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+ Galdino Huerta esquilma a habitantes; no resuelve problemas
Pocas veces se había visto en Oaxaca, a un gobierno municipal tan decidido a maltratar y abusar de sus habitantes, como el de Santa Lucía del Camino con Galdino Huerta Escudero al frente. En los más de dos años que lleva al frente de ese municipio, Huerta se ha caracterizado por ser una autoridad ávida de recursos para mantener los acuerdos políticos por los que se mantiene al frente del Ayuntamiento, a pesar de que hasta ahora no sólo no ha resuelto los problemas del municipio, sino que los ha incrementado.
En efecto, Galdino Huerta llegó al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, luego de una atropellada elección en la que había, por lo menos, dos cuestionamientos de fondo. El primero, que Huerta no tiene arraigo social o político en aquel municipio conurbado a la capital; y segundo, que la elección municipal terminó decidiéndose en un tribunal, en donde se declaró a Huerta por el margen de un voto sobre José García, que era candidato del Partido Social Demócrata, luego de haber sido fustigado por el PRI en su proceso interno presuntamente por el arreglo económico entre Huerta y Alejandro Avilés Álvarez.
¿Qué pasó después? Que su victoria de un voto era aparentemente democrática pero insostenible políticamente. Ahí, Huerta volvió a caer en las manos de Alejandro Avilés, que ya para entonces era diputado local, coordinador de su fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso local. Con esa ascendencia legislativa, y con la conocida capacidad de Avilés para maniobrar en conflictos políticos y sacar provecho de ellos, no le fue difícil entablar un acuerdo con su par, el diputado Manuel Pérez Morales, para “conciliar” un arreglo político entre Huerta y José García que —según— le diera gobernabilidad al municipio.
Con ese arreglo, Huerta le escrituró el destino de los habitantes de ese municipio, a gente ávida de dinero. Para que éste pudiera asumir la Presidencia Municipal, se acordó que García fungiera como síndico municipal. En el reparto —del que en gran medida eran beneficiarios los “facilitadores” que operaron el acuerdo desde del Congreso— también se incluían las participaciones municipales, la obra pública y el producto de la recaudación propia. Huerta, en su empecinamiento por ser presidente, se vio obligado a repartir el presupuesto y las posiciones administrativas municipales.
Por eso, Galdino Huerta pronto se dio cuenta que no habría dinero que le alcanzara. Por esa razón, luego de un par de trifulcas por el dinero en la tesorería con la gente de José García, se decidió a tomar toda clase de medidas impositivas y perturbadoras en contra de la población. Ésta sería, en términos simples, quien pagaría los costosos acuerdos políticos que primero le permitieron gobernabilidad al municipio, pero que después convirtieron al Ayuntamiento en una aspiradora de recursos de la población, a pesar de que no han sido capaces de resolver un solo problema del municipio.
¿Qué hicieron? Tuvieron la cortesía de, por ejemplo, crear un cuerpo de Policía Vial, que ha sido tan voraz, inservible y molesto para la ciudadanía, que hoy por hoy es la corporación más repudiada de todos los valles centrales. No es para menos: los elementos que conforman esa Policía Vial nunca tienen la preocupación de resolver uno solo de los muchos problemas que enfrentan las calles y avenidas de esa población. Más bien, su única misión ha sido la de molestar, extorsionar y vigilar a los automovilistas para que —según— cumplan un reglamento que, además, enfrenta problemas legales de origen por haber sido emitido en sesiones de cabildo que han existido sólo documentalmente.
AUTORIDAD RAPAZ
Todos los días, casi a cualquier hora, uno puede ver a elementos de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, andar a pie por las avenidas Hornos, Ferrocarril —en la parte que le corresponde—, Lázaro Cárdenas y El Rosario. Su misión no consiste, nunca, en ayudar a la agilización del tráfico cotidiano o auxiliar a los automovilistas cuando enfrentan alguna contrariedad. Esa policía fue hecha únicamente para molestar al ciudadano, y para imponerle sanciones ante la menor situación posible según contemplada en su reglamento de tránsito.
Basta ver cómo ninguna de sus dos patrullas —autos viejos, contaminantes, y hasta hace pocas semanas incluso sin placas de circulación— está tampoco para hacer alguna labor constructiva. Todos están dedicados a vigilar. Lo único que traen en las manos, siempre, es su block de infracciones. Y éstas se han caracterizado por ser de las más caras que se cobran por un ayuntamiento en todo el territorio estatal.
Algo muy similar ocurre con su operativo alcoholímetro. Pues carentes de todo pudor —al ser ellos los que más han alentado los giros negros en la zona conurbada de Oaxaca— son también los mayores vigilantes de que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Esa, que pudiera ser una función loable, también la emprendieron con fines eminentemente recaudatorios.
Así, los conductores que por alguna causa se quedan detenidos en el alcoholímetro municipal de Santa Lucía, son sancionados con multas exorbitantes que, además, pueden pagar en el mismo acto ante el juez calificador, y continuar su camino. Para ellos el alcoholímetro es un medio más de recaudación, y no una forma de sancionar al conductor irresponsable y, sobre todo, cuidar su vida y la de los demás ante el hecho de que conduzca bajo los efectos de alguna bebida embriagante.
Lo más paradójico es que Santa Lucía del Camino en casi dos años y medio de administración no ha sido capaz ni siquiera de tapar los hoyancos y baches que existen en las calles en las que todos los días hostigan a los particulares. Quizá, dicen, no arreglan las calles para que los vehículos no puedan ir a más de 5 o 10 kilómetros por hora, y así los puedan alcanzar sus agentes que, para variar, hacen su trabajo a pie.
COBRO DE DERECHO DE PISO
A estas alturas ya es bien conocida la avidez insaciable del gobierno de Huerta: ha enfrentado pleitos con empresas como Cablemás, Maderería la Asunción y ahora hasta una escuela privada a la que, según denuncian, le quería cobrar 130 mil pesos anuales por concepto de continuación de operaciones. Huerta está urgido de dinero para pagarle a sus avaros padrinos, y para recuperar lo que dice que invirtió en su campaña. Todos los problemas de Santa Lucía siguen ahí. Y él pasará a la historia doméstica de Santa Lucía, con ese triste legado.
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