+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Congreso de Oaxaca: producirá en medida de intereses económicos

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+ Hoy, debate es sobre temas de dinero, no por ideologías

 

En el Congreso del Estado no hay riesgo de parálisis, porque hasta hoy no existe ninguna discrepancia ideológica entre las fracciones parlamentarias. En realidad, lo que sí existe es una lucha feroz por los intereses políticos que están en juego en el umbral de los comicios federales intermedios de 2015, y por el reparto de los recursos económicos que se ejercen anualmente en el Poder Legislativo. A eso se reducen las luchas entre los legisladores; y sus discrepancias terminan ayudando al gobierno estatal, que desde hace meses se ve decidido a transferir los costos de la falta de leyes en la entidad, a un Congreso que no se ayuda.

En efecto, cuando el pasado sábado los diputados de la fracción priista decidieron no asistir a la apertura de sesiones del primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura, se prendieron algunas alarmas sobre la forma en cómo están moviéndose las variables dentro del Congreso.

A todos les quedó claro que lo que no había ocurrido era un consenso político entre el gobierno estatal y la fracción priista, y que éste trataría de aprovechar la situación para tratar de posicionarse —quizá por primera vez— como un partido de oposición en la entidad. Formalmente, los priistas dieron sólo razones de coyuntura para justificar su ausencia. Pero no establecieron una agenda de qué tendría que pasar para que ellos pudiesen estar en condiciones de volver a la senda del acuerdo.

Este asunto no es menor. Pues en retrospectiva, la única certeza que existe es que durante el primer año de trabajo legislativo, el Congreso del Estado no le hizo ningún aporte a Oaxaca, y que sí decidieron cargar —nuevamente— con el costo de no contribuir a la urgencia de enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de la entidad. En esencia, los legisladores locales decidieron asumir el cuestionamiento, por ejemplo, de no procesar ni aprobar la ley educativa, cuando a todos quedaba claro que ese era un tema que requería la colaboración de los tres poderes, y de los tres órdenes de gobierno por ser uno de los de mayor complejidad actual en la entidad.

Pero lejos de tratar de hacer su parte de este proceso llamando a todos los involucrados para que asumieran sus corresponsabilidades, el Congreso simplemente decidió absorber el cuestionamiento, como si su calidad moral les permitiera tener un “colchón” —o bono democrático— para no sufrir merma por esa crisis. El resultado fue tan patético que hoy no sólo Oaxaca no tiene ley educativa, sino que también los poderes federales, el Gobierno del Estado, y todos, le reprochan al Congreso local —como si fuera su sola responsabilidad— el no haber discutido ni aprobado una ley educativa para contribuir a la solución de la problemática educativa.

Ese, que es un tema concretamente de política, no pudieron resolverlo, tampoco pudieron procesar ninguno de los otros consensos que eran necesarios para poder sacar adelante otras normas necesarias. En el tintero del Congreso se quedaron otras normas, como la ley del Notariado —y toda una variedad de propuestas de reforma y puntos de acuerdo a los que el Congreso nunca pudo referirse de manera resolutiva— porque no hubo acuerdo entre las fracciones de cómo sería el reparto de los beneficios de dichas normas. En ninguno de los casos se atoró una ley o propuesta por motivos ideológicos e incluso tampoco por temas relacionados con el interés público. Todo se quedó en los “acuerdos” económicos que no son confesables, pero que tampoco traen las cargas propias de un asunto de conciencia.

Y en esas condiciones, mientras se pongan de acuerdo en ese tema que domina el Congreso —el dinero y las conveniencias— cualquier parálisis será superable.

 

FALLA POLÍTICA

En este sentido, parece claro que a nadie le interesa mucho la responsabilidad que tienen no sólo en el momento de la coyuntura sino frente a la historia. Por un lado, los diputados locales —todos— ya claudicaron en cualquier posibilidad de discutir los temas del Congreso desde las posturas de sus partidos. Por eso vemos a las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda defendiendo, por ejemplo, temas que debieran ser del interés de los sectores más conservadores de cualquier Congreso y, por el contrario, a las fuerzas de derecha secundando acciones que lastimarían los intereses de cualquier partido conservador en una democracia congruente.

En este sentido, la posición que hoy ocupa la bancada del PRI tampoco es muy defendible. Su coordinador por ejemplo —que hoy encabeza esta supuesta ruptura con las fuerzas coaligadas y con el gobierno estatal— hace pocos meses fue a respaldar la declaración política que firmó el Congreso y el gobierno con la Sección 22, para confeccionar y aprobar una ley educativa a capricho de los profesores democráticos. Eso, que tendría que haber puesto los pelos de punta a cualquier dirigencia congruente y preocupada por las posturas que asumen sus representantes en los Poderes del Estado. Pero en Oaxaca —que tiene una dirigencia tricolor sólo testimonial— hasta fue aplaudida la supuesta contribución a la solución del problema educativo.

¿Cuál es la otra parte de este problema? La desastrosa operación política que lleva a cabo el gobierno estatal en su relación con el Poder Legislativo, que a lo largo de estos cuatro años no sólo no ha podido construir una relación productiva con las bancadas del Congreso local, sino que esa relación haya pasado del acuerdo cooptado a la irreverencia inútil. Sí, pues cuando comenzó la LXI Legislatura había una abierta política de cooptación de legisladores de fuerzas opositoras al gobierno; pero hoy ya hasta la cooptación es condicionada a la satisfacción de caprichos y estrategias políticas.

 

SÓLO INCÓGNITAS

Desde hace muchísimo tiempo la responsabilidad de esa relación no está en la Secretaría General de Gobierno; tampoco hay un interlocutor formal de la Oficina Gubernatura, o de cualquier otra dependencia, con los diputados. ¿Sobre quién recae, entonces, la responsabilidad del hilo conductor institucional entre el Gobierno del Estado y el Congreso? No debiera ser creíble, y tampoco viable y aceptable políticamente, que no exista ese actor institucional encargado de conducir las relaciones políticas entre poderes. En el fondo, esa relación es subrepticia y llena de vicios, que se hace a través de terceros que no son públicamente identificables. Entonces, ¿cómo esperar una mejor relación entre poderes?

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