¿De veras era necesario el establecimiento de un sistema anticorrupción?

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+ Demagógico, reformar la Constitución, para cumplir imperativos básicos


Oaxaca, y el país entero, se enfrentan a un dilema mayor: 2017 marca el inicio de funciones del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aunque en medio de un clima presupuestal inusitadamente adverso. Esto debe hacernos pensar nuevamente en nuestra perniciosa práctica de reformar la ley para —según— hacer que se cumplan principios que de todos modos ya existían. El SNA es un ejemplo perfecto de lo anterior.

En efecto, todo esto resulta relevante porque mientras el combate a la corrupción es una de las tres principales demandas de la ciudadanía mexicana —junto con el combate a la pobreza, y a la inseguridad—, echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un costo elevadísimo —unos 10 mil millones de pesos, sólo como inversión inicial— con el que hoy no cuenta el Estado, que lejos de elevar el gasto, lo está recortando.

Dicho Sistema se pondrá en marcha por la exigencia ciudadana y por el mandato constitucional. Aunque es evidente que, aunque parezca un ardid, nada de eso tendría que gastarse —y ni siquiera la reforma anticorrupción debió realizarse— si hubiera una cultura de cumplimiento espontáneo de la honestidad y la rendición de cuentas tanto por parte de quienes tienen a su cargo la función pública, como de nosotros mismos como ciudadanos que debíamos evitar la parte que nos corresponde en el venenoso ciclo de la corrupción. Lo real es que la corrupción es un problema importante para el país, y sólo basta con revisar algunas cifras para corroborarlo. Veamos cuatro indicadores distintos, para darnos una idea más clara de la dimensión del problema.

Primero, el Banco de México ha señalado que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.

Segundo: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.

Tercero: de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto normal, cotidiano y hasta un “hábito”.

Y cuarto: en el Reporte del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.

Frente a todo eso, la pregunta es: ¿la solución a este problema radica en la reforma a la ley y en la instauración de más burocracia?

COSTOS NACIONALES

El Sistema Nacional Anticorrupción representa uno de los dolores de cabeza más relevantes para el Estado mexicano, porque según el nuevo texto de la Constitución, éste implica la reforma y conformación de distintos órganos para la vigilancia de la función pública, y la relación de los servidores públicos con los particulares con los que trata para cumplir con sus atribuciones.

Ello implica reformas a diversas dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los poderes judiciales estatales y federal, de las auditorías superiores federal y estatales; asimismo, la reconfiguración de los tribunales de justicia administrativa; de las dependencias gubernamentales encargadas del control interno, del Ministerio Público (en los ámbitos estatal y federal) que ahora tendrán sendas fiscalías especializadas en delitos relacionados con corrupción; consejos consultivos ciudadanos; y toda una estructura gubernamental que, sin excepción, funcionará con cargo al presupuesto de egresos de la federación.

Todo eso ocurre a partir de la idea de que hay que combatir la corrupción. Sin embargo, vale preguntarse: ¿Qué no los principios de probidad, honestidad, lealtad y demás, ya estaban considerados en la Constitución? ¿Qué no las auditorías ya realizaban funciones de fiscalización que ahora se vieron transformadas con el nuevo sistema? ¿Qué no era deber de cada gobierno, de cada administración pública, cumplir con lo que la Constitución les permite, y abstenerse de violar la ley? ¿Qué no para rendir cuentas están los informes de gobierno? ¿Qué no se supone que actuar con honestidad son imperativos básicos de la función pública?

¿NO HAY FUTURO?

Lo cierto es que la corrupción cuesta, y combatirla tiene también montos importantes. Todo, por aquella vieja estratagema que nos sigue llevando a reformar la Constitución para crear más y más figuras burocráticas bajo el argumento de que “ahora sí se va a cumplir con lo que dice la ley”. Una falacia de costos —económicos, institucionales, morales— estratosféricos para que finalmente —y no lo descartemos— todo siga igual.

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