Comisión, sin dientes; el reto, que logre acreditarse
El ex gobernador Ulises Ruiz sostiene categórico, y se ufana, de que no le preocupan los posibles resolutivos de la Comisión de la Verdad, porque los hechos relacionados con el conflicto magisterial ocurridos en 2006 y 2007 ya fueron indagados por la Procuraduría General de la República, y ésta ya lo exoneró. El ex Mandatario revela, con esos argumentos, que él sólo le teme a la cárcel, pero no a la revisión de los hechos; y que, en el fondo, uno de sus “escudos” se encuentra en la predecibilidad de los resultados que arroje la valoración de hechos que está haciendo la Comisión de la Verdad.
En efecto, en la edición del lunes de TIEMPO, se daba cuenta de declaraciones del ex gobernador Ruiz frente a los trabajos de la Comisión de la Verdad. “Estoy tranquilo y trabajando”, fue su respuesta, al dejar entrever que no tiene miedo de los resultados que emanen de la Comisión de la Verdad, pues a su consideración, los hechos ya fueron investigados en su momento por la PGR durante la administración de Felipe Calderón.
Ruiz Ortiz fue denunciado en su momento por varias organizaciones, entre ellas, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, quien lo acusó de ser el presunto responsable de delitos como tentativa de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad; sin embargo, el ex Mandatario se escudó en “no tener la información necesaria” que le permitiera dar una opinión sobre la conformación de la Comisión, al tiempo que indicó que la PGR ya hizo todos los procedimientos, por lo cual “está tranquilo”.
Incluso, en esa lógica, el ex Gobernador pudo haber también mencionado que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya indagó los hechos, que de todos modos no pasó nada, y que por eso él se encuentra más tranquilo que nunca. Es cierto: no pasó nada, porque la facultad de investigación de la Corte no incluía la posibilidad de que sus conclusiones sirvieran para instaurarle algún tipo de juicio de orden jurisdiccional. Sin embargo, ello no borra la realidad de que las conclusiones de la Corte fueron de tipo acusatorias, y que ésta determinó que el entonces gobernador Ruiz Ortiz sí era responsable de violaciones graves a los derechos fundamentales cometidas durante el conflicto social de 2006.
¿Qué significa todo esto? Primero, que el ex gobernador Ruiz sí está convencido de que su única preocupación real es la de ir a la cárcel, y que eso está totalmente fuera de lo que puede conseguir la Comisión de la Verdad. Segundo, que como ese es su único temor, entonces Ruiz Ortiz no le teme a que se llegue a determinar la verdad, que revele las graves violaciones a derechos fundamentales ocurridas durante su gobierno, a partir de la certeza de la realidad de ciertos acontecimientos, ocurridos en un tiempo y espacio determinado, y corroborados por diversos medios de prueba.
Esa irrelevancia que tiene para Ruiz la posibilidad de llegar a una certeza de verdad respecto a los acontecimientos relacionados con el conflicto social de 2006 y 2007, es sólo muestra de su falta de escrúpulos y de valoración al escrutinio que pudiera hacerse de su gestión. Es, pues, una muestra de egoísmo que revela que mientras no se le moleste en su persona o bienes, se puede decir lo que sea de su gestión, y que ni siquiera la verdad —o su paso a la historia como gobernante— le preocupa.
EL AUTODESCRÉDITO DE LA COMISIÓN
Lo más grave es que Ruiz parece seguro de que finalmente la Comisión de la Verdad terminará desacreditándose sola. Y en su apuesta a la predecibilidad de los resultados acusatorios de la Comisión en su contra, centra su paradójica defensa. Y es que resulta que si el objetivo de toda Comisión de la Verdad es justamente esa (conocer la verdad sobre un conjunto de hechos ocurridos en un tiempo y espacio determinados), entonces esa Comisión debe estar dotada de una serie de atributos que en este caso no ocurrieron.
Pues toda Comisión de la Verdad debe brindar a la sociedad, certeza sobre su profesionalismo, imparcialidad, profundidad, exhaustividad y capacidad de análisis, entre otras cuestiones. Y el problema es que en este caso, la conformación misma de la Comisión deja más dudas que certezas sobre la autonomía, imparcialidad y equidad de su trabajo, al haber sido integrada por personajes que públicamente han sido detractores del ex Gobernador, y que además no han ofrecido a la sociedad certeza alguna sobre el método utilizado para realizar su trabajo, y la forma en cómo van a llegar a las conclusiones que en su momento habrán de presentar como la verdad histórica de los acontecimientos ocurridos en el periodo antes mencionado.
A eso, tristemente, le apuesta el ex gobernador Ruiz: a que la Comisión caiga por su propio peso; a que las dudas que pesan sobre ésta le permitan evadir las responsabilidades que él debiera enfrentar; y a que finalmente ésta sea la última oportunidad perdida para someterlo no a un juicio penal, sino al juicio público e histórico frente a la sociedad oaxaqueña, mexicana e internacional, por su responsabilidad en los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial.
Este es un aspecto esencial que ha sido cuestionado desde el inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad. Es lamentable que al final esto parezca un circo más orquestado con fines electorales. Y que después de tantos vericuetos se terminen satisfaciendo, por un lado, los maniqueos apetitos políticos de quienes decidieron conformar esta Comisión de la Verdad en las condiciones que se dio; y que por el otro, los bribones terminen premiados con una impunidad que pasa por la imposibilidad —o la oportunidad perdida— de verdaderamente conocer la realidad de un conjunto de hechos.
Ulises Ruiz debiera tener no sólo temor a la cárcel, sino también al juicio histórico. Pero eso no le preocupa porque en estos tiempos de amoralidad ese no es un elemento clave para el ejercicio de la política en nuestro país.
ADIÓS, ESTEVA
Cuando se pidió por primera vez su salida, a Alberto Esteva lo sostuvieron por una decisión política de fuerza. Es decir, para que el Gobernante demostrara que no decide en función de lo que quieren los demás. Pero estos trece meses fueron de crisis permanente en la SSP. Al final, Esteva demostró no sólo que no sabía de seguridad, sino que es un pésimo político. Y así terminó, saliendo por la puerta de atrás del Gobierno del Estado.
