Sorpresas de la (in)justicia: indígena en prisión, por matar tres conejos

Heliodoro

+ La justicia debe humanizarse; para eso fueron reformas constitucionales


En uno de esos casos que uno creería que ya no existen en nuestro país, un indígena zapoteca originario de Tlacolula de Matamoros lleva casi siete meses recluido en el penal de Ixcotel, acusado —sin un señalamiento directo que lo incrimine— de matar a tres conejos de campo. Esta, que es una historia absurda pero real, ocurre ahora mismo en Oaxaca, y debería merecer la atención de los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, y de quienes se dedican a defender y promover los derechos de las comunidades indígenas.

En efecto, resulta que el juez segundo de Distrito en Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, inició un procedimiento penal en contra de un oaxaqueño indígena de nombre Heliodoro Morales Mendoza, por haber matado tres conejos. El expediente es el 121/2013 y el delito por el cual se le acusa es contra la biodiversidad, en la conducta de realizar actividades de caza o captura de ejemplares de especie de fauna silvestre. El señor Morales lleva más de seis meses en prisión.

La historia de esta injusticia tiene como contexto las labores de campo del señor Morales. En 2012, en terrenos comunales de Tlacolula, en los que realizaba labores de agricultura, aparecieron tres conejos de campo muertos. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó una denuncia ante el Agente del Ministerio Público federal en contra de quien resultara responsable por la posible comisión de un delito ambiental.

Aunque los funcionarios de la Conanp cumplían con su función, porque los terrenos están dentro de un área natural protegida, también lo es que históricamente esa zona ha sido utilizada por los comuneros para la agricultura. Un elemento importante es que el delito referido se refiere a la cacería o captura de animales silvestres que son comercialmente atractivos para la caza o el comercio ilegal, como venados, jaguares, loros, tortugas y aves que alcanzan un alto valor económico en el mercado negro.

Sin embargo, en este caso en la zona los comuneros consideran a los conejos como una plaga —dada su abundancia, su capacidad de reproducción (cada 40 días, en promedio, en vida silvestre), y por los daños que provocan a los sembradíos— y por eso no es raro que controlen su proliferación a través de distintos métodos, y sin que esto signifique que los hayan puesto en peligro de extinción, ni mucho menos.

Así, en su momento la Conanp presentó la denuncia, y al hacer las investigaciones el Ministerio Público consideró que los responsables del supuesto delito eran las dos personas que realizaban trabajos de campo en esa zona. Uno de ellos era el señor Morales Mendoza, quien fue aprehendido en el mes de enero pasado, y recluido en la penitenciaría de Ixcotel.

Ahí comenzó un vía crucis para el señor Morales y su familia que aún no termina, únicamente por la determinación del juez de la causa de no atender a la proporcionalidad del asunto y al sentido más básico de la justicia, y por preferir los criterios rigoristas por encima de los principios establecidos por las reformas en materia de derechos humanos, y la relativa al establecimiento del nuevo sistema de justicia penal.

INJUSTICIAS

Uno de los principios que según Eduardo Couture debe regir la actuación de los abogados —jueces, incluidos—, es el que establece que se debe siempre luchar por el derecho, pero que si en algún momento existe conflicto entre el derecho y la justicia, siempre se debe velar por los intereses de la justicia. ¿Se cumple este principio deontológico, en una situación como ésta? Evidentemente, no.

Ahora bien, en su defensa, el señor Morales alega que se ha violentado en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia pues le dice el juez que el delito que presuntamente cometió, es un delito grave, y que por eso tiene derecho a salir de la cárcel con el beneficio de la libertad bajo fianza.

Frente a eso, le han explicado al juez, en diversos escritos, que es de sentido común que el legislador no pudiera prever todos los casos posibles, y que es razonable que el delito de biodiversidad, del que se le acusa, sea un delito pensado para los traficantes de pieles, grandes industriales, explotadores de bosque, comerciantes ilegales, pero no cree razonable que la norma quiera sancionar a un campesino que cuida de sus terrenos y evita las plagas.

Asimismo, el señor Morales ha alegado que se viola en su perjuicio la presunción de inocencia, porque nunca fue acusado por una persona que lo señalara directamente, sino que únicamente hay pruebas que aseguran la muerte de tres conejos pero sin relación del nexo causal con algo que lo incrimine a él directamente. Incluso, señalan que la averiguación previa se inició en contra de otra persona, quien reconoció su culpabilidad, pero a pesar de ello, a él se le inició el proceso penal.

VIOLACIONES AL NUEVO SISTEMA PENAL

Incluso, el juez de la causa está sometiendo el nuevo sistema de justicia penal, a un criterio evidentemente inconstitucional: ese sistema, pugna justamente porque no todos los hechos posiblemente constitutivos de delito terminen con penas de prisión sino que, al contrario, que las personas que lleguen a penas privativas de libertad sean únicamente las que lo ameritan por reincidencia, peligrosidad o gravedad. Así, incluso en el caso de que sí hubiere sido responsable el señor Morales, ¿tres conejos ameritan un día, siete meses, o hasta nueve años en prisión? Más bien, ello revela, con toda claridad, una falta evidente de sentido común y una voluntad decidida por reprimir los principios fundamentales del nuevo sistema de justicia penal. Es decir, una tentación abierta por oponerse a la supremacía de la Constitución.

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