A la mitad de la campaña, ¿cuál es el signo distintivo?

Candidatos

+ Promoción de la vida vida democrática, está olvidada


Estamos a casi la mitad de la campaña electoral en Oaxaca, y parece que ya todos olvidamos para qué existen los periodos de proselitismo electoral. Al estar tan acostumbrados a pensar, y aceptar, que las campañas son el marco de entretenimiento rumbo a la jornada electoral, y que también son el preámbulo para la realización de los actos definitorios de la elección (compra de votos, movilización de votantes o coacción; todos, elementos propios del “fraude electoral”), olvidamos que la base teórica de cualquier campaña política es la promoción de la vida democrática. Eso está fuera de nuestro radar. Por eso terminamos aceptando un proselitismo tan ramplón y anodino como el que ahora mismo ocurre en Oaxaca.

En efecto, dentro de dos días llegaremos a la mitad de las campañas, y si hubiera que pensar en un signo distintivo de ellas, éste sería la desconexión entre el ciudadano y la clase política que lucha por renovar el poder. Es claro que hasta ahora ninguno de los candidatos ha logrado generar una conexión específica con los problemas de la gente, y que hasta ahora las campañas se han desarrollado en el único marco de la lucha política entre grupos de poder. Ninguno de ellos ha logrado pasar de las propuestas generales, y de los lugares comunes, en un escenario en el que pareciera que los candidatos se esfuerzan por ofrecer lo que la gente no quiere escuchar.

Ello queda claro cuando las campañas han pasado por todos los temas que habrían de existir en cualquier agenda política, pero con un contenido que más bien pareciera ser de principiantes, o de relleno. Efectivamente, se ha hablado de pobreza, de marginación, de salud, educación o productividad, como temas por los que necesariamente tiene que pasar una campaña, pero sin esbozar hasta el momento el más mínimo conocimiento real de los problemas que día a día enfrentan las personas.

Pareciera urgente, entonces, pasar de las generalidades a lo específico, y de lo que los candidatos creen a lo que es en realidad, para evitar seguir corriendo el riesgo de que la nota distintiva de las campañas siga siendo la desconexión entre quien habla, y quien no tiene despierto ningún interés en escuchar. Pues no se puede creer que una campaña electoral sea entonces una simple farsa en la que se hace como que se habla, y se lleva a gente para que haga como que escucha y se interesa, y entonces todo termine en un diálogo de sordos en el que no hay propuesta, no hay eco al sentir ciudadano, y no surgen las conexiones entre quien aspira a gobernar y quien será el supuesto destinatario de ese gobierno.

CAMPAÑAS SORDAS

Acaso, una de las particularidades que ha tenido hasta ahora el periodo de campañas de Gobernador en Oaxaca, ha sido que prácticamente todas las labores proselitistas relevantes han sido enfocadas a una competencia negativa entre los aspirantes y sus partidos. Al margen de los colores partidistas, prácticamente todos se han dedicado a tratar de descalificar y exhibir a sus adversarios frente al electorado, como si ese fuera un factor relevante de suma para los comicios. Lo único que ha quedado claro es que en realidad esos métodos de campaña han servido para esa competencia particular entre ellos, pero que no ha sido un factor de relevancia para las personas en general y para los problemas que enfrentan.

En esa lógica, si sumamos que, por un lado, la campaña formal no ha pasado más que por los temas obligados y los lugares comunes; y que, por el otro, los partidos y sus candidatos han estado mucho más preocupados por la campaña entre ellos, que por generar identidad y propuestas con la ciudadanía, el resultado es un periodo de tiempo perdido, porque no ha servido para alentar entre la ciudadanía a que participe en el proceso democrático, y porque tampoco ha sido eficaz en la labor de generar propuestas para la atención de los problemas de la gente.

Frente a todo eso, hay una variable que en poco tiempo podría hacer cambiar las cosas: al inicio de esta semana arrancaron las campañas a las diputaciones locales, y el martes próximo iniciará el proselitismo para la renovación de las autoridades locales. Esa sola circunstancia —las campañas municipales, en particular— obligarán a los candidatos a la gubernatura a dejar sus agendas particulares para compartir su campaña con el trabajo y las propuestas que se pudieran generar desde las campañas a las presidencias municipales.

Esa sería la última oportunidad que tendrían, todos, de hacer que las campañas prendan y generen cierta identidad con las personas en general, a las que les preocupa que los problemas que enfrentan sean resueltos, y no —por ejemplo— cuál es el origen, los antecedentes, o las lealtades políticas o partidarias de tal o cuál candidato a Gobernador.

DAÑO A LA DEMOCRACIA

En el fondo es clara y preocupante una situación: los partidos y sus candidatos no están promoviendo eficazmente la participación de la ciudadanía en la vida democrática del estado. Esa falla —quizá deliberada— alimenta la indolencia de la ciudadanía frente a los procesos electorales. Y aunque ese es el escenario perfecto para que gane quien logre la mejor movilización y compra de votos, en realidad es la continuación al daño permanente —quizá irreparable— de nuestra pingüe y descolorida democracia representativa.

GIEI: una doble derrota para esclarecimiento de desaparecidos

Ayot

+ Gobierno y Expertos buscaban utilizarse; y la verdad, relegada


Aunque estruendosa, a nadie debería sorprender el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues así como ellos se fueron denunciando el grosero intento del gobierno federal por utilizarlos para legitimar sus investigaciones, a estas alturas también queda claro que su participación en la investigación siempre tuvo un ánimo opositor, y no colaborativo, con la investigación. En esa circunstancia, es claro que como ambos intentaron utilizarse, lo más sano era pactar el retiro en las condiciones que ocurrieron… Salvo por el hecho de que el destino de los normalistas —lo más importante de todo— sigue siendo una incógnita.

En efecto, el domingo el GIEI entregó su informe final, en el que más que resultados y sugerencias a la investigación, lo que hubo fue un claro intento por seguir desvirtuando los resultados —parciales— de la investigación realizada hasta ahora por la Procuraduría General de la República. Insistieron, por ejemplo, en que se continúe la línea de investigación del llamado “quinto autobús”, o que se esclareciera por qué el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, estuvo en el sitio donde se encontraron restos óseos de los normalistas, un día antes de la fecha en que se consigna la primera diligencia en ese sitio, dentro del expediente ministerial.

Ese fue, de hecho, el último intento que parece haber hecho el GIEI para abonar al descrédito de la investigación. En ese marco, pareciera que sus conclusiones y sus recomendaciones a la investigación, no eran tan relevantes como el hecho de demostrar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está llevando a cabo una investigación deficiente, y que por tanto había que evidenciarla, descalificarla y, en general, exhibir al gobierno mexicano como encubridor de los verdaderos asesinos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo interesante —y grave— en este asunto, es que hay una contra cara muy evidente: meses después de ocurrida la detención-desaparición de los normalistas a manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, en Guerrero, el gobierno federal sabía que a priori su investigación estaba descalificada, y que por eso estaba en la necesidad de buscar el apoyo de expertos internacionales que legitimaran su investigación.

Fue por eso que invitó, tanto al GIEI como al grupo de expertos argentinos en anatomía forense —que han sido reconocidos por haber llevado a cabo las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura militar en los años setentas y ochentas, en aquel país. En la credibilidad y el trabajo de ambos grupos, el gobierno federal pretendía soportar sus propias investigaciones para lograr que la sociedad mexicana le diera crédito a los resultados de sus indagatorias.

Lo que nunca se dijeron abiertamente —porque ambas fueron siempre intenciones aviesas— era que ambos buscaban otros objetivos, políticos, diversos de los estrictamente pactados en el convenio de colaboración que signaron para su participación en las indagatorias.

PRESIONES INTERNACIONALES

No es extraño, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos haya presionado tanto al gobierno mexicano para la aceptación de una jurisdicción internacional para investigar y sancionar ciertas prácticas. En otros momentos apuntamos en este espacio que, por ejemplo, había una presión internacional fuerte sobre el gobierno de México para que aceptara la conformación de una comisión investigadora de la ONU, coadyuvante del Ministerio Público y con autonomía para el ejercicio de la acción penal —similar a la que funciona en Guatemala— para indagar asuntos de corrupción. El tamaño de esa presión, y de la resistencia del gobierno mexicano, puede verse en el hecho de que en Guatemala, esa comisión anticorrupción de la ONU, fue la que llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina.

Por esa misma razón, parece poco exacto creer que en realidad el malo de la película —para el gobierno federal— en este asunto es el secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. Quien quiso ver en él al supuesto artífice del empecinamiento del GIEI por oponerse a los resultados de la investigación del gobierno mexicano, en realidad le estaba dando una dimensión mucho mayor a lo que no deja de ser un chisme: que Álvarez Icaza es un conservador radical, que se fue de México enojado con el gobierno del presidente Peña Nieto, por haberle cerrado el camino en sus intenciones de ser presidente de la CNDH.

¿En dónde está el verdadero fondo? En el enojo del gobierno de Estados Unidos con el mexicano por su profunda incapacidad para combatir la corrupción y la impunidad. Esa molestia ya estaba antes de que ocurrieran las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, y por eso ha sido insistente en la necesidad de que ocurra una intervención internacional a ciertas áreas del gobierno —procuración de justicia, combate a la corrupción, abatimiento de la impunidad, violaciones a derechos humanos, por ejemplo— para abatir la inercia que hasta ahora persiste en esos temas.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

Por eso, si al final el gobierno pretendía utilizar al GIEI para sus intereses particulares —legitimar su investigación—, el GIEI venía buscando presionar al gobierno y no necesariamente coadyuvar con la investigación. Lo único que sigue pendiente —nada menos— es saber qué pasó con los normalistas.

El gobierno federal ahora sí ahoga a la Sección 22

Aciel

+ Les pega en la economía; el IEEPO los desmoraliza


La detención de Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22 del SNTE, tiene una importancia particular porque con ello el gobierno federal busca desmovilizar a la base radical del magisterio democrático cortándole sus fuentes periféricas de financiamiento. Si en junio del año pasado, la SEP anunció que le había congelado a la 22 las cuentas en las que se les depositaban las cuotas de los trabajadores, con la detención de este individuo buscan profundizar el golpe financiero para luego endurecer las acciones relacionadas con la aplicación de una segunda evaluación a los docentes.

En efecto, la semana pasada se anunció la detención de Sibaja Mendoza, acusado de la comisión de delitos relacionados con el manejo de varias cuentas bancarias personales, pero que guardaban relación con la Sección 22 del SNTE, además de otros delitos del orden común como tentativa de homicidio, robo y daños, todos relacionados con diversas manifestaciones sindicales que terminaron en disturbios. Aunque éstas últimas acusaciones revisten cierta importancia por dar la apariencia de que el gobierno estatal por fin le están fincando responsabilidades a los trabajadores de la educación por sus excesos, en realidad las que tienen mucho fondo son las relacionadas con el manejo de sus cuentas bancarias. ¿Por qué?

Porque, de entrada, todo lo que tiene que ver con cuestiones fiscales, es del orden federal y ahí el gobierno de la República tiene amplia ventaja prácticamente frente a cualquier persona física o moral. En ese sentido, a Sibaja Mendoza se le acusó de recibir ilegalmente recursos que le transferían varias empresas que tenían convenio con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para venderle a los trabajadores de la educación electrodomésticos y otros productos a crédito, además de otras que les ofrecían préstamos con descuentos vía nómina.

Lo que utilizó el gobierno federal como mecanismo de acusación política son los supuestos porcentajes (o “moches”) que dichas empresas le entregaban a la Sección 22 como supuesto beneficio extraordinario por sus gestiones, pero que también podría ser algún tipo de equiparación al cobro del “derecho de piso” por permitirles hacer negocios con sus trabajadores. Lo interesante es que junto a la exhibida que el gobierno federal intentó hacer de los negocios de la 22 a costillas de sus trabajadores, se encuentra la maniobra de congelamiento no sólo de esas cuentas, sino también de la inmovilización de quien podría ser el titular de otras cuentas a través de las cuales el sindicato magisterial podría seguirse nutriendo de recursos, una vez que el gobierno federal le requisó las cuentas de las cuotas de los trabajadores.

En esa lógica, nada podría ser más simple: al haber millonarios ingresos no soportados por ningún mecanismo fiscal, el gobierno federal vía el SAT le habría fincado a Sibaja Mendoza delitos especiales como el de defraudación fiscal, pero además otros como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de los que tienen relación de la llamada ley contra el lavado de dinero. ¿La razón? En todos los casos, recibir recursos cuya procedencia no se declara, para luego realizar con esos recursos operaciones “sensibles” que despiertan la atención de las autoridades tributarias para fincar nuevas responsabilidades penales.

DESMOVILIZAR

Evidentemente, todo parece tener una razón: ahogar a la Sección 22. En junio del año pasado les cortaron su fuente de financiamiento formal, y a la par de ello le congelaron su salario a todos los trabajadores que se encuentran comisionados a labores sindicales. Si ese fue el primer paso, el siguiente era cortarle las fuentes de recursos extraordinarios para que la dirigencia tuviera menos capacidad de movilización.

Por ello resultaba neurálgico ir en contra del encargado de las finanzas de la Sección 22, porque a través de ello le generarían un nuevo foco de presión a la dirigencia sindical y le cambiarían, una vez más, sus exigencias al gobierno estatal y federal, y sus eventuales variables de negociación en el caso de que lograran entablar algún tipo de mesa de diálogo con cualquiera de los dos ámbitos de gobierno.

En el fondo, todo esto parece el preámbulo para una medida de la que aún se ha hablado poco pero que ya no tarda mucho en anunciarse: la implementación de una nueva jornada de evaluación a trabajadores de la educación en la entidad. En otras entidades, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tratado de implementar medidas de boicot a las evaluaciones. Pero en el caso de Oaxaca, intentan que los maestros aún identificados con las causas de la Sección 22 sigan desgastándose en la exigencia de otras cuestiones, y que además sigan resintiendo los efectos del ahogamiento de sus más importantes fuentes de financiamiento.

IEEPO ¿COMPLEMENTO?

Finalmente esa parece ser la lógica de todas estas acciones que no tienen nada de fortuitas. El IEEPO ha fungido como complemento a las acciones que ha emprendido la SEP, aunque no de la forma esperada. Por ejemplo, ha seguido sin pronunciarse respecto a cuestiones como la existencia y validez de la Sección 59, y otras cuestiones que le interesaban sobremanera a la Sección 22. Parece que al privilegiar el bajo perfil, el IEEPO está renunciando a la posibilidad de seguir defendiendo la importancia de lo que le queda como parte de la autoridad educativa, para sólo reducirse a ser una abultada oficialía de partes.

La elección oaxaqueña debe resolverse en las urnas, no en tribunales

TEEO

+ TEE: su decisión marca pauta de respeto a lo que diga la ciudadanía


Este sábado, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que son legales las candidaturas de los tres principales contendientes a la gubernatura del estado. Esta decisión —salomónica para algunos, pero también necesaria para la democracia— establece un parámetro en el que ahora todos los abanderados de los partidos deben dedicarse a conquistar el voto de la ciudadanía. En el fondo, el mensaje es que los partidos y sus candidatos no deben seguir apostando a que ganar en los tribunales lo que no quieran —o puedan— conseguir de cara a la ciudadanía.

En efecto, el sábado el TEEO resolvió sendos recursos de apelación sobre el registro de los candidatos. En el caso del candidato de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, el TEEO determinó que Alejandro Murat cumple con los requisitos de elegibilidad previstos la Constitución Política Federal y Local, así como con los requisitos previstos en el artículo 156, del CIPPEEO.

De acuerdo con información de Quadratin, en el caso del candidato por el PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, los magistrados del TEEO declararon infundados los agravios al estimar que Robles Montoya no participó de manera simultánea en los procesos de selección de candidatos del PRD y PT. Lo anterior, debido a que ambos partidos firmaron un convenio para ir en coalición en la elección de Gobernador del Estado y el PT sólo emitió una convocatoria sin que llevara a cabo actos materiales de un proceso de selección interna de candidatos, ya que la selección del candidato a Gobernador del Estado se le delegó al PRD.

Por su parte, en el caso del candidato de la coalición “Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca”, José Antonio Estefan Garfías, el TEEO declaró infundados los agravios respecto a que utilizó recursos públicos en la precampaña y rebasó el tope de gastos. Específicamente, en relación a los actos anticipados de precampaña, el TEEO estableció que éste ya había sido sancionado; y por lo que respecta a la utilización de recursos públicos dicha conducta no le fue acreditada a su persona, toda vez que en las constancias, se advierte que en los Procedimientos Especiales Sancionadores respectivos, se determinó que los infractores de la normativa electoral fueron los ediles de Soledad Etla, Pinotepa Nacional, y Trinidad de Zaachila.

Así, lo que técnicamente hizo el Tribunal Electoral fue una especie de restablecimiento de las condiciones de igualdad en la que deben terminar de desahogarse las campañas, sin la limitación del cuestionamiento sobre la legitimidad de las respectivas candidaturas. Pues se supone que toda campaña —ésta no es la excepción— arranca con el impulso de las decisiones que toman los partidos al postular a sus candidatos, pero se resuelven con la decisión de la ciudadanía al elegir a uno de ellos para que ocupen las responsabilidades del Estado. En Oaxaca había un intento por tirar a los candidatos señalando vicios de origen, aunque evidentemente eso no era ni útil ni conveniente para la tímida democracia de nuestra entidad.

URNAS O TRIBUNALES

En la víspera del arranque de las campañas electorales, apuntábamos algo que vale la pena retomar. Es muy grave —señalábamos en nuestra entrega del 18 de marzo— que, de entrada, el ánimo de al menos dos de los tres aspirantes principales a la gubernatura sea el de descalificar a sus adversarios incluso antes de que inicien los trabajos de promoción del voto. Aunque pudieran existir causales aparentemente acreditadas para acudir a los tribunales, es clara la forma en que se revela un interés voraz ya no por ganar el voto ciudadano, sino por descalificar al adversario antes incluso de que comience la medición electoral, primero en las campañas, y luego en las urnas.

En el fondo, decíamos en esa ocasión, todos los candidatos enfrentan diversas situaciones comunes, que se resumen en el hecho de que como todos tienen cuestionamientos de fondo, todos pueden ser impugnados ante los tribunales. Y la defensa de uno, puede ser exactamente igual a la de sus pares. Así, si se exonera a uno implícitamente se hace eso mismo con todos, y ante el castigo, cualquiera de ellos podría utilizar exactamente el mismo argumento o defensa que el que pudiera usar cualquiera de sus adversarios. Por esa razón, la elección debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, como tempranamente intentan hacerlo —en contra de sí mismos— algunos de los participantes en este proceso electoral.

Frente a todo esto, queda claro que la decisión tomada por el TEEO respecto a las tres principales candidaturas al gobierno de Oaxaca, pasa por la legalidad de las postulaciones de los partidos, pero también parece ser una decisión en la que influyó la racionalidad para considerar que, una vez salvados los parámetros legales fundamentales, todos deben hacerse a un lado de las ruidosas estrategias de descalificación previa, para ofrecerle a la ciudadanía las propuestas de gobierno en las que, lamentablemente, sigue habiendo un muy marcado ayuno de ideas.

ELECCIÓN UNIVERSITARIA

Esta semana será decisiva para el rumbo político de la UABJO: al finalizar la semana habrá formalmente candidatos, y entonces todo se cerrará a la disputa entre Eduardo Bautista, candidato de los Martínez, y Silviano Cabrera, que parece haber logrado capitalizar el agotamiento del abrahamismo. Ya lo veremos.

México va por el cambio de paradigma respecto a las drogas

EPN

+ Viraje presidencial, derivado del ajuste en los Estados Unidos


A veces nuestra realidad doméstica no nos permite ver en toda su magnitud la trascendencia de algunos virajes en ciertas políticas gubernamentales. Esto es, seguramente, lo que nos pasa frente a un hecho tan trascendental como el cambio de paradigma propuesto esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto respecto del combate, prevención y regulación de las drogas. Como titular del Poder Ejecutivo federal, y de cara a la comunidad internacional, el Presidente debió reconocer que su personal visión prohibicionista sobre las drogas está agotada, y que ahora se debe transitar a una política de prevención y control.

En efecto, cuando en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un polémico asunto, en el que cuatro personas lograron que se declararan inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que prohibían el cultivo y la utilización de la mariguana con fines médicos, y que por eso la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) les extendiera sus respectivos permisos para llevar a cabo el cultivo y la utilización del enervante, en este espacio apuntábamos que no era exagerado decir dicha sentencia sobre la mariguana eventualmente podría generar un efecto importante que podría abrir finalmente el debate sobre el paradigma prohibicionista de las drogas, que afecta a sangre y fuego a todo el planeta.

Esto fue justamente lo que ocurrió esta semana, cuando el presidente Peña Nieto acudió a la  Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés) y ahí reconoció la necesidad de cambiar el paradigma respecto a la actuación de los Estados frente a las drogas. En ese sentido, Peña Nieto llamó a la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación de las drogas.

Peña Nieto —que públicamente se había manifestado en contra de cualquier tipo de legalización, apenas en noviembre del año pasado cuando la Suprema Corte resolvió un primer asunto sobre el cultivo y consumo legal de la mariguana— ahora advirtió que la llamada “guerra contra las drogas” que inició en los 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de estupefacientes en el mundo.

En ese sentido, propuso a la comunidad internacional diez acciones que pasan por el reconocimiento de la corresponsabilidad en la atención al problema, pues “ningún país puede, por si solo, hace frente a este flagelo”. Advirtió que ante limitaciones del régimen prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así, dijo, podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo.

“Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad y no a las sustancias y procesos judiciales en el centro de nuestros esfuerzos”. Peña Nieto dijo que además es necesario reformar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional para cerrar el paso a sus operaciones financieras y delitos conexos y avanzar en el desmantelamiento de grupos delincuenciales.

CAMBIO OBLIGADO

¿Por qué si el presidente Peña Nieto se había manifestado públicamente en contra de cualquier forma de legalización, ahora cambió su propia postura política —y nada menos que la del gobierno federal, al girar instrucciones a varias dependencias para comenzar a trabajar en aspectos de regulación de ciertas drogas hoy ilegales—, hoy manifiesta una posición distinta? La respuesta tiene que ver mucho con el cambio de paradigma a nivel internacional, y particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica.

En la Unión Americana, en noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo, ante lo cual México y tres países de Centroamérica pidieran a la Organización de Estados Americanos analizar el impacto que tendrá en la región. El 1 de enero de 2014 comenzó la venta legal de marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado, convirtiéndose así en el primer mercado público de marihuana de Estados Unidos.

Frente a esto, un informe de la OEA dice que uno de los posibles impactos de la legalización de la marihuana en Colorado y Washington es un aumento de la violencia entre cárteles en México. Las pérdidas por la legalización se distribuirían de forma diferente entre los cárteles mexicanos, el más afectado sería el Cártel de Sinaloa y el menos afectado el Cártel de los Zetas. Lo que abre la posibilidad de los cárteles menos afectados ataquen a los más golpeados con el fin de recuperar mercado y control de territorios en ambos lados de la frontera. De ser el caso, el aumento de la violencia se daría en el corto y mediano plazo, pero tendería a disminuir en el largo, junto con su poder de fuego y la capacidad de los cárteles para corromper autoridades.

BENEFICIO, A MEDIANO PLAZO

Sin embargo, apunta dicho informe, esta situación puede ser benéfica para México si se hacen los cambios necesarios en la política de drogas. La legalización de la marihuana para fines recreativos en México, aumentaría el daño financiero de los cárteles, ante esto los cárteles no podrían reaccionar “mudando” su mercado minorista de EE.UU. a México, como algunas voces antilegalización, dicen. Mientras, México ya dio un trascendental primer paso.

Santa Lucía: cuando el perro es bravo, hasta a los de casa muerde

PVial

+ Policía Vial: los obligan a agraviar a la gente, y los agreden a ellos


Aunque abominable, la denuncia hecha por dos elementos femeninos de la Policía Vial del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, sólo confirma lo que la sabiduría popular retrata con la frase de que “cuando el perro es bravo, hasta a los de la casa muerde”. Esto porque si hay en Oaxaca un ejemplo de una corporación policiaca creada expresamente para molestar a la ciudadanía, y no para cumplir con una función relacionada con la seguridad pública, ese bien puede ser el de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino, a la que no le preocupa otra cosa, ni realiza otra función, que la de imponer sanciones a diestra y siniestra para generar un lucro económico a costa de sus propios habitantes.

En efecto, esta semana se dio a conocer que dos mujeres policías de tránsito acusaron que servidores públicos de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, las obligaron a desnudarse y las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo luego de que retuvieron brevemente al regidor de Hacienda durante un operativo de alcoholimetría.

Según consta en expediente de queja DDHPO/943/(01)OAX/2016, abierto ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, una de las agentes narró que el pasado 16 de abril, en el marco de un operativo de alcoholimetría, le marcó el alto a un automóvil, y al acercarse a él percibió aliento alcohólico del conductor. Al pedirle sus documentos, el sujeto se identificó de manera agresiva como chofer del regidor de Hacienda del propio ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. El conductor incluso le ofreció dinero, dijo la agente, quien rechazó el ofrecimiento.

Las policías permitieron que el conductor y el pasajero pasaran el filtro sin mostrar sus documentos pues dijeron que sus jefes les han dado la instrucción de que cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, sólo les “hagan recomendaciones”.

Ambas agentes agregaron que después de esos hechos el regidor y su chofer fueron a la sede policiaca de Santa Lucía para quejarse de ellas, argumentando que les habían quitado dinero, por lo cual el director de Seguridad Pública instruyó que fueran detenidas y revisadas. Las mujeres “señalaron que policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban”, informó la DDHPO.

Agregó que las policías dijeron que luego las llevaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento, donde les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

AYUNTAMIENTO ABUSIVO

Frente a esto, se informó que el organismo les otorgó medidas cautelares a las quejosas, en las que además solicitó al encargado de la presidencia municipal de esa localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca, Carlos Girón Navarrete, que pida a los servidores públicos involucrados (regidor de Hacienda, director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad) que emitan un informe detallado en un plazo de cinco días sobre los hechos en los que se presume violaciones a la seguridad jurídica y la legalidad.

En el fondo, este hecho no parece ser sino la confirmación de lo que a estas alturas es bien sabido de la Policía Vial de Santa Lucía del Camino: que es una corporación ideada y conformada sobre la base del abuso y el provecho indebido de la figura de autoridad. Pues es claro que lo que hicieron con esas dos elementos, es lo mismo que hacen con la ciudadanía que irremediablemente cae en sus manos: agraviarla hasta por la menor provocación, con el único objeto de quitarle recursos y demostrarle autoridad, pero sin la menor posibilidad de demostrar legitimidad en las acciones que toma.

En ese sentido, es bien sabido que la Policía Vial de Santa Lucía nunca presta algún tipo de ayuda en el control del tráfico o los problemas viales de su municipio. Todo el tiempo, todo, se hace a la tarea de cazar automovilistas y motociclistas para tratar de sorprenderlos hasta en el más mínimo error de conducción, para imponerles fuertes sanciones económicas.

Ayer mismo el periodista Humberto Cruz abundaba en esta situación —reiteradamente denunciada en este espacio— al publicar en su cuenta de Twitter (@betillocruz) varias imágenes en las que se apreciaba cómo, mientras había un fuerte congestionamiento en la Carretera del Rosario, los dos agentes municipales de Santa Lucía ubicados en ese lugar preferían levantar una infracción a un automovilista por una intrascendente infracción al reglamento vial de esa localidad —que nadie conoce y sobre el cual incluso hay duda sobre su validez legal.

ELEMENTOS, OBLIGADOS

Son reiteradas, además, las denuncias de los propios elementos de esa corporación, de que son obligados a entregar cierto número diario de infracciones levantadas a automovilistas. El alcoholímetro, además, ha sido para ellos un enorme negocio, en el que el conductor y la seguridad son lo que menos importan, mientras tengan dinero para pagar sus elevadísimas multas. ¿Culpa de quién? De la voraz autoridad municipal, no de los elementos, que con una aberrante doble moral, al mismo tiempo promueve los giros negros y produce estas medidas para sangrar el bolsillo de sus habitantes.