+ Financiaban su movimiento gracias a sobreprecios con sus agremiados
La detención de los dos principales dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene una causa eminentemente política, pero resulta también con sustento en la torpeza —y los delitos cometidos— en el manejo de sus fuentes de financiamiento. No sólo se trata de ver bajo qué cargos fueron detenidos, sino cómo nacieron esas responsabilidades.
En efecto, la mañana del sábado fue detenido el secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricárdez. Se informó que fue aprehendido en la región del Istmo de Tehuantepec luego de salir de una reunión de trabajo. La gremial activó algunas acciones de protesta en la capital oaxaqueña y algunas zonas del Istmo; y la madrugada de ayer se informó que también Rubén Núñez Ginez había sido detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal. Primero se especuló sobre los delitos que se les imputaban y que, en apariencia, eran por quebrantos cometidos en manifestaciones y en el proceso de transición del viejo al nuevo IEEPO.
Más tarde se supo que, en realidad, los dirigentes de la Coordinadora habían caído por la presunta comisión de los mismos delitos por los que hace tres años fue puesta en prisión su adversaria principal dentro del magisterio, la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. En ambos casos, la principal acusación que les formuló el gobierno fue por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero el caso de los dos dirigentes de la CNTE, la situación parece todavía más compleja: ellos recibían en cuentas bancarias, recursos que les proveían diversas empresas dedicadas a hacer negocios con los propios maestros. Lo que recibía la Sección 22 era una especie de “moche” o de cobro de derecho de piso por permitirle a esas empresas operar entre el gremio magisterial y mantener contratos firmados con la autoridad educativa para venderles bienes a los profesores y llevar a cabo el cobro de los mismos a través de descuentos vía nóminas.
De acuerdo con un análisis interno del gobierno estatal, se pudo establecer que luego de una detallada investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera, permitió detectar que desde 2012 hasta mediados de 2015, es decir, el período en que Rubén Núñez Ginez ha sido Secretario General de la Sección 22, al amparo de diversos convenios suscritos indebidamente por dicha Sección sindical con las empresas ETESA, S.A de C.V., VASA HOLDING, S.A. de C.V. y Administradora de Negocios Monte Albán, S.A de C.V., entre otras, así como de personas físicas como el señor Octavio Arturo Quintano Cassani, éstas entregaban, de manera directa o indirecta, una comisión del 3.5% quincenal calculada sobre la cobranza de la quincena respectiva, a la propia sección sindical por las ventas y/o servicios que hacían a sus agremiados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos vía la nómina que se manejaba cuando la sección aún controlaba el IEPPO.
DINERO SUCIO
Actualmente las autoridades fiscales del país tienen la capacidad de detectar cuando cualquier persona recibe recursos económicos a través del sistema bancario, es decir, cuando recibe depósitos, cheques o transferencias a sus cuentas de banco e incluso a sus tarjetas de crédito. Cuando recibe cantidades de dinero importantes, a esa persona le es abierta una investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para revisar la procedencia de los mismos y, de entrada, para proceder al cobro de los impuestos, pero también para establecer su responsabilidad en la comisión de delitos como defraudación fiscal, o lavado de dinero. Ahí cayeron los líderes de la 22.
Así pues, en tan solo una de esas cuentas del sindicato, la número 65503473683 en Banco Santander cuya denominación es “Sección 22 Oaxaca Empresas” y su titular el Rubén Núñez, entre otros, se recibieron 187 depósitos de varias empresas por 31 millones 967 mil pesos, los cuales fueron retirados mediante 116 operaciones por un monto de 31 millones 672 mil pesos; esta cantidad, a su vez, fue dispersada hacia otras cuentas de la propia Sección XXII y finalmente distribuidos mediante pagos de cheques en efectivo o transferencias.
Dice el documento que hemos mencionado antes, que en otra cuenta contratada bajo la denominación “Sección 22 Oaxaca CAPP” en el mismo banco y terminación 942, y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Claudio Felipe Mendoza García, se recibieron 52 operaciones de depósito por 45 millones 290 mil pesos, y se realizaron, con el mismo mecanismo, 3 mil 841 operaciones de retiro por una cantidad equivalente. En una tercera cuenta también en Santander, a nombre de “Sección 22 Oaxaca Finanzas” y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Aciel Sibaja, con número 65500169635, se observaron 70 operaciones de depósito por 8 millones 143 mil pesos, y 659 operaciones de retiros por 8 millones 223 mil pesos.
LUCRO CON SUS AGREMIADOS
Generalmente esas empresas que proveen servicios a los trabajadores del Estado, venden sus productos o servicios a sobrecostos estratosféricos. Por ejemplo, una de esas empresas vende automóviles a crédito “accesible” a los maestros, con la garantía de su estabilidad laboral. Así, un coche que cuesta 150 mil pesos en el mercado, esas empresas lo terminan vendiendo, en “pagos chiquitos”, hasta en 500 mil. Todo, claro, con cargo a los maestros y previa comisión a la dirigencia magisterial. Bonita “lealtad” de la 22 con su gremio.
