+ Modelo federal debe conciliar la seguridad con ayuntamientos
En su calidad de poder fáctico, la Conferencia Nacional de Gobernadores avaló la propuesta presidencial de integrar un Mando Único Policial para las 32 entidades federativas del país, y solicitó a las cámaras federales hacer lo necesario para implementar legalmente esa figura sin romper con la figura y atribuciones constitucionales del Ayuntamiento. Esa es una tarea compleja, máxime cuando por definición el Mando Único es incompatible con la figura del Ayuntamiento, y aún con la del federalismo en México. ¿Qué deberán hacer las cámaras federales para lograr ese equilibrio?
En efecto, de acuerdo con lo publicado en los últimos días en los medios informativos de la capital del país, los integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) votaron ayer por unanimidad para que se eleve a rango constitucional el modelo de Policía Estatal Única en las 32 entidades federativas, entre ellas Oaxaca. El presidente de la Conago y gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó que tras reunirse con los mandatarios estatales de todo el país y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, votaron por llevar al Senado de la República la propuesta en los próximos días.
Exhortó a los mandatarios a apoyar la reforma constitucional, porque la iniciativa contempla situaciones reales que atañen al país. Ávila dijo que esta medida no afectará la autonomía de los municipios, pero sí permitirá un mayor control de las corporaciones, lo que representa más cercanía y eficacia en materia de seguridad. En su oportunidad, Osorio Chong resaltó que esta iniciativa está planteada para fortalecer a las instituciones de seguridad del país. El funcionario federal reconoció el consenso al que llegaron los gobernadores y señaló que esta es “la vía para dar resultados en seguridad, a través del trabajo coordinado y corresponsable”.
Frente a todo esto, vale la pena preguntarse ya no sólo el qué sino el cómo. Pues parece que entre los propios Gobernadores ya hay un consenso al respecto, pero existen muy pocas definiciones relacionadas con cómo pretender llevar a cabo esta misión. Pues según la iniciativa presidencial, el objetivo del gobierno federal consiste básicamente en diluir a las más de dos mil 300 policías municipales para integrar únicamente 32 corporaciones estatales que suplan a las corporaciones municipales en la tarea de brindar seguridad a todos los ciudadanos de un estado.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia de la Conago, César Duarte Jáquez, dijo que según la iniciativa de la Conago se plantea una reforma constitucional para consolidar un solo cuerpo policial, respetando las particularidades de cada entidad. “Hay que diferenciar el tema del mando único con el de las policías estatales. Lo que se está planteando es una reforma constitucional, para consolidar un sólo cuerpo policiaco estatal respetando particularidades de los municipios en los cuales, policías administrativas se hagan cargo del bando de policía y buen gobierno”, reiteró.
La Conago aclaró que esta iniciativa “no está relacionada con el Mando Único” ya que el modelo de Policía Estatal Única plantea consolidar un solo cuerpo policiaco estatal, “respetando las particularidades de los municipios en los cuales las policías administrativas se hagan cargo del mando de policía y buen gobierno”.
Evidentemente, parece que lo que los legisladores y el gobierno federal pretenden, en conjunto, es generar un nuevo Frankenstein que aparente atender un problema que en el fondo todo indica que seguirá al garete. ¿Por qué? Porque hoy en día es evidente que la seguridad pública enfrenta retos que necesitan determinaciones que no son las que están tomando los gobernadores en conjunto con el gobierno federal para atender de fondo el problema que presenta el país.
MANDO QUE DILUYE
En realidad, toda propuesta que está destinada a implementar un modelo de mando único tiene como telón de fondo la disolución de las corporaciones municipales y por ende un final cuestionable al federalismo, a través de la disolución, de facto o de iure, del municipio como figura política en la Constitución General de la República. ¿Por qué?
Porque pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.
¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.
En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.
CENTRALIZACIÓN
Lamentablemente, el acuerdo de la Conago no abona a esa idea y más bien parece justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás. Todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.
