La CNTE ahora va a cobrar los saldos de su “voto de castigo”

+ Gobierno federal no puede pactar; la clave está en el Congreso


Como si fuera una victoria total, ayer el Comité Ejecutivo de la Sección 22 en Oaxaca anunció que uno de los acuerdos con el gobierno federal es el establecimiento de una ruta, con el Congreso, para la abrogación de la reforma educativa; otro de los acuerdos anunciados es la liberación de “presos políticos” y la recontratación de todos los profesores cesados. Hemos visto cómo, para mostrar voluntad, el gobierno federal ha ido liberando a integrantes de la dirigencia magisterial detenidos en los últimos meses. ¿Pero qué alcances tienen en realidad esos dos acuerdos considerados por la 22 como relevantes para la distensión del conflicto de Oaxaca?

En efecto, ayer la Coordinadora anunció que Gobernación ofreció a la disidencia magisterial realizar los enlaces necesarios con el Poder Legislativo para la abrogación de la reforma educativa, punto central de sus movilizaciones en Oaxaca y otros estados donde tienen presencia. En un comunicado, la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE informó los avances de la mesa de negociación con Segob en el que explican 7 puntos, en el que sobresale la devolución de las cuotas sindicales, canceladas por presuntos actos de corrupción de sus miembros.

La Sección 22 señaló que entre los avances se encuentra reinstalar a los maestros cesados y la liberación de los “presos políticos” en el tiempo acordado. Informó que sigue sobre la mesa de negociación el pago de los salarios retenidos a los maestros. En cuanto al tema de la construcción del proyecto educativo, se ha propuesto iniciar una serie de foros a partir del día 3 de agosto y se mantiene el rechazo al nuevo modelo educativo, y también anunció que a partir de mañana iniciará el proceso de reparación a los afectados por el enfrentamiento de Nochixtlán, el pasado 19 de junio.

De todo esto, resalta en primer término el acuerdo de la abrogación de la reforma educativa. ¿Qué les prometió el gobierno? Hacer los enlaces necesarios para que la Coordinadora dialogue con los diputados y senadores del Congreso de la Unión, lo recurrente a la reforma educativa. ¿Qué puede esperarse? Que, figuradamente, el gobierno federal lleve de la mano a los integrantes de la Coordinadora para que les expongan sus argumentos a los legisladores, y éstos decidan —a partir de la idea de soberanía, y del derecho a legislar (y no legislar) que les otorga la Constitución— si es posible que inicien un nuevo proceso legislativo ahora encaminado a sacar del orden jurídico federal las normas relacionadas con la reforma educativa.

¿ABROGAR Y LIBERAR PRESOS?

Idealmente, esto resulta posible. Pero es muy peregrina la idea de que el gobierno federal lleve de la mano a la Coordinadora con los diputados, y después les “ordene” a éstos últimos que abroguen la reforma educativa. Finalmente, el gobierno federal asumirá, por un lado, la autonomía y la soberanía que tienen los integrantes del Congreso para tomar sus decisiones; y por el otro, también permitirá que la Coordinadora encuentre a sus propios aliados y detractores dentro del Congreso.

Esto último no es menor. Porque desde hace años, la Coordinadora se la ha pasado llamando al voto de castigo en contra de partidos como el PRI, PAN, Verde y últimamente hasta del PRD. Su único aliado posible sería Morena, con la salvedad de que Morena tiene una bancada —en la cámara baja— de sólo 36 diputados (de un total de 500), y que en el Senado no tiene bancada; y con la otra cuestión aún mayor, de que el propio líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado expresamente por la revisión de la reforma, pero no por su abrogación.

¿Qué le queda a la Coordinadora? Muy seguramente —y aún con toda la voluntad política del gobierno federal por ayudarlos a la abrogación de la reforma— ver cómo en el Congreso se frustra su intención abrogadora, porque los grupos parlamentarios le cobrarán las afrentas y el descrédito que les ha prodigado por décadas el magisterio disidente.

Ahora bien, ¿cómo liberarían a los “presos políticos” —incluyendo a los profesores acusados del secuestro de los niños Álvarez—? Habría que entender que la imposición de penas es propia del Poder Judicial —algo que no está en las manos del Presidente—; y que aún estándolo, la Constitución le otorga a las víctimas el derecho de objetar un posible desistimiento de la acción penal, si es que por esa vía el gobierno federal quisiera liberar a los presos del magisterio.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

IMPUNIDAD

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a los presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR. Algo por demás complejo. Así que esta historia sigue con muchos capítulos por delante.