+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Nuevo IEEPO: los empleados de base no tenían por qué ser “notificados”

Date:

IEEPO

+ Al aducir incertidumbre, ellos mismos ponen en entredicho su tipo de plaza


Ayer que se reabrieron las instalaciones centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), un grupo de trabajadores pretendió ofrecer un foco más de resistencia al señalar que se encontraban en un estado de incertidumbre “al no haber sido notificados” sobre la reapertura y, según ellos, al no tener las garantías suficientes sobre sus derechos laborales. Con esa posición, inopinada y poco clara, pareciera que la Sección 22 intenta poner a sus propios agremiados en una situación riesgosa.

En efecto, el día de ayer se anunció la apertura de las instalaciones educativas bajo el nuevo régimen que gobernará la educación en la entidad. Desde el martes, directivos del IEEPO y de varias dependencias estatales y federales como la Secretaría de la Contraloría, la de la Función Pública, la Procuraduría Estatal y algunas otras, ingresaron a las oficinas centrales resguardadas desde la semana pasada por la Policía Federal, para certificar el estado físico en que se encontraban archivos e instalaciones, y para iniciar el proceso de entrega-recepción.

Ayer fueron reabiertas las instalaciones, pero un grupo de trabajadores —no todos los que laboran ahí— se negó a ingresar argumentando incertidumbre jurídica y falta de notificación sobre una posible nueva relación laboral. Teniendo al frente al secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos, y a la activista magisterial Carmen López Vásquez, dicho grupo argumentaba que “no hay condiciones para reanudar sus labores, por la presencia de la Policía Federal y Estatal en las afueras de la dependencia”; además, sostenían que no habían sido notificados de la reapertura del IEEPO y que exigían respeto a sus garantías laborales. Bajo ese argumento se opusieron al ingreso de los mil 200 trabajadores a sus centros de trabajo y les pidieron a retirarse del lugar.

Esta situación solamente generó confusión y dividió más a los trabajadores de las tres delegaciones sindicales, lo que provocó que algunos se retiraran del lugar y otros insistieron en ingresar a sus áreas de trabajo, previo pase de lista e identificación correspondiente. Sin embargo, como refieren diversos medios informativos locales, horas después, previa consulta entre los inconformes y sus delegados sindicales, éstos finalmente accedieron a respetar el acuerdo tomado la noche anterior en su asamblea general e iniciaron masivamente su ingreso a su centro de trabajo de manera normal.

De esta manera, las delegaciones sindicales D-III-1, D-III-4 Y D-III-5, ya laboran desde este miércoles de manera normal en sus respectivos centros de trabajo, al igual que en la Dirección general del Instituto, directores, coordinadores, jefaturas de departamento y los demás mandos medios. Ya en las primeras horas de la tarde, se reportaba que salvo algunas resistencias, la gran mayoría de los trabajadores de base del IEEPO había ingresado al centro de trabajo y se encontraba a la espera de que se giraran instrucciones respecto a las funciones que a partir de ahora realizaría o que, en su defecto, continuara desempeñando sus mismas actividades cotidianas.

Evidentemente, con esto queda claro que, una vez más, deliberadamente la Sección 22 intenta manipular una situación para crear la percepción de que hay un problema jurídico y de derechos donde en realidad no lo existe, para abrir un foco de resistencia de índole política.

EMPLEADOS DE BASE

El instituto educativo ha sido enfático en qué trabajadores son a los que se les desconoció el nombramiento respectivo. El IEEPO, se dijo, sólo recuperaría las plazas que deben ser de naturaleza “de confianza”. Esta calidad de empleo de confianza, según la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado (que no es la que propiamente regiría las relaciones laborales de los empleados magisteriales con el Estado, pero que nos sirve de referencia en las definiciones), la tienen en general todos los que desempeñan funciones de dirección, vigilancia y trabajos personales al servicio de funcionarios y los empleados cuyos sueldos se cubran con cargo a partidas globales del presupuesto de egresos. “Los empleados no incluidos en la enumeración anterior —dice la Ley referida en el párrafo anterior, en su artículo 4—, serán de base y por ello inamovibles. Los de nuevo ingreso serán de base, después de seis meses de servicios sin nota desfavorable…”.

Estas definiciones nos sirven como una referencia bastante cercana para entender el tratamiento que el propio IEEPO intenta darle a los trabajadores, incluso a los que tenían un nombramiento y desempeñaban funciones como empleados de confianza, y que ahora serán devueltos a actividades docentes.

El IEEPO, en términos sencillos, está asumiendo que esos trabajadores son de base y por ello inamovibles respecto a su plaza y salario, pero que deben quedar supeditados a los funcionarios de confianza que se nombren para encabezar las distintas tareas que desempeña el Instituto. Lo paradójico es que son los propios trabajadores quienes, influenciados por la Sección 22, intentan desconocer esa calidad de inamovibles que el Instituto les reconoce, con tal de asumir su nueva realidad laboral.

En el gobierno estatal, por ejemplo, a los empleados de base no se les notifica ningún cambio en la estructura gubernamental; no se consensa con ellos el nombramiento o la destitución de un empleado de confianza; pero en contraparte, no se les puede trastocar la estabilidad que les concede su plaza laboral, a menos que se les llegara a iniciar un procedimiento por responsabilidad administrativa, o alguno similar al haber cometido una falta.

Nada de eso parecen —o quieren— entender los trabajadores del IEEPO, que se resisten a reconocer la nueva realidad del Instituto. Nada los está separando de su función ni de su salario. A menos que ellos decidan poner a prueba el mecanismo de destitución recientemente avalado como constitucional por la Suprema Corte.

CONTRASTES

Los que se ven entre los elementos de las policías Federal y Estatal. Los primeros vienen bien vestidos, armados y pertrechados. Los segundos, con el respeto que merecen, dan lástima. Afuera del IEEPO, los primeros tienen escudos, cascos y equipos antimotín —se nota— de reciente adquisición. Los segundos llevan equipos y pertrechos que por lo menos deben datar del conflicto magisterial de 2006. ¿No que la invisible SSP, y su invisible nuevo Titular, ya había atendido esos rezagos básicos?

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