antes de los hechos de Guerrero, el sureste del país clamaba la presencia institucional del gobierno federal (y en eso las visitas presidenciales son simbolismo sobre el refrendo al pacto federal) para poder atender un conjunto enorme de problemas que estaban pendientes. Pero después de Iguala y los normalistas desaparecidos, el sureste del país pasó del clamor de ayuda al riesgo del estallido social. Y si eso ya era grave para el gobierno de la República, lo fue mucho más que ahora sí esa explosión pudiera tener eco a nivel internacional, consolidando la idea de que ya no es suficiente con atender a la región, sino que hacen falta cambios profundos a las instituciones del país.
¿Por qué? Porque en el sureste estamos ahogados en un mar de corrupción, complicidades e impunidad que no son tolerables ni en democracias —se supone— menos sólidas que en la que —también se supone— vivimos. Esos problemas no sólo se crearon aquí, sino que en esta región se gestaron (y de ellos el matrimonio Abarca-Pineda fue el botón de muestra, pero no es el único que ostenta una autoridad pública al mismo tiempo que es un líder criminal) gracias al olvido y la indolencia del gobierno federal, que prefirió la frivolidad y el oropel y dejó completamente desatendida, por años, toda una región en la que, ante el vacío de poder, quien tomó el control fue la delincuencia organizada.
Por eso hoy en día ya anunciar la próxima presencia presidencial en Oaxaca o en cualquier otro estado del sureste del país, es lo de menos. A partir de los hechos de Guerrero, puede venir a cualquiera de los estados de esta región las veces que quiera, y de todos modos a todos nos va a seguir quedando claro —como hasta ahora— que la ayuda federal no es la panacea; y que de todos modos mientras no haga cambios de fondo a la estructura institucional del país, toda la ayuda que provea serán simples analgésicos frente a la más grave crisis que ha sufrido el Estado mexicano en los últimos tiempos.
Por eso aquí, desde el olvido, seguimos esperando ya no que el Presidente se acuerde del sureste del país, sino que se acuerde que gobierna un país y que tiene un compromiso histórico con México. En sus manos está asumir el reto de plantear cambios de fondo en el país, e incluir en ellos a la sociedad organizada para conseguirlo. Si cree que puede seguir gobernando en las cúpulas, en el centro del país, y sólo pactando con las dirigencias de los partidos, dentro muy poco tiempo el país se le va a terminar de ir de las manos.

COMO EL TÍO LOLO…
La Constitución local no define un formato específico al que debe ajustarse el Informe de Gobierno del Ejecutivo ante el Congreso. Por eso no deja de llamar la atención —y es hasta ridículo— que los diputados priistas no hayan asistido al IV Informe del gobernador Gabino Cué por considerar que sólo iría a manifestar “buenas intenciones”. ¿Por qué no pusieron a discusión, hace semanas, el formato al que tendría que ajustarse el Ejecutivo para rendir su Informe, y por qué no lo obligaron a ir a decir más que sólo sus “buenas intenciones”? En nada se ayudan los priistas con esos elocuentes y hasta sospechosos “actos de congruencia”.

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