marzo 2015

Anarquía en Oaxaca: el cambio debe venir también de oaxaqueños

+ Llamado católico, básico para una ciudadanía que está extraviada

En Oaxaca los ciudadanos estamos tan convencidos de que todos los problemas los debe resolver el gobierno, que por eso todos los días nos hemos acostumbrado a vivir en un clima de anarquía y desorden sobre el que nadie se responsabiliza. Hemos tomado la posición cómoda de ser inconformes de escritorio (o de redes sociales) pero sin asumir que una verdadera ciudadanía necesariamente tendría que pasar por tomar parte de los problemas, y no sólo contemplarlos. Mientras no entendamos eso, seguiremos acostumbrados (y resignados) a vivir frente a la misma circunstancia caótica de siempre.

En efecto, erróneamente ha habido una tendencia casi permanente de negar la existencia de la sociedad civil en México. Quienes defienden esa idea, aseguran que la idea de la sociedad civil fue sólo un invento de algunos sectores interesados en participar en los asuntos políticos del país disfrazados de ciudadanía. Por eso, dicen, la sociedad civil es una falsedad que intenta sólo enmascarar intereses específicos que no son los de la mayoría. Esta es una idea errónea y malintencionada, que en realidad ayuda a sostener el caos y la desidia ciudadana —e incluso alimenta su participación— en los problemas comunes. ¿Por qué?

Porque bajo esa idea se ha desalentado la necesidad de participación de la ciudadanía en los problemas comunes. A la ciudadanía se le ha hecho creer que sólo los problemas que son de su ámbito personal, son de su incumbencia, pero que todo lo que no lo perjudica directamente debe ser resuelto por otros. De ahí puede explicarse que sea cada vez mayor la tendencia a que el ciudadano común no se asuma como parte de un problema general, y casi siempre busque a otros responsables de los problemas que son públicos, comenzando por el gobierno. El gobierno, para el oaxaqueño de a pie, es quien tiene la culpa de todos los problemas, y es asimismo quien debe resolverlo todo. En ese estado de comodidad, no hay razón para intervenir o participar en los temas comunes, y tampoco ha habido capacidad para aprender a razonar, intervenir, y hasta quejarse, por los problemas que son de todos.

Ejemplos de ello, tenemos de sobra. El gobierno, por ejemplo, enfrenta un sinfín de problemas que hoy en día no puede ni quiere resolver. Desde hace bastante tiempo, el gobierno ha sido un simple administrador de los recursos que recibe, y un receptor de quejas e inconformidades. Lo más que ha llegado a ser, es un canalizador y gestor de algunas soluciones coyunturales. Pero desde hace mucho tiempo perdió la capacidad de ser un verdadero articulador de la gobernabilidad y del desarrollo de la entidad, y de poder resolver de fondo algunos de los problemas más complejos de la ciudadanía.

De esta forma, lo que parece es que estamos en una especie de cuello de botella, en el que nadie tiene capacidad de resolución, y tampoco nadie la exige. Hoy en día pareciera que el gobierno claudicó en su deber de ser el conductor de la vida pública, y la ciudadanía en ser un promotor de la intervención en esos asuntos públicos. En el vacío, quien ha tomado el control, son los grupos organizados que sí tienen intereses bien encaminados, y que se arrogan la representación (y la defensa de los intereses) de los ciudadanos, que nadie les ha dado.

LO PÚBLICO ES DE TODOS

Es un problema grave que no tengamos la claridad para asumir que los asuntos públicos son de todos. Uno de esos indicadores, es el hecho de que se supone que en los temas más sensibles de la vida pública, debemos participar los ciudadanos y no el gobierno. ¿Un ejemplo? Las elecciones. Éstas, se supone, constituyen una de las máximas expresiones de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Sólo que como los ciudadanos tenemos muy poca disposición para participar, y no tenemos ninguna cultura de inconformarnos, quejarnos y tomar el control de las situaciones, entonces dejamos que otros lo hagan.

¿Qué no alcanzamos a ver, por ejemplo, que en realidad el amague de la Sección 22 del SNTE de boicotear el proceso electoral, es una afrenta no sólo para el gobierno sino sobre todo para los ciudadanos, que se supone que somos los encargados de organizar y vigilar la jornada electoral? Si vemos con cuidado lo que dijo la Asamblea de la Sección 22 hace algunos días, ellos no hablaron de boicotear el proselitismo político, o de impedir que los candidatos hicieran campañas, o algo por el estilo. Específicamente se refirieron a la jornada electoral y dijeron que irían a boicotearla a partir de, por ejemplo, no permitir que las casillas electorales se instalaran en escuelas e instalaciones educativas. Por eso, en el fondo, la afrenta es contra los ciudadanos, y no sólo contra el gobierno o el régimen gobernante.

¿Y dónde estamos entonces los ciudadanos? ¿Cuándo tomaremos conciencia de lo que nos corresponde hacer? ¿Cuándo asumiremos que buena parte de la solución a estos problemas comunes parte del hecho de que nosotros mismos reasumamos nuestra responsabilidad y compromiso? ¿Cuándo tomaremos conciencia de que los asuntos públicos sí son de alguien, nosotros, justamente porque son de todos?

Acaso en esa lógica debiéramos atender también al llamado que recientemente hizo el arzobispo José Luis Chávez Botello, quien ante el inicio de Campaña y próximas Elecciones, plasmó en un llamado público, lo que él entendió como “el clamor de muchos ciudadanos, apoyados en el corazón generoso y buena voluntad de la mayor parte de los oaxaqueños”, para hacer “un llamado respetuoso a las Agrupaciones, Partidos Políticos, Candidatas y Candidatos que participan en el actual proceso electoral a expresar, de cara a la sociedad, un Compromiso de Civilidad que coadyuve a la generación real de un clima de seguridad y respeto y que, desde su convicción personal, abone a la Reconciliación y a la Paz de nuestro Estado también. Confiamos en su buena voluntad y en su amor a Oaxaca”.

ABONAR A LA PAZ

De eso se trata justamente: de que seamos un factor de cambio y no de persistencia de los vicios que nos lastiman como sociedad. Si cada uno toma conciencia de su propia importancia, y de la necesidad de su participación en los asuntos de todos, entonces nuestra sociedad comenzará a andar por un camino distinto al actual. De eso se trata. De dejar de ser apáticos y de despertar la verdadera conciencia como sociedad civil, que tanto necesita nuestra entidad de nosotros.

El gobierno federal pierde por no poder reaccionar ante las crisis

+ Conflictos que no eran suyos, absorbidos por una mala estrategia

Aunque a muchos sorprende la baja aprobación del Presidente luego de dos años y cuatro meses de gobierno, por la propia salud de la democracia en México esto debiera ser un aliciente para un mejor gobierno. Hasta hoy, si una gran lección han dejado esos bajos índices de aprobación (apenas el 47 por ciento de la opinión ciudadana ve favorablemente la gestión presidencial, según una encuesta del diario Reforma) es que el gobierno federal pierde por su incapacidad de leer claramente los mensajes mediáticos que han traído aparejados ciertos acontecimientos; pero la expectativa —por el bien del país— debiera apuntar a que el gobierno corrija el rumbo.

En efecto, si hacemos memoria habremos de ver que apenas hace un año el Presidente estaba en la cúspide de eso que algunos llamaron “el momento mexicano”, que más bien parecía “el momento de Peña Nieto”. Ya para el cuarto mes del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto había logrado afianzar las más importantes reformas planteadas en el marco del Pacto por México, y el mundo aplaudía la capacidad conciliadora, integradora y ejecutiva del Presidente mexicano para ocupar su capital político a favor en la creación de consensos con las fuerzas de oposición, y lograr las reformas estructurales que dos décadas estuvieron atoradas en México.

Acaso, la única duda que existía era si el Estado mexicano iba a tener capacidad institucional plena para la implementación de las nuevas reglas en temas como el energético y petrolero, o de la reforma en telecomunicaciones. Pero en aquel entonces nadie hablaba de corrupción, de conflicto de interés, de ineficiencia en la gestión pública, de fracaso económico y mucho menos de posible responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas. De hecho, el llamado “momento mexicano” todavía estaba vigente en septiembre pasado, y la aprobación presidencial estaba muy por encima de la actual. ¿Qué ocurrió entonces?

Que las cosas parecieron descomponérsele al Presidente a raíz del caso Iguala, en donde el gobierno federal le quiso dar tratamiento de un asunto menor, a una cuestión que desde el primer momento se vio como de primera importancia en México y en el mundo. Los once días que el Presidente evitó referirse directamente al tema, y únicamente lo refirió en un par de ocasiones como un asunto que debía dirimirse entre los guerrerenses, fueron proporcionales al nivel de indignación que esto generó entre la ciudadanía, y al tamaño de los argumentos que —válidos o no— comenzaron a esgrimir las fuerzas de oposición en su contra, primero por las omisiones, y después respecto a que el presidente Peña Nieto era directamente responsable de la desaparición de los normalistas.

Luego, frente al desatino no corregido —por el que el Presidente pagó un costo altísimo— vino la revelación de la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente. Mientras la comitiva presidencial viajaba a China, diversos medios dieron a conocer que Angélica Rivera poseía una mansión valuada en más de 80 millones de pesos. Si eso ya parecía grave, lo era mucho más que la propiedad hubiese sido vendida por uno de los contratistas que más obras y licitaciones ganó en el Estado de México cuando Peña Nieto era Gobernador, y que recientemente había ganado —en un marco de poca claridad— la licitación para la construcción del tren rápido México-Querétaro, en una alianza —también extraña, por el hecho de que un gigante asiático se aliara con una empresa mexicana que proporcionalmente era microscópica frente a él— con China Railways.

CREDIBILIDAD MINADA

Esos acontecimientos, sumados a otros que determinaron la precipitación del Presidente, terminaron siendo dinamita para su credibilidad y percepción frente a la ciudadanía. Pareció que el presidente Peña Nieto no terminó nunca de entender que particularmente los hechos de Iguala marcaron un antes y después en la sociedad mexicana, que como nunca exigía que los cambios exigidos permearan en la forma en que el gobierno entendía y procesaba la crisis, y diera luces de esos cambios a profundidad.

No ocurrió. En noviembre el Presidente lanzó un decálogo de acciones que no dejó satisfecho a nadie, porque parecía tratar de continuar evadiendo los temas de fondo, que eran los relacionados con la desconfianza ciudadana, y la exigencia de claridad en ciertos procesos. El gobierno federal, sin embargo, se perdió en sus propuestas pero sin tener la capacidad de clarificar sus intenciones y por apostarle a la posibilidad de “marear” a la ciudadanía sin ofrecer, además, una intención seria y profunda de cambio.

Todo eso se agravó ante los visos de nulo crecimiento. Hace un año, por ejemplo, nadie se hubiera imaginado que un Premio Nobel dijera que “que el crecimiento económico mexicano es, hasta ahora, decepcionante” a pesar de 30 años de reformas en el país”. Eso, sin embargo, lo dijo Paul Krugman la semana pasada frente a empresarios mexicanos, y el propio Presidente, y de cara a la realidad que apunta a que México continúa teniendo un déficit enorme de desarrollo que no se explica en las reformas o en la estabilidad nacional, pero que sí tiene que ver con la desconfianza internacional que hay en contra del grupo que gobierna, el cual refleja improvisación e incapacidad, y no lo que se intentó mostrar al principio como eficiencia y capacidad de acuerdos.

¿Qué ha pasado? Que el Presidente y el gobierno decidieron no cambiar. No lo demostraron en los momentos determinantes —cuando se hizo la propuesta del nuevo Ministro de la Suprema Corte, o cuando se nombró a un fiscal anticorrupción, que siendo subordinado del Presidente se supone que va a indagar el conflicto de interés en el que incurrió su propio jefe— y cada vez se ve más lejos que puedan hacerlo. Por eso el costo que pagan es cada vez mayor. Y por eso no sorprende nada que hoy el gobierno federal, a sólo dos años de iniciado el gobierno, ya tenga en contra a más de la mitad de la población reflejada en encuestas.

VOTO DE CASTIGO

Ayer trascendía la determinación de algunos sectores del perredismo en el Istmo de Tehuantepec, que habían resuelto dar voto de castigo al candidato de ese partido en el distrito de Tehuantepec. ¿Será que sí va en serio el enojo de Félix Serrano Toledo? Está estirando demasiado la liga con sus propios aliados. Después, fructifiquen sus negociaciones, no va a haber forma congruente de que se desdiga …

PRD Oaxaca: los acuerdos y las alianzas, para ellos, no valen nada

+ Es un partido sin autocrítica ni capacidad de sostener sus acuerdos

En el PRD en Oaxaca son tan cotidianas las traiciones y las descalificaciones, que por eso nadie se sorprende de que la decisión por la candidatura a la diputación federal por Tehuantepec haya tenido el ríspido desenlace de la tarde del miércoles. Félix Serrano Toledo y José Antonio Estefan Garfias se trabaron en una disputa innecesaria y estéril por la candidatura, a pesar de que el primero ha sido un amplio beneficiario de la alianza por la que hoy disfruta un cargo público, y que el segundo es simplemente un candidato que le interesa al grupo gobernante. En el fondo, todos quedaron exhibidos por su incapacidad de generar y entender los acuerdos propios de un partido que gobierna, y que no quiere reformarse.

En efecto, por lo menos desde hace dos meses en el PRD hay una disputa abierta por la candidatura a la diputación federal por Tehuantepec. Los dos aspirantes, Estefan y Serrano, se enfrascaron en un jaloneo que desde el inicio reveló la mala calidad de la operación política realizada por el grupo gobernante para dirimir internamente este lío, pero que también dejó ver el tamaño de la ambición de las tribus perredistas, y su impúdica práctica de romper acuerdos y alianzas simplemente por perseguir sus conveniencias.

En ese sentido, vale la pena revisar este diferendo al interior del PRD por Tehuantepec, no a la luz de la democracia sino de los intereses. Estefan es un personaje cercano a Gabino Cué, y era del particular interés de éste que aquel fuera candidato. Por eso primero se exploró la posibilidad de que fuera plurinominal, pero ante las circunstancias nacionales del perredismo, optaron por una candidatura de mayoría relativa. Vale la pena entender, en ese contexto, que el hecho de que un Gobernador quiera tener a sus candidatos dentro del partido con el que gobierna, no es nada nuevo ni rechazado en México. Es una práctica común, que no es democrática, pero que se inscribe dentro del pragmatismo propio de quien busca mantener el poder.

El problema, más bien, se ubicó en la poca capacidad de entender, desde el gobierno y desde las tribus del perredismo, que cuando al Gobernante le va bien, les va bien a todos, y que por eso todos tienen el deber de guardar los equilibrios para que —en términos coloquiales— no terminen siendo todos cómplices de matar a la gallina de los huevos de oro. No lo entendieron en el gobierno, y por eso quisieron hacer una operación política de terracería; y tampoco lo entendió la tribu de los Serrano Toledo, que al pretender conquistar la candidatura para forzar una negociación con los interesados (el gobierno) en que el candidato fuera Estefan, terminó apretando de más.

Y es que sólo quien no entienda eso, puede argumentar que el otorgamiento de la candidatura por Tehuantepec a Estefan Garfias, fue un despojo para Serrano Toledo. Sí pudiera ser, en la medida que finalmente el Comité Nacional perredista forzó una decisión que no favoreció a Serrano, que en apariencia era el favorito. Pero en realidad la razón que se impuso es que los Serrano ahora exigieron una democracia que ellos mismos no han practicado en el pasado frente a decisiones similares en los que ellos han sido indebidamente beneficiados, y que en su testarudez terminaron socavando los acuerdos recientes por los que ellos mismos alcanzaron posiciones a las que de otra manera no habrían llegado.

UNA TRIBU INCONFORME

Félix Serrano es presidente de la Junta de Coordinación Política con la venia y apoyo del grupo gobernante. La llamada tribu de los “chendos” tuvo simpatía con la facción del senador Benjamín Robles, hasta hace pocos meses cuando éstos decidieron ir por la dirigencia estatal del PRD.

En aquel entonces, los operadores del gobierno convencieron a los chendos para que traicionaran las simpatías que tenían hasta entonces, y convergieran a favor de Carol Antonio Altamirano, que ni de lejos parecía el favorito para ganar la dirigencia estatal. A cambio, hubo otra operación política para inclinar la balanza dentro de la fracción legislativa del PRD en el Congreso local a favor de Félix Serrano para deponer a Anselmo Ortiz García como coordinador de la fracción, y que éste pudiera acceder a la Jucopo.

Aquella maniobra, si la revisamos a detalle, no fue producto de consensos democráticos ni de operaciones políticas ajena a los acuerdos inconfesables. Más bien, fue consecuencia de los pactos que ellos generaron para ganar más espacios a cambio de la venta de su apoyo. Y lo llamativo, es que en este caso hablan de una traición orquestada por el grupo al que ellos apoyaron, gracias a otra traición.

Es decir, que fueron víctimas de sus mismas prácticas y vicios, gracias a los cuales tanto Félix como su hermano Rosendo son diputados, y en otros momentos lo han sido otros integrantes de su familia, sin que esas decisiones hubieran pasado por consensos democráticos o por el tamiz real del voto de la ciudadanía en cada uno de los casos.

Finalmente, si el disenso es real y de fondo, lo que le queda a Félix Serrano es acudir ante las instancias jurisdiccionales a defender su aspiración, aunque ello signifique una ruptura todavía más profunda con el grupo gobernante. Éste supo desde el inicio que Serrano manifestó su aspiración por la candidatura de Tehuantepec para forzar a una negociación política de la que él pudiera salir beneficiado, ya que siempre fue sabedor que era una determinación política del Gobernador, que el abanderado fuera José Antonio Estefan Garfias, y nadie más.

Si Serrano hace eso, entonces por sola congruencia tendría que demostrar su alejamiento del oficialismo, y generar una postura de verdad independiente dentro del Congreso, y en su actuación como diputado. No lo va a hacer porque, como lo apuntamos antes, no va a ser él quien mate a la gallina de los huevos de oro, al menos para su tribu. Más bien, lo que parece que terminó buscando es una posición de dignidad porque a éstas alturas quién sabe si haya logrado concretar la negociación a la que realmente aspiraba desde un inicio.

INCERTIDUMBRE

Lo más curioso es que Serrano y Estefan pelean por algo incierto. No hay certeza alguna de que el PRD pueda ganar la diputación federal por ese distrito, y esta división —innecesaria y terca— sí les terminará restando activos a todas las corrientes perredistas en aquella región. Traspasaron el punto sin retorno. Y ya después verán las consecuencias.

Boicot de S-22, no es riesgo para comicios: es su participación en ellos

+ No gana AMLO; gana el grupo gobernante al “recuperar su inversión”

Esa avidez por alimentar el morbo y el fatalismo, es lo que ha llevado a varios medios informativos de la capital del país a errar la lectura del llamado al boicot de los comicios de junio próximo que recientemente lanzó la Sección 22 del SNTE. En su lógica, varios medios y analistas procesaron el llamado de forma lineal. No alcanzaron a ver que, en realidad, con esa determinación la 22 está anunciando su participación en el proceso electoral, y la alineación de sus intereses con el grupo gobernante local, que urgentemente necesita “recuperar la inversión” del costo político por respaldarlos incondicionalmente frente a la reforma educativa.

En efecto, la Asamblea Estatal de la Sección 22 acordó el fin de semana pasado lanzarse al boicot de los comicios de junio próximo. En el Acuerdo 29 del documento de Acuerdos, Tareas y Pronunciamientos emanados de su encuentro celebrado el pasado 20 de marzo, puede leerse textualmente lo siguiente: “Esta Asamblea acuerda iniciar con el boicot a las elecciones federales trasladando el plantón estatal para la toma indefinida de las oficinas de los doce distritos electorales del INE y anuncia que no permitirá la instalación de casillas en las escuelas del Estado hasta lograr la solución a todas las demandas del MDTEO por parte del Gobierno Federal y Estatal”.

Entendido este acuerdo de forma lineal, lo que se entiende es lo que literalmente dicen las palabras: que el magisterio democrático oaxaqueño boicoteará los comicios actuando de dos formas: trasladando el plantón estatal a la toma de las oficinas del INE en los once distritos electorales (el documento erróneamente señala doce); y no permitiendo que se instalen casillas electorales en instalaciones escolares en poder de trabajadores de la Sección 22.

Sin embargo, a pesar de lo ruidosa que puede ser esta determinación en un contexto nacional, en el que sí hay varios estados en donde las elecciones están en entredicho por la violencia social o por la alta criminalidad, en este caso la determinación de la Sección 22 debe leerse como el anuncio de su participación —nada nuevo en el escenario político oaxaqueño— en el proceso electoral, y no necesariamente como el boicot literal a los comicios.

Pues resulta que como todo grupo determinante en la gobernabilidad de un estado, la Sección 22 también participa en todos los procesos electorales estatales, pero no de la forma tradicional que todos conocemos. Es decir, nunca en su historia la Sección 22 ha resuelto apoyar directa y abiertamente a un candidato o partido político, sino que su participación siempre debe entenderse por exclusión de sus determinaciones. ¿Qué significa esto?

Que desde hace años, la 22 participa en los procesos electorales locales a través de dos vías: anunciando el boicot general a los comicios, o anunciando campañas de “voto de castigo” para algún partido, o conjunto de partidos, con los que ellos no están de acuerdo. Sólo que cualquiera de esos dos acuerdos no debe entenderse de la forma literal y tajante que parece, y por ende uno no debe limitarse a suponer que esa será su participación en los comicios, o que su intención de fondo es impedir que éstos ocurran.

Más bien, afirmamos que la participación de la Sección 22 en el proceso electoral debe entenderse por exclusión, a partir de que sus intenciones de fondo deben interpretarse en sentido contrario a lo que linealmente afirman.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Esta determinación, además, debemos entenderla en un contexto distinto al nacional: aquí no hay una amenaza real al proceso electoral por violencia social o criminalidad; y aunque lejanos, la Sección 22 y el grupo gobernante local, siempre han sido aliados. Éste último ha invertido gran cantidad de su capital político en respaldar incondicionalmente las determinaciones de la Sección 22. Y si tomamos como base que la lucha permanente de quien ya tiene el poder, se centra en conservarlo e incrementarlo, entonces resulta lógico que esta sea un momento clave para que el magisterio respalde al régimen en su necesidad de mantener los mayores espacios de poder posibles de cara al proceso electoral que se avecina.

En ese sentido, el grupo gobernante tiene particular interés en que fuerzas distintas al PRI retengan la mayor cantidad posible de diputaciones federales. Hoy en día, entre el PAN y el PRD, detentan 10 de las 11 diputaciones federales. Eso, en términos políticos, significa que el PRI está borrado totalmente del contexto político, y que entonces la meta del régimen se centra en conservar esas 10 curules, e incluso tratar de blanquear al PRI.

A partir de ese interés debe entenderse la inusitada determinación de la Sección 22 de boicotear las elecciones. Es una simple determinación, que a lo que apunta es a que los maestros alineados con los intereses sindicales comenzarán a trabajar no a favor de un partido o candidato en particular, pero sí para socavar ciertas posiciones que son clave para un posible repunte del partido tricolor en la entidad.

En esa misma lógica, no sería nada extraño —y no debiera sorprendernos si ocurre, porque muy seguramente eso pasará— que además de este llamado al boicot, luego la 22 llame al voto de castigo en contra de quienes no quieren abrogar la reforma educativa. Finalmente, lo que estarían haciendo es alinear los intereses comunes con el régimen que gobierna la entidad, para tratar de inhibir las posibilidades de una mayor participación ciudadana a favor del Revolucionario Institucional.

Ya en otros procesos electorales, la Sección 22 anunció boicots similares. Los llevó a cabo parcialmente y los hizo también como una forma de tener participación en el proceso electoral. Esto, como lo dicen las autoridades, no puso en riesgo la elección, aunque sí incidió —así fuese de forma marginal— en el resultado de la elección, y reafirmó su alianza con el grupo gobernante.

EL MUNDO AL REVÉS

Hay un inusual acuerdo que resalta de entre todos los acordados por la 22 en su más reciente asamblea: el punto 36 señala: “La Asamblea Estatal acuerda que en todas las escuelas que pertenecen al MDTEO se debe laborar en los días de suspensión que marca el calendario oficial vigente emitido por la SEP”. ¿Muy trabajadores y comprometidos con la educación? No. La resolución de trabajar en los días de suspensión, se debe a su rechazo únicamente a las reuniones de Consejo Técnico mensuales, que establece la reforma educativa. Vaya desilusión.

Si el Congreso va a regular marchas, debe considerar la Ley de Movilidad

+ Restringir marchas es inconstitucional; debe optarse por concertación

En Oaxaca se habla recurrentemente de la necesidad de regular las manifestaciones en la vía pública, pero hasta hoy no ha habido una discusión serena al respecto. De darse en algún momento esta discusión sobre una posible legislación en esta materia, ésta necesariamente tendría que pasar por la experiencia actual del Distrito Federal, que el año pasado emitió una ley que intentaba regular las marchas, pero que fue declarada inconstitucional por un tribunal federal. A pesar de ello, dicha norma sería un referente fundamental que vale la pena revisar.

En efecto, en Oaxaca el diálogo público no pasa por los matices: por un lado se encuentran aquellos que todos los días abusan del derecho de expresión y manifestación, consagrados ambos en la Constitución de la República, en aras de exigencias o intereses que no se circunscriben a los de toda la sociedad. Las organizaciones sociales, los sindicatos, y los grupos de lucha social, a diario pisotean los derechos de la ciudadanía que, a su vez, responde exigiendo una ley no que norme o regule las marchas, sino que tajantemente las impida.

Como el gobierno no puede encontrar un punto de equilibrio entre esas dos posturas, opta por no hacer nada. En ese panorama, cualquier posibilidad de entendimiento queda anulada: las organizaciones pasan por alto el derecho de la ciudadanía a la tranquilidad y al libre tránsito; la ciudadanía responde negando el derecho de los otros ciudadanos a manifestarse; y el gobierno no hace nada por garantizar los derechos de unos y otros, pero dentro del marco de la ley.

En ese sentido, es claro que uno los avances fundamentales que contempla la Ley de Movilidad del Distrito Federal, estriba en hacer patente algo que al menos los oaxaqueños —sociedad, gobierno y organizaciones— hemos olvidado: que la preservación de la vía pública y sus componentes, son cuestiones de orden público y de interés general.

En ese sentido, la Ley de Movilidad considera de utilidad pública e interés general: La prestación de los servicios públicos de transporte; el establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; la señalización vial y nomenclatura; la utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; la infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio (artículo 2).

Si repasamos los elementos enumerados por dicha norma, veremos que a la luz de nuestra propia realidad esos son elementos que permanentemente son arrebatados y mal utilizados por quienes se manifiestan en la vía pública, olvidando que ninguno de esos elementos son solamente de ornato o que, en el caso de la señalización, la nomenclatura y los elementos inherentes e incorporados a la vialidad no son ni pueden ser arrebatados para la realización de pintas o la impresión de consignas. Y es que no se trata de una cuestión de pertenencia, sino de utilidad pública. Por eso, dicha norma puntualiza una cuestión que aquí está completamente relegada, que es lo relativo a qué tratamiento se le debe dar a la vía pública y que calidad tiene ésta frente a los ciudadanos en general.

LO INCONSTITUCIONAL

Aquí en Oaxaca se habla con mucho simplismo de las normas para regular las marchas. Se dice, por ejemplo, que las organizaciones tendrían que presentar avisos o peticiones de autorización a las autoridades competentes para que éstas tomaran las medidas necesarias para evitar molestias a la ciudadanía o para “autorizar” la realización de manifestaciones en la vía pública. Ese simplismo, intenta pasar por alto —quién sabe si de forma deliberada— que las marchas tienen una naturaleza de insubordinación, que se supone que ocurre justamente como una expresión de hartazgo frente a la falta de atención de las autoridades contra quienes se protesta. Por eso, de entrada, parece un contrasentido tratar de normar algo que por naturaleza es rebelde.

Ahora bien, en el caso de la Ley de Movilidad del DF, un juez federal de aquella entidad, declaró inconstitucionales los artículos 212, 213 y 214 de dicha Ley, porque vulneran el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Concretamente, el artículo 212 de esa Ley es inconstitucional en la parte relativa a la obligación que establece para hacer constar en el aviso la finalidad “perfectamente lícita” de la manifestación pública.

“Al respecto —dice una nota de Animal Político, que puede verse en http://bit.ly/1xwAjLI — el juzgador federal subraya que todas las personas gozan del derecho a la libre expresión, por lo que su ejercicio no debe ser restringido mediante censura previa, sino en todo caso mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos o reputación de terceros”.

Puntualiza que la exigencia de un aviso previo tiene efectos meramente informativos, lo cual no debe interpretarse como la necesidad de un permiso que condicione la licitud de la protesta. Asimismo, contempla que la redacción del artículo 214, que prevé que la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las vías primarias de circulación, es inconstitucional porque genera incertidumbre jurídica.

“La declaratoria de inconstitucionalidad de dicho artículo deviene de la falta de claridad en cuanto al alcance del uso legítimo de la fuerza pública frente a los quejosos, ya que no establece en forma expresa el tipo de medidas permitidas, ni los principios de proporcionalidad y excepcionalidad a los que debe someterse la fuerza pública”.

PUNTOS DE REFERENCIA

La Ley de Movilidad del DF deberá encontrar sus propios equilibrios y la forma de proteger esos bienes jurídicos (la vía pública y sus componentes) que reafirma como de utilidad pública e interés general. Pero al margen de esto, en Oaxaca éste debiera ser un elemento esencial para la discusión serena y real sobre la regulación de las marchas porque aquí hace falta entender que, a pesar de la postura o intereses particulares, finalmente todo se trata de una cuestión de convivencia, de gobernabilidad, y de considerar siempre el derecho del otro, como el propio, antes que hacer descalificaciones y juicios desconsiderados que finalmente no son aceptables y, según vemos, tampoco son constitucionales.

“Dar todo a S-22 para dejarla sin motivos”: una estrategia equivocada

+ En 2006 le dieron todo a 22, y de todos modos continuó en beligerancia

Como estrategia, el gobierno federal y el de Oaxaca, intentan dejar a la Sección 22 del SNTE sin motivos para que siga protestando. Según ellos, esa será la forma para que, en el mediano plazo, la 22 se vea deslegitimada para continuar con su beligerancia actual. Hoy es imposible saber si esa estrategia está sostenida por otras acciones para la implementación de la reforma educativa. Pero lo que sí queda claro es que, según todos los antecedentes que existen, de entrada esa estrategia de tratar de dejar al magisterio sin razones para que proteste, es equivocada.

En efecto, aunque no es una política declarada, el gobierno federal está tratando el problema de la Sección 22 como un asunto político, y no como un tema educativo. Las negociaciones se están dando en la una mesa de la Secretaría de Gobernación, y quienes están pactando con los maestros son funcionarios encargados del manejo político y de la gobernabilidad del país. ¿Qué está haciendo Gobernación? Ir reconociendo, uno a uno, los derechos y conquistas de los integrantes de la Sección 22, incluso en perjuicio del mandato de la ley —que ellos mismos impulsaron— para aplicar la reforma educativa.

En Oaxaca ocurre prácticamente lo mismo. Aquí, sin ningún pudor, la Sección 22 mantiene una alianza franca y abierta con el gobierno estatal, que en los últimos años ha venido afianzando en Oaxaca la hegemonía magisterial, y que le ha permitido tener el control total del IEEPO. Según hemos visto, en los últimos años la autoridad educativa se ha dedicado a afianzar la posición hegemónica del magisterio a partir de una ponderación bastante obvia y conveniente para el gobierno estatal.

Esa ponderación oficial apunta a que la alianza entre la Sección 22 y el gobierno estatal es necesaria y benéfica para la estabilidad del grupo gobernante, porque en gran medida la Sección 22 tiene un peso determinante en la gobernabilidad del Estado. Según los antecedentes, la única organización capaz de hacer tambalear al gobierno en Oaxaca, es el magisterio. Por eso el gobierno no sólo no ha tenido ninguna intención de distanciarse políticamente del gremio educativo, sino que ha venido afianzando su alianza para asegurar con ello su permanencia en el poder, y su capacidad de reacción frente a los adversarios comunes, tanto de régimen como de los profesores.

En esa lógica, el gobierno estatal optó por la estrategia de mantener satisfecho al magisterio a cambio de su propia estabilidad. Esa estrategia se ha mantenido incluso frente a las variables iniciales que apuntaban hacia las presiones del gobierno federal, para que el gobierno estatal hiciera las gestiones políticas para la emisión de la armonización de las leyes estatales a las federales en materia educativa, y para que iniciara el proceso de implementación de la reforma educativa entre los trabajadores de la educación oaxaqueños. El gobierno estatal no rompió su alianza con la Sección 22, pero sí comenzó a actuar coordinadamente con el gobierno federal en esa estrategia blanda —y errónea— en contra de la Sección 22.

¿Por qué blanda? Porque en aras de continuar el diálogo, han ido reconociendo uno a uno los derechos y conquistas del magisterio; además, porque ha habido cierta coincidencia en que no hay razón para que el PTEO de los profesores oaxaqueños no sea elevado a rango de ley; porque hasta ahora no hay indicios de algún punto de la negociación en el que el gobierno federal, o el estatal, que intente contradecir a los profesores; y porque en el fondo hay una coincidencia total en que por ahora lo óptimo es tratar de dejar a los maestros sin razones para que sigan protestando.

Si esta estrategia no viene acompañada de otras medidas en el mediano plazo, el resultado será el que ya conocemos: un triunfo llano y total del magisterio frente a sus adversarios políticos. Los antecedentes así lo indican.

ERRÓNEO, DAR TODO INCONDICIONALMENTE

Aunque es un tema que ya poco se recuerda, en el conflicto magisterial de 2006, la gran y absoluta ganadora fue la Sección 22 del SNTE. Ellos entraron y salieron incólumes de la crisis popular; ellos lograron doblar al gobierno federal, que decidió darles todo (su rezonificación salarial, el sometimiento del gobierno estatal, la interlocución directa, e impunidad) con tal de desactivar su participación en el conflicto; la Sección 22, después, no tuvo problemas en mantener sometido al régimen del entonces gobernador Ulises Ruiz; al mismo tiempo, trabó alianza con la oposición política en la entidad. Y finalmente, cuando ganó Cué en 2010, decidió mantenerse en la esfera opositora —como era natural— pero le han cobrado al gobierno todo lo que les deben de entonces a la fecha.

Todo eso fue resultado de una estrategia muy similar a la actual, que sólo llevó a más y más empoderamiento de la Sección 22, sin que hubiera contrapesos por parte del poder público. Y es que hace nueve años, el magisterio oaxaqueño desató el conflicto magisterial por la natural inconformidad que generó en ellos el uso de la fuerza pública en su contra. Varios meses después de generada la crisis, el magisterio entabló negociaciones con la Secretaría de Gobernación, y ésta decidió conceder todas sus peticiones con tal de que la 22 desactivara su participación en el conflicto y regresara a clases.

En el corto plazo, el gobierno federal logró desactivar el conflicto, pero en el mediano plazo no hizo sino hipotecar al magisterio las finanzas estatales, y entregarles por completo el control de la gobernabilidad en la entidad. Todo esto ocurrió porque aquella primera medida de dar todo a los profesores no vino acompañada de medidas posteriores que rectificaran esos primeros excesos y modularan la relación entre el gobierno y la Sección 22 luego de la crisis.

RIESGOS, POR DOQUIER

Por eso vale la pena insistir: ¿el gobierno estatal y federal tienen una segunda estrategia para complementar la que hoy están aplicando? Quién sabe si la tengan. Y si sí la tienen, seguramente no querrán decirla. Pero ojalá que, en el fondo, sí la tengan porque ese será una garantía —al menos relativa— de que las concesiones que hoy están dando al magisterio para desactivar el conflicto, luego serán equilibradas con una acción efectiva de gobierno. Hasta hoy los resultados son negativos. Y si esa sola es la estrategia, entonces están cometiendo un error más que todos los oaxaqueños pagaremos en los próximos años.