+ En DF repliegan a S-22 y no pasa nada, ¿Y por qué aquí sí?
El repliegue que ayer realizaron elementos de las policías federal y del Distrito Federal de los profesores de la Sección 22 del SNTE que bloqueaban una de las principales arterias viales de la capital del país, ocurrió como un mero incidente aislado. Allá, los profesores entendieron —no sin resistencias— que la acción de fuerza de todos modos habría de ocurrir, y finalmente optaron por regresar al campamento que les permitieron instalar en inmediaciones del Monumento a la Revolución. ¿Por qué allá sí entendieron los maestros el mensaje de las autoridades, pero en Oaxaca por menos que eso acusan represión?
En efecto, la pregunta no es ociosa. Más bien, lo que salta a la vista es la doble moral que priva en la organización de las inconformidades magisteriales, y la desproporción de sus propias actitudes. Pues en la capital del país los profesores no se encuentran en su territorio de dominio, y a pesar de que la Secretaría de Gobernación ha actuado con muchísimo tiento respecto a los profesores oaxaqueños, esto no impidió que la policía se les plantara para frenar toda posibilidad de que continuaran afectando los derechos de terceros.
El asunto es relevante. Pues pareciera que, por un lado, Oaxaca es territorio escriturado a los profesores de la Sección 22 del SNTE; pero también pareciera que, en el otro extremo, la misma sociedad está totalmente desanimada a continuar exigiendo que la autoridad cumpla con su deber de proteger los derechos de la colectividad. Eso es lo que, al final, parece estar determinando que en la Ciudad de México las fuerzas del orden actúen no para impedir que los profesores se manifiesten, pero sí para que con ello lesionen los derechos de los que nada tienen que ver con sus protestas.
Y es que basta con ver la reacción de la mayoría de la ciudadanía de la capital del país, e incluso de los medios informativos y las redes sociales, para corroborar que ahí la presión social sí incide en las decisiones que toma la autoridad. Desde que los profesores oaxaqueños llegaron a la capital de la República el lunes pasado, la ciudadanía fue enfática con sus autoridades en la conminación a que las autoridades buscaran los mecanismos —de concertación o de fuerza— para evitar que las protestas magisteriales se convirtieran en ocasión para el daño a los habitantes.
Por esa razón, desde el primer momento la policía de la Ciudad de México impidió que los profesores de la Sección 22 ingresaran a la plancha del zócalo capitalino, y más tarde —ese mismo lunes— les advirtió que de no desalojar las calles que habían ocupado, sería la fuerza pública quien los obligaría a retirarse.
Incluso, aunque en un primer momento la Secretaría de Gobernación se pronunció por evitar cualquier posibilidad de desalojo violento, finalmente tuvo que reconocer que el Gobierno de la Ciudad de México se encontraba en su derecho de desalojarlos, y terminó mostrándose de acuerdo a que el gobierno de la capital tomara sus propias determinaciones para mantener el orden público, cuestión que quedó refrendada ayer cuando de nueva cuenta los integrantes de la Sección 22, fueron desalojados de Paseo de la Reforma.
Tomemos en consideración algunas cuestiones: el gobierno de la Ciudad de México es de izquierda; ha tenido, además, cierta identidad ideológica con algunos de los temas que el magisterio ha llevado a la capital del país; y tiene encima la presión social de grupos abiertamente a favor de la Sección 22, porque responden al lopezobradorismo, que a su vez es simpatizante mutuo con el magisterio democrático oaxaqueño.
¿Por qué a pesar de todas esas circunstancias, el gobierno de Miguel Ángel Mancera decidió actuar? Porque, queda claro, la ciudadanía se lo exige; y porque cuando no lo hizo, los reproches fueron frontales.
CIUDADANÍA APAGADA
En Oaxaca, por el contrario, sería impensable que la policía evitara el ingreso de la Sección 22 del SNTE a una plaza pública o una vialidad, para instalar un plantón en protesta por algún tema. Sería impensable que el magisterio asumiera con civilidad que sus acciones son desproporcionadas, y decidiera retirarse pacíficamente a un espacio previamente pactado, ante la presencia policiaca; y sería casi imposible que en sus acuerdos tuvieran algún viso de consideración hacia la ciudadanía.
Más bien, aquí la Sección 22 hace lo que quiere. Lo hace porque el mismo gobierno estatal se ha manifestado incapaz de hacerle frente. Pero también porque el magisterio sabe que el gobierno aquí no le teme al rechazo ciudadano, simplemente porque éste no alcanza a ser lo suficientemente fuerte como para traducirse en una censura unánime, y porque el propio gobierno tampoco está muy preocupado por lo que la ciudadanía opine.
Y es que resulta que en Oaxaca pueden pasar cosas tan inverosímiles, como que la Sección 22 se instale en plantón, y se indigne, y hasta defienda, a un delincuente y manipulador consumado como Adán Mejía, que para lo que les servía era para mantener el control de los vendedores ambulantes que ellos mismos llevaron al zócalo de Oaxaca para “coberturar” sus protestas; o que la 22 se asuma fehacientemente como el “pueblo de Oaxaca” ante la mirada impasible de la mayoría de la ciudadanía que simplemente no dice nada frente a los atropellos.
¿Por qué al gobierno no le preocupa escuchar a la ciudadanía? Porque en las elecciones sigue ganando los espacios que considera necesarios para mantener su estabilidad. Porque, además, se ha encargado de desalentar la protesta ciudadana para cuidar el monopolio de la inconformidad que hoy tienen el magisterio y algunas organizaciones. Y porque en el fondo le ha enviado el mensaje a la ciudadanía de que protestar no sirve de nada. Por eso los oaxaqueños nos tragamos las consecuencias de las protestas de la misma forma en que aceptamos la corrupción, la impunidad y tantos otros males que hoy nos tienen en una situación que para otra sociedad fuera francamente insostenible.
REPUDIADOS
El problema es que la ciudadanía en Oaxaca le tiene tanto miedo, o más, a la Sección 22 que la que le tiene el gobierno. Por esa razón no se atreve a manifestarse en su contra; por eso no exige; por eso no le hace ver a la 22 que sus acciones son tan condenables que deben dejar de hacerlas. Pero en la Ciudad de México, donde el magisterio es rechazado y la ciudadanía exige de verdad sus derechos, parece que la 22 hasta comienza a tener rasgos de querer actuar “civilizadamente”.
