Gobierno evade y espera que la solución llegue sola
Una pregunta que sigue latente en el panorama local y nacional, es qué rumbo lleva el movimiento popular que, se supone, encabeza —y debiera encauzar— la inconformidad nacional. A diferencia del pasado, la apuesta del gobierno federal es únicamente la de apostar a que la crisis se diluya por el solo paso del tiempo, y que al final sea la dinámica y los problemas cotidianos los que permitan “superar” la crisis de los desaparecidos. Esta es una apuesta tibia frente a un país en el que sólo el gobierno no entiende que Ayotzinapa no fue la causa de fondo, sino el detonante de un conjunto de situaciones que ya estaban ahí.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo el gobierno federal comienza a claudicar en todas sus posiciones políticas. El Pacto por México, por ejemplo, fue ideado como un instrumento político que le diera cauce a las reformas. Era, en esencia, un pacto entre partidos para hacer funcionar al Poder Legislativo en ciertos temas. Y una vez que el acuerdo fue firme, entonces se le dotó de contenido político, intelectual y hasta ideológico. El producto del Pacto fueron las reformas educativa, política, de telecomunicaciones, fiscal, energética y de transparencia. Todo eso salió a pedir de boca. Sin embargo, esa misma situación habría que verla hoy a la luz de la crisis.
El resultado de esa visión nos llevaría irremediablemente a corroborar que el gobierno hizo muy bien su trabajo en esa primera parte de las reformas, pero que lo está haciendo mal en el proceso de la implementación. La muestra de ese fracaso es la puesta en marcha de las nuevas reglas en materia de educación. El gobierno federal anunció que se acabarían todos los vicios y cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la educación. Pero a la vuelta de un año (y teniendo como marco la crisis de los desaparecidos, su pérdida de legitimidad, y la intensificación de las movilizaciones magisteriales) terminó pactando con sus adversarios para inaplicar la reforma en varios estados de la república.
¿Qué significa esto? En términos sencillos, es la claudicación de la reforma educativa, pero en medio de un escenario que es mucho más complejo. El gobierno federal, en realidad, intentó quitarse de en medio a uno de los principales protagonistas de las protestas por los desaparecidos en Iguala. El problema es que el costo que pagará el gobierno por equivocarse de grupo y de solución, será particularmente alto no sólo para ellos sino para el país.
Las razones están a la vista: pactar con la CNTE la inaplicación de la reforma educativa no resuelve las demandas del magisterio disidente del sureste del país; del mismo modo, ese pacto no va a generar desmovilización porque las causas de los maestros de la CNTE y la de los desaparecidos formalmente no son las mismas; este fue un pacto a favor de la nada porque pactar con la CNTE no significa que ésta se convierta en aliada del gobierno federal, o que vaya a generar un ambiente de concordia entre el gobierno y los grupos que protestan en su contra.
A lo mucho, lo que va a pasar es que habrá un periodo relativamente corto de paz, y que después todo regresará a la misma situación de siempre: un magisterio pujante, eternamente inconforme, exigente de respuestas y soluciones que el gobierno no le podrá dar, y dispuesto a continuar eternamente en la movilización como forma de presión —y de evasión— para no cumplir con las responsabilidades para las que fueron contratados.
LA CRISIS DE FONDO
El gobierno federal no conseguirá nada pactando con la CNTE, porque la Coordinadora no es representativa de un sector amplio de la población, sino que junto con sus causas legítimas tienen también muchos intereses económicos, políticos y gremiales que los hacen ser frontales en sus métodos de lucha. Son, en buena medida, oportunistas que están aprovechando una crisis que tiene mucho más de fondo. ¿Cuál es?
La crisis de fondo no tiene que ver sólo con los desaparecidos. De hecho, Ayotzinapa no constituye el fondo de la inconformidad nacional, sino más bien fue el detonante de una inconformidad que no solamente incluye el rechazo a los excesos de la fuerza pública o a su responsabilidad por la violencia en el país, sino que también pasa por el prolongado periodo de crisis económica que ha padecido la población, aderezado por la pobreza y marginación crecientes, y las pocas expectativas de que algo distinto ocurra en los próximos meses, o años, para aliviar esa situación.
El problema es que la inconformidad corre en dos bandas que parecen ser paralelas y distantes, pero que fácilmente pueden confundirse. En una de las bandas está la inconformidad liderada por la CNTE y otras organizaciones, que envueltos en la bandera de los desaparecidos y la violencia en el país, están yendo a negociar con Gobernación la satisfacción de sus propias demandas. El ejemplo perfecto de ello es la Coordinadora, que ya fue a pactar sus necesidades a cambio de desmovilizarse, como si ellos aglutinaran a la conciencia nacional o fueran representantes genuinos del movimiento popular.
En la otra banda se encuentra la gente, que está legítimamente indignada, y que exige cambios. A raíz de los desaparecidos ha habido todo tipo de manifestaciones de rechazo a la violencia, y de exigencia de justicia, y la presentación con vida de los desaparecidos. El problema es que esa gente inconforme se diluye frente a los grupos organizados, e incluso rechaza ser confundida como simpatizante de la Coordinadora o alguno de los otros grupos que están abrazando la protesta para satisfacer sus propios intereses.
Al final, el gobierno se está equivocando porque apuesta a pactar con los primeros, y desoír a los segundos. Esto significa que el gobierno federal pactará lo que sea necesario con todos los grupos que le están haciendo presión hoy en día, y resolverá sus problemas de corto plazo, aunque en la perspectiva amplia esto constituya la claudicación en la voluntad de cambio. Lo preocupante es que con esta solución los problemas seguirán ahí, latentes, y quizá haya que esperar un nuevo detonante para ver si entonces las cosas cambian.
LOS DISTRACTORES
El gobierno federal le apuesta a que la gente olvide. Sí, por eso el Presidente no anunció grandes cambios y tampoco pretende ir a fondo para combatir la corrupción y los excesos institucionales. Más bien esperan que las elecciones y los problemas cotidianos diluyan la inconformidad y hagan que la población regrese a donde estaba antes de Ayotzinapa. Se equivocan. Pero esa es su apuesta.
