+ El modelo, contrario a resultados de usos y costumbres
Preocupa mucho que en Oaxaca los poderes Ejecutivo y Legislativo sigan perdidos en la discusión de temas banales, y pongan tan poca atención a otros que siendo torales, siguen intactos. Uno de ellos es el de la adecuación de las normas estatales a las federales en el marco de la propuesta presidencial de la desaparición de las policías municipales, y el establecimiento de una policía estatal única en cada entidad federativa. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno, el Congreso, y los propios Ayuntamientos, frente a un tema que no parece ser del todo útil para una entidad como la nuestra.
En efecto, a estas alturas, es evidente que el gobierno federal debe responder a una pregunta en específico ante su propuesta de unificación de las policías municipales en una sola corporación estatal, en entidades como la nuestra donde existen municipios de usos y costumbres: ¿Cómo harán transitable su reforma si dichas comunidades prefieren continuar con sus propios esquemas de seguridad? Y, sobre todo, y a la luz de las cifras, ¿bajó qué argumento desaparecerán a las policías municipales en esos municipios donde los propios indicadores revelan que sí cumplen con su cometido, y sí logran satisfacer la ansiada percepción de seguridad que no se logra en la mayoría de las regiones del país?
Pues resulta que en el marco de su plan para el rescate del Estado de Derecho, a finales de noviembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto propuso desaparecer a las corporaciones policiacas dependientes de los municipios en México, y crear en su lugar una sola corporación policiaca estatal por cada entidad federativa. La propuesta recibió los aplausos de los presentes, quizá porque entre la concurrencia no había quien tuviera una visión distinta de la presidencial, o porque en ese momento nadie tomó en cuenta que México no es un país homogéneo, y que por eso aquí la igualdad se funda justamente en el reconocimiento constitucional de las distintas minorías étnicas que existen en el territorio nacional. Esas minorías también tienen derechos. Y es ahí donde —como lo apuntábamos en nuestra entrega del 2 de diciembre pasado— se ve el primer gran choque entre la propuesta presidencial y la realidad. ¿De qué hablamos?
De que según la propia Constitución, y las leyes federales, hoy en día la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno indistintamente. Esto significa que en las tareas relacionadas con la seguridad pública la Constitución no establece marcos de subordinación ni de sujeción de un ámbito de gobierno hacia otro, sino que establece una clara relación de coordinación entre ellos, para las distintas tareas que se establecen en la última parte del artículo 21 constitucional.
Frente a todo esto, la propuesta de crear Policías Estatales únicas y desaparecer las policías municipales, en realidad parece como la “evolución” del mando único y su consolidación en una sola fuerza. El problema es que no en todos los estados de la República existen corporaciones policiales municipales más o menos unificadas, y tampoco en todas las entidades federativas existen autoridades municipales uniformes, regidas únicamente por las normas emanadas del proceso legislativo, que no tomen en cuenta la costumbre o desarrollen su gobierno en base a sus sistemas normativos internos. Ese es el caso de Oaxaca, pero también de varias otras entidades federativas en donde el reconocimiento de sus pueblos originarios obligadamente llevaría esta discusión a otros ámbitos.
¿Cuáles? Los de la necesidad no sólo de que los Poderes Federales impongan a los pueblos determinaciones que involucren la desaparición de sus policías municipales —o de las corporaciones tradicionales de seguridad que existen en muchas comunidades, y que no son precisamente policías municipales, sino cuerpos de topiles, vigilantes, y demás—, sino que éstos tengan la posibilidad de participar en ese tipo de decisiones. Todo esto se agrava ante el hecho de que las cifras revelan que los esquemas de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres es más eficaz que los de los demás municipios en México.
LAS CIFRAS
México Evalúa (http://bit.ly/1Eng58y) ofrece algunas cifras que revelan la necesidad de que la reforma en materia de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, pase necesariamente por la consideración de la realidad. Tomando como base a nuestro estado, hace revelaciones importantes.
Dice, por ejemplo, que a partir del análisis de cifras puede apreciarse que las mayores divergencias entre municipios con partidos políticos y de usos y costumbres están asociadas a la actividad de los cárteles de droga, específicamente, con pandillas o la venta y uso de armas de fuego. También se observa, dice México Evalúa, una menor percepción de los delitos de prostitución y secuestros en municipios de usos y costumbres. En cambio, no se ven diferencias significativas en cuanto a consumo de alcohol y drogas, robos o piratería, lo cual implica que las comunidades con usos y costumbres no están exentas de tener este tipo de problemáticas sociales.
Otro indicador revelador, es que a nivel estado no hay diferencia en las percepciones de inseguridad entre individuos de los municipios con usos y costumbres (75.3% se siente inseguro) y los regidos por partidos (75.4%). Sin embargo, a nivel de colonia, solamente un cuarto de los individuos que viven en municipios de usos y costumbres (25.1%) se sienten inseguros, mientras que esa proporción es de dos quintas partes (42.6%) en los regidos por partidos. Conforme más se extiende la jurisdicción política, más inseguros se sienten los oaxaqueños regidos bajo el sistema de usos y costumbres.
LECCIÓN INATENDIDA
Una de las conclusiones más notables a las que llega México Evalúa con este análisis realizado en Oaxaca, es que la labor policial en los municipios regidos por usos y costumbres ha permitido que las conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico sean mucho menos frecuentes y los ciudadanos se sientan más seguros. Los cuerpos policiales municipales de usos y costumbres, con su enorme complejidad, diversidad y presuntamente debilidad, pueden ofrecer lecciones importantes sobre cómo crear una comunidad política, una República, donde nos sintamos más seguros y confiados de nuestra policía. El pequeño gran problema es que esta discusión simplemente no existe en la escena pública de nuestro estado.
