+ Avilés, marcado por la tentación de maniobrar sin formas ni respeto al gobierno
A nadie debería sorprender la insultante lista de administradores municipales que dio a conocer la Secretaría General de Gobierno. Es reflejo de la discrecionalidad que prevalece en la Constitución y en la ley respecto a la facultad de designación de los mismos, pero también del ominoso espacio de libertad que tiene el actual titular de la General de Gobierno para seguir actuando según sus conocidos parámetros, en los que no existe preocupación por las consecuencias o la opinión externa de sus actos. Así, no sólo se trata de la discrecionalidad, sino también de la indiferencia ante la percepción de las decisiones.
En efecto, la noche del lunes la Secretaría General de Gobierno dio a conocer los nombres de los primeros 17 administradores que fungirán como autoridad municipal provisional en igual número de municipios en los que no se pudo realizar la elección de autoridades constitucionales. En la opinión generalizada, la lista de nombres fue ofensiva no sólo porque demostraba la subsistencia de la necedad de Avilés por designar a personas cuestionadas en esos cargos, sino porque incluso ahora fue más lejos que en sus tiempos de operador político del PRI, y más recientemente de diputado y mandamás de la LXII Legislatura. ¿De qué hablamos?
De que todavía en la Legislatura anterior, Avilés —en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política— se vio obligado a equilibrar la lista de administradores municipales, haciendo una especie de ‘reparto’ con las demás fracciones parlamentarias, e incluso con su misma bancada. Así, esa lista —que siempre tuvo el problema de la inconstitucionalidad, pero que por complicidad ninguna bancada impugnó— integraba a personajes propuestos por las bancadas panista y perredista, pero también incluyó a personajes cercanos a diputados priistas como Adolfo Toledo Infanzón, como fue el caso de Vicente Noriega Betanzos, que fungió como administrador de Santo Domingo Ixcatlán.
En la LXII Legislatura, no sólo hubo el cuestionamiento generalizado por el nombramiento discrecional y ‘repartido’ entre las tres bancadas de todos los administradores, sino que también hubo señalamientos —en su momento, en este espacio se reseñó ampliamente el tema— por la decisión inconstitucional del Pleno, empujada por Avilés, de facultar a la Junta de Coordinación Política, que él presidía, para que llevara a cabo los nombramientos de administradores.
Así, con esa maniobra ilegal, Avilés evadió el fastidio de tener que hacer públicos los nombramientos de administradores, y someterlos a la aprobación del Pleno del congreso, y gracias a ello mantuvo a prácticamente todos sus administradores durante los tres años del anterior periodo de autoridades municipales, sin que se resolvieran los problemas políticos que habían prometido encauzar, en los 90 días para los que se supone que fueron nombrados los administradores —nombramientos que fueron renovados sucesivamente hasta completar un trienio.
Luego, por una maniobra del mismo Avilés, al final de su Legislatura se reformó la Constitución para entregar la facultad al Ejecutivo. Se logró, pero la reforma no fue bienvenida, porque en realidad el problema de fondo no radica en quién nombra a los administradores, sino bajo qué criterios y a partir de qué consensos sociales y políticos lo hace.
INDOLENCIA TOTAL
Hay un primer cuestionamiento común en la lista de los primeros 17 administradores nombrados por Avilés: los designados, además de ser sus socios o subordinados, en su mayoría son personajes cuestionados por sus antecedentes en el cumplimiento de esas mismas responsabilidades. Hay varios ejemplos. Dos de ellos son Juan José Osante Pacheco, que fue administrador de Mazatlán Villa de Flores y ahora fue designado como autoridad provisional en Santiago Matatlán; otro ejemplo, de entre varios, es Cuitláhuac Victoria Huerta, que ha sido administrador de Santo Domingo Ixcatlán y de San Mateo Peñasco, y que ahora será administrador de Santa Catarina Lachatao.
¿Cuáles son los antecedentes personales, profesionales, morales y políticos de esos personajes, como para ser designados reiteradamente como administradores? ¿Cuál es su productividad y capacidad de lograr la concordia y la avenencia entre las comunidades que han administrado, para cumplir con el propósito para el que se les designó, que no es el de ser autoridades sin Cabildo, sino facilitadores en la construcción de soluciones a los problemas políticos?
Lo cierto es que lejos de haber construido una reputación de eficacia en el cumplimiento de los objetivos para los que existe la figura del administrador municipal, la gran mayoría de ellos han acumulado señalamientos por corrupción, por desvío de recursos y por ser instigadores en la profundización de los conflictos intramunicipales. De hecho, la persistencia de la ingobernabilidad es lo que justifica su permanencia en las administraciones municipales; y por ello, esos personajes se han especializado en atizar los conflictos y no en ayudar a resolverlos.
DESCARO
Hoy la única diferencia es que Avilés ya perdió lo último que le quedaba de pudor. No le importó arrastrar al cuestionamiento al gobernador Alejandro Murat, con tal de persistir en su empecinamiento a favor de esos personajes cuestionados por la opinión pública, y rechazados por las comunidades en conflicto. Tan no le importó, que ni siquiera por eso guardó las formas. Él, como político, es impermeable a la crítica. Lo que no entiende es que hoy el mal fario no sólo se lo lleva él, sino que lo comparte con el gobierno para el que trabaja, y al que se supone que debería cuidar, aunque con sus acciones lo denigra.
