+ Tirar a EPN, estéril; Estado debe cambiar
Al lado de las legítimas protestas e indignación nacional por la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se encuentra la intención insistente —y estéril— de buscar la forma de responsabilizar directamente al gobierno federal por los crímenes de Iguala. Ese propósito tiene un fin eminentemente político, que no le ayuda al país en un momento tan complejo como éste.
En efecto, vale la pena considerar la distancia que existe entre la exigencia de justicia, y la de la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. La primera es producto de un sentimiento nacional unánime que está encaminado a un cambio profundo en el entendimiento y compromiso con el respeto a la ley. La segunda exigencia, en realidad parece ir encaminada a tratar de aprovechar esta tragedia para machacar la existencia de una supuesta intención expresa del gobierno federal por matar a un grupo de muchachos en una comunidad del estado de Guerrero, con la finalidad de lograr que el Presidente renuncie a su cargo.
La diferencia entre esas dos intenciones es profunda. Pues en el primero de los planos, queda claro que lo importante es que se llegue a un resultado concreto y verificable no sólo en lo relacionado a los crímenes de Iguala y el castigo a todos los responsables —incluso respecto a la responsabilidad que el Estado mexicano debe reconocer, asumir, y reparar—, sino en cuanto a los cambios institucionales que esto necesariamente debe acarrear; pero en el segundo, la intención es más corta y sólo se limita a que el presidente Peña Nieto renuncie.
Lo peligroso de no distinguir entre estas dos intenciones, es que podemos ser objeto de una confusión, y que ello puede llevarnos a lograr la segunda de las intenciones sin hacer nada a favor de la primera. Pues queda claro que si bien uno de los problemas que tiene el país se encuentra en la frivolidad y poco sentido de la solidaridad del Presidente y su grupo gobernante, también queda claro que el problema más importante que tiene la país no es ese, sino la situación de violencia e impunidad que no cede, y que se ha vuelto cotidiana en amplios espacios del territorio nacional.
En ese sentido, el riesgo es mayúsculo si asumimos que es desde la misma clase partidista nacional, de donde se alienta esta intención de tirar al Presidente a partir de los hechos de Iguala. ¿Qué pretenden? Cargarle toda la responsabilidad a Enrique Peña Nieto de la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa para intentar de conseguir su caída. Esto generaría una espiral de cambios políticos que, sin embargo, no pasaría por el replanteamiento de las instituciones, que es donde se encuentra el problema más grave que tiene nuestro país.
En el fondo, ¿qué ganaríamos los mexicanos de a pie si cae Enrique Peña Nieto, y por cualquiera de las variables llegara al poder o Andrés Manuel López Obrador, o Josefina Vázquez Mota, o cualquier otro de los actuales jerarcas o líderes partidistas, que sin dudarlo se apuntarían en la lucha sucesoria si el actual Presidente renunciara? ¿Qué ganaríamos los mexicanos si de todos modos quitando a Peña Nieto y poniendo otro Presidente, las instituciones continuaran siendo las mismas? Evidentemente, no ganaríamos nada. Y eso es lo peligroso, en el fondo, de confundir el problema de Peña Nieto y su estadía en el poder, y su remoción con la pervivencia de la misma podredumbre institucional que es urgente erradicar en nuestro país.
¿UNA REVOLUCIÓN? SÍ
Suena demasiado fuerte, pero en México necesitamos una revolución, y eso queda más claro que nunca. La necesitamos porque independientemente del conflicto armado —ese no lo necesita el país—, lo que urge es un replanteamiento de fondo en la forma en cómo se concibe la supremacía de la Constitución, y cómo el Estado aplica la ley y sanciona ejemplarmente a quien la quebranta.
Esa es la raíz de muchos de los grandes problemas que tiene nuestro país, y en gran medida éstos han subsistido por la colusión de la partidocracia para crear élites, territorios y actividades de excepción, en las que la ley simplemente deja de tener el valor supremo con el que debiera ser respetada, para que ellos puedan ejercer su poder al margen de la ley.
¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que en el auténtico narcoestado que es Guerrero, un Gobernador y un Alcalde emanados de un partido, hayan sido reiteradamente tolerados por un gobierno federal emanado de otro partido, porque políticamente era más viable no molestarlos que perseguirlos? ¿Cómo podemos explicar que Michoacán hubiera llegado a los niveles de colusión y corrupción institucional que recientemente vimos, sin que Presidente, Gobernador, Alcaldes y todas las autoridades —aunque a veces lo olvidamos, todas están obligadas a cumplir la ley, y para eso protestan la Constitución cuando asumen cualquier cargo público— relacionadas hicieran algo para evitarlo?
Más bien, lo que es evidente es que en este país, y en este momento, todas las autoridades, todos los partidos, todas las élites políticas y quienes tienen relación con el ejercicio del poder, se coludieron, se hicieron cómplices, y se pusieron de acuerdo para que la ley dejara de cumplirse. Esto es trágico. Y de esto son cómplices el PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos políticos, porque todos han participado en los mismos cálculos políticos de los que todos se han beneficiado; y porque todos han cedido espacios, todos los han exigido, y todos se han aprovechado de que no existe un contrapeso ciudadano que los obligara a cumplir con la ley que juraron respetar.
Por eso México sí necesita una Revolución. Un gran movimiento —no armado, porque no es necesaria una guerra para hacer una Revolución— que tenga como fin establecer un nuevo orden jurídico, y renovar las reglas de la convivencia en este país. En la Revolución cargarían responsabilidad Peña Nieto, pero también todos los partidos, que hoy para tratar de esconder su propia responsabilidad están tratando desesperadamente de echarle toda la culpa al Presidente, a ver si con eso salen ellos bien librados y continúan gozando de los espacios de impunidad que hasta ahora han tenido.
¿Y LOS PROMOTORES DEL VOTO NULO?
Todos aquellos que en otros momentos llamaron a no votar, o a nulificar los votos, debieran salir ahora. Debieran demostrar civilidad y patriotismo sosteniendo esas supuestas convicciones en estos momentos de crisis. En su momento, también llamaron al voto nulo para beneficiar un partido. ¿Dónde están esos demócratas? ¿Dónde están esos que dicen estar a favor de las mejores causas del país, pero que sólo continúan callados?
