驴De veras era necesario el establecimiento de un sistema anticorrupci贸n?

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sna

+ Demag贸gico, reformar la Constituci贸n, para cumplir imperativos b谩sicos


Oaxaca, y el pa铆s entero, se enfrentan a un dilema mayor: 2017 marca el inicio de funciones del reci茅n creado Sistema Nacional Anticorrupci贸n (SNA), aunque en medio de un clima presupuestal inusitadamente adverso. Esto debe hacernos pensar nuevamente en nuestra perniciosa pr谩ctica de reformar la ley para 鈥攕eg煤n鈥 hacer que se cumplan principios que de todos modos ya exist铆an. El SNA es un ejemplo perfecto de lo anterior.

En efecto, todo esto resulta relevante porque mientras el combate a la corrupci贸n es una de las tres principales demandas de la ciudadan铆a mexicana 鈥攋unto con el combate a la pobreza, y a la inseguridad鈥, echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupci贸n tiene un costo elevad铆simo 鈥攗nos 10 mil millones de pesos, s贸lo como inversi贸n inicial鈥 con el que hoy no cuenta el Estado, que lejos de elevar el gasto, lo est谩 recortando.

Dicho Sistema se pondr谩 en marcha por la exigencia ciudadana y por el mandato constitucional. Aunque es evidente que, aunque parezca un ardid, nada de eso tendr铆a que gastarse 鈥攜 ni siquiera la reforma anticorrupci贸n debi贸 realizarse鈥 si hubiera una cultura de cumplimiento espont谩neo de la honestidad y la rendici贸n de cuentas tanto por parte de quienes tienen a su cargo la funci贸n p煤blica, como de nosotros mismos como ciudadanos que deb铆amos evitar la parte que nos corresponde en el venenoso ciclo de la corrupci贸n. Lo real es que la corrupci贸n es un problema importante para el pa铆s, y s贸lo basta con revisar algunas cifras para corroborarlo. Veamos cuatro indicadores distintos, para darnos una idea m谩s clara de la dimensi贸n del problema.

Primero, el Banco de M茅xico ha se帽alado que para 2015, la corrupci贸n le cost贸 al pa铆s el equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1 bill贸n 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidi贸 con la cifra y agreg贸 que la cantidad pod铆a compararse con el 80 por ciento de la recaudaci贸n de impuestos nacional.

Segundo: la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF) estim贸 que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desv铆os, subejercicios, despilfarro de recursos p煤blicos y pagos indebidos en el gobierno, y seg煤n Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario m铆nimo destinan al a帽o el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupci贸n.

Tercero: de acuerdo con el Bar贸metro Global de la Corrupci贸n, en 2013 el 90 por ciento de la poblaci贸n consider贸 la corrupci贸n un problema y el 88 por ciento lo consider贸 una situaci贸n frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos de corrupci贸n aumentaron significativamente en los 煤ltimos a帽os, son ya un acto normal, cotidiano y hasta un 鈥渉谩bito鈥.

Y cuarto: en el Reporte del 脥ndice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Econ贸mico Mundial, M茅xico ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen tama帽o y un ambiente macroecon贸mico estable, pero tiene resultados negativos en el 谩mbito de 鈥渄esempe帽o institucional鈥, es decir, en el marco administrativo y legal donde 鈥渓os individuos, las empresas y el gobierno interact煤an econ贸micamente [鈥 la baja calificaci贸n perjudica la competitividad del pa铆s鈥.

Frente a todo eso, la pregunta es: 驴la soluci贸n a este problema radica en la reforma a la ley y en la instauraci贸n de m谩s burocracia?

COSTOS NACIONALES

El Sistema Nacional Anticorrupci贸n representa uno de los dolores de cabeza m谩s relevantes para el Estado mexicano, porque seg煤n el nuevo texto de la Constituci贸n, 茅ste implica la reforma y conformaci贸n de distintos 贸rganos para la vigilancia de la funci贸n p煤blica, y la relaci贸n de los servidores p煤blicos con los particulares con los que trata para cumplir con sus atribuciones.

Ello implica reformas a diversas dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los poderes judiciales estatales y federal, de las auditor铆as superiores federal y estatales; asimismo, la reconfiguraci贸n de los tribunales de justicia administrativa; de las dependencias gubernamentales encargadas del control interno, del Ministerio P煤blico (en los 谩mbitos estatal y federal) que ahora tendr谩n sendas fiscal铆as especializadas en delitos relacionados con corrupci贸n; consejos consultivos ciudadanos; y toda una estructura gubernamental que, sin excepci贸n, funcionar谩 con cargo al presupuesto de egresos de la federaci贸n.

Todo eso ocurre a partir de la idea de que hay que combatir la corrupci贸n. Sin embargo, vale preguntarse: 驴Qu茅 no los principios de probidad, honestidad, lealtad y dem谩s, ya estaban considerados en la Constituci贸n? 驴Qu茅 no las auditor铆as ya realizaban funciones de fiscalizaci贸n que ahora se vieron transformadas con el nuevo sistema? 驴Qu茅 no era deber de cada gobierno, de cada administraci贸n p煤blica, cumplir con lo que la Constituci贸n les permite, y abstenerse de violar la ley? 驴Qu茅 no para rendir cuentas est谩n los informes de gobierno? 驴Qu茅 no se supone que actuar con honestidad son imperativos b谩sicos de la funci贸n p煤blica?

驴NO HAY FUTURO?

Lo cierto es que la corrupci贸n cuesta, y combatirla tiene tambi茅n montos importantes. Todo, por aquella vieja estratagema que nos sigue llevando a reformar la Constituci贸n para crear m谩s y m谩s figuras burocr谩ticas bajo el argumento de que 鈥渁hora s铆 se va a cumplir con lo que dice la ley鈥. Una falacia de costos 鈥攅con贸micos, institucionales, morales鈥 estratosf茅ricos para que finalmente 鈥攜 no lo descartemos鈥 todo siga igual.

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