+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Los partidos ponen en vilo a la democracia representativa

Date:

 

+ Paradoja, generada por el reino de partidocracia

 

La crisis generada por la detención-desaparición de los normalistas en Iguala puso en entredicho la eficacia del Estado, pero también en vilo la legitimidad de los partidos políticos, y por ende a la democracia representativa. Este es un signo crítico de retroceso que hoy se ve agravado ante el mutismo y la incapacidad de los institutos políticos por demostrar que están a la altura de las circunstancias. La renuncia al PRD del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un signo de ello. Pero no el único.

En efecto, México vivió un quiebre sin retorno a partir del 26 de septiembre. Antes de esa fecha, la partidocracia mexicana en pleno había alcanzado los acuerdos más importantes de las últimas dos décadas, que se tradujo en un conjunto de reformas constitucionales en diversas materias. Hasta ese momento, la partidocracia estaba segura de ser depositaria de la representación nacional. Pero los hechos de Iguala cambiaron las variables de la legitimidad democrática, que hoy en día los partidos políticos por un lado, y el Estado por el otro, se niegan a reconocer y enfrentar.

La situación es excepcionalmente grave. Iguala vino a demostrar, en el campo del Estado, que el Estado de Derecho ha sido una especie de mito genial sobre el que se justificó la cimentación del actual sistema político, aunque en realidad no existe. Esto quedó claro no sólo por la escandalosa subordinación de las autoridades municipales de Iguala y Cocula al crimen organizado, sino también —y sobre todo— por la incapacidad de los otros dos ámbitos de gobierno (el estatal de Guerrero, y el federal) de asumir que las desapariciones constituían una responsabilidad de Estado que debía enfrentarse como tal desde el primer momento.

Este conjunto de circunstancias dinamitó la legitimidad del Estado mismo, que hoy no sabe cómo responder frente a las nuevas condiciones del país, y canalizar las exigencias de justicia que hace la sociedad. Lo más preocupante de todo esto, es que han pasado dos meses desde las detenciones-desapariciones de Iguala, y ni el Estado tiene una respuesta contundente sobre el paradero de los normalistas, ni ha podido ver tampoco que no es a lo inconformes a los que debe hoy combatir, sino a las causas (la impunidad, las injusticias, la desigualdad, etcétera) que provocaron esas protestas.

Si eso es preocupante, lo es todavía más que en ninguno de los tres ámbitos de gobierno exista por lo menos una noción general de qué debe hacerse para recuperar la legitimidad que perdió el Estado por su inacción frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Iguala, sino que tampoco haya idea de qué hacer para enfrentar las causas de fondo que provocaron los narcomunicipios y narcoestados que hoy innegablemente existen en el país.

Hasta hoy —y contrario a lo que el Presidente había dicho en meses recientes— la única solución que parece ver el gobierno federal para enfrentar la crisis de Iguala, son los pasos siguientes al proceso de recentralización a los que han sido proclives en otras reformas. Las acciones que pretende tomar para modificar el esquema de las policías municipales, estarían encaminadas a quitar facultades a los ayuntamientos para entregarlas —como siempre— a la federación.

Quién sabe si esto resuelva de fondo el problema de la connivencia de policías y autoridades municipales con delincuentes. Pero lo que sí se puede prever es que esto no le dará legitimidad a un Estado que hoy enfrenta un profundo descrédito frente a la sociedad mexicana, y particularmente frente a las generaciones más jóvenes, que no ven ningún punto de coincidencia entre un quehacer público plagado de vicios, errores y cuestionamientos, y un sector poblacional que no sólo es ajeno a esas prácticas —incluso hasta puede ser víctima de ellas— sino que espera algo distinto de su gobierno.

 

LEGITIMIDAD EN CRISIS

La crisis de los normalistas puso también en un grave cuestionamiento a los partidos políticos. Las tres principales fuerzas políticas creían, hasta antes de Iguala, que podían gobernar el país como plenos depositarios de la representación popular, sin ningún contrapeso. Con esa suficiencia hicieron las reformas estructurales que emanaron del Pacto por México. Pero los normalistas vinieron a decirles que la partidocracia tenía que comenzar a segmentarse para tomar en cuenta de un modo distinto a la ciudadanía. Y entonces el problema para los partidos se centró no en lo que ya habían hecho, sino en lo que tendrían que hacer para enfrentar la crisis. Y ahí han fallado gravemente.

El PRI, por ejemplo, no ha alcanzado a articular una defensa creíble del gobierno federal emanado de su partido. Su dirigencia nacional —y eso se ha replicado en sus órganos de dirección estatales y municipales— no ha podido o querido dar la cara por el Presidente, y tampoco ha sido capaz de hacer otra cosa que no sea repetir el mismo discurso político, y las excusas, que nadie cree. Nadie en ese partido ha sido capaz de la autocrítica y tampoco de impulsar propuestas para reformar al poder o a las instituciones del Estado. Su respuesta —y lo mismo ha hecho el PAN— ha sido el silencio total desde hace más de sesenta días.

El caso del PRD es todavía peor. Ahí, sus élites continúan aferradas a la determinación de sostenerse en sus cargos al precio que sea. Han asumido discretamente la responsabilidad que implica el haber impulsado a gente como José Luis Abarca o el defenestrado gobernador Ángel Aguirre; pero por encima de todo están dispuestos a no perder la parcela de poder que hoy tienen en el sistema de partidos. Tampoco han propuesto nada para reformar al perredismo o para garantizar a la ciudadanía que de verdad su vocación es democrática.

Lo más grave es que el ingeniero Cárdenas sostuvo con su dirigencia un diálogo de sordos —literalmente—, en el que renunció para sostener su congruencia, pero poco o nada le importó la crisis de la izquierda —la que dice que ha abanderado por décadas— porque sólo se fue pero tampoco propuso una sola medida para defenderla.

 

LA CRISIS ES DE TODOS

Así, lo que queda claro es que es la democracia representativa —esa forma en la que los ciudadanos delegan su voluntad en partidos políticos para que los representen ante los poderes del Estado— quien pasa por su más profunda crisis en años. Esa crisis no es nueva. Pero si ya de por sí la partidocracia socavaba lentamente la identidad entre los ciudadanos y los partidos, Iguala vino a extirpar cualquier vaso comunicante entre ellos, y a generar una situación de incertidumbre política sin precedentes en los últimos tiempos.

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