+ Ediles actuales simulan voluntad, democracia y trabajo porque quieren reelegirse
Sólo hay algo peor que la corrupción, y eso es la indolencia ante ella. Tal es el caso de los ayuntamientos de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, que en el intento de sus autoridades actuales por quedar bien con la ciudadanía, rumbo a los comicios del año próximo, olvidan que su responsabilidad no sólo se queda en tapar los baches o en limpiar de basura las calles. Hasta el momento, en ambos casos es evidente que la voluntad aparente es sólo simulación, y que en la supuesta disposición al trabajo se esconden las evasivas a entrar a los temas de fondo que afectan a ambas demarcaciones.
En efecto, el caso de Santa Lucía del Camino es paradigmático. En ese municipio, llevan al menos cuatro trienios consecutivos alimentando los vicios de la corrupción, de la devastación gubernamental, y del encubrimiento mutuo. Acaso después del conflicto magisterial de 2006, en Santa Lucía se profundizaron los problemas políticos que, en realidad, han servido en gran medida para desviar la atención de la auténtica explosión de corrupción y giros negros que hoy ahoga a ese municipio.
Desde la administración de Alejandro Díaz, las disputas por el poder municipal se hicieron comunes y eso no tenía que ver con que Santa Lucía fuera una demarcación económicamente poderosa, o porque éste fuera un lugar de privilegio para el establecimiento de algún tipo de comercio o industria que la hiciera rentable.
No, en realidad, los problemas políticos —que ya existían— se acentuaron cuando Santa Lucía fue ubicado como uno de los ‘patios traseros’ de la capital oaxaqueña, a donde había posibilidad de llegar a asentarse en todos los giros y establecimientos que fueron empujados hacia esos espacios por las restricciones y prohibiciones establecidas a la autoridad citadina a negocios como bares, centros nocturnos y demás establecimientos que terminaron ubicados en la periferia de la capital oaxaqueña. Los problemas políticos explotaron cuando se reparó en que la autoridad municipal era la facultada para autorizar, y cobrar, por dichos establecimientos. Ahí todo se descompuso y, lamentablemente, hasta ahora no hay visos de una recomposición.
De hecho, en 2013 había un censo no reconocido en Santa Lucía, de alrededor de 400 establecimientos que ofrecían servicios de bar, after night, prostíbulos, casas de citas y demás giros que franqueaban los linderos de la legalidad. A la llegada de Galdino Huerta a la alcaldía de Santa Lucía, pronto se supo que esa cifra no sólo se mantuvo, sino que creció; y que la codicia por el control de las licencias, las continuaciones de operaciones, y las autorizaciones de nuevos giros negros, fue lo que inicialmente desató los desencuentros entre Huerta y su Cabildo. Al final, Huerta no sólo continuó con el negocio sino que lo ensanchó. Y esto lo aderezó con la enorme interrogante que hoy prevalece sobre el ejercicio de los recursos que le fueron transferidos por las arcas estatales y federales a lo largo de su administración.
Frente a todo esto, ¿qué ha hecho Raúl Cruz González? Se ha dedicado a cerrar ojos y a evadir esos temas de fondo: impulsó, desde que era autoridad electa, trabajo comunitario que resulta loable y reconocible, aunque frente a las circunstancias es claramente insuficiente. Hoy, como Edil, le ha dado prioridad a los asuntos de ornamento de su comunidad —en un marcadísimo intento de llamar la atención para que el Gobernador, por encima de cualquier otra persona, vea lo que está haciendo—, pero abiertamente se ha deslindado de un problema que él mismo reconoce: hace algunos días, reconoció que se podrían seguir autorizando nuevos establecidos de giros negros, al amparo de las firmas y sellos de la administración de Huerta, que no le fueron entregados porque no hubo ningún proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento.
¿Esta es una explicación suficiente y digna de una autoridad municipal, frente a un problema de tales proporciones? Evidentemente, no. Más bien, o Raúl Cruz está evadiendo el problema de fondo, que es la persistencia de una autoridad de facto que seguiría haciendo el trabajo sucio por ellos; o en realidad, está utilizando argumentos pueriles para proteger las tropelías de Huerta, y para justificarlas a través de los argumentos expiatorios con los que pretende zafarse de la responsabilidad frente al problema más importante de Santa Lucía, que es la prostitución, y los giros negros.
¿Tiene interés Cruz González por abordar esos problemas? Queda claro que no. No demuestra intención de ir contra la corrupción de sus antecesores, y tampoco de revertir los actos de autoridad que permitieron el florecimiento del vicio y la prostitución en aquella demarcación. Más bien, ahora Raúl Cruz está preocupado por lo aparente, a ver si con eso logra congraciarse nuevamente con su electorado, el año próximo cuando intente reelegirse como Presidente Municipal.
XOXOCOTLÁN, POR LAS MISMAS
Algo muy similar ocurre en Xoxocotlán, en donde Alejandro López Jarquín insiste en litigar en los medios lo que nadie sabe si ha promovido a través de las vías legales. En la prensa, ha linchado en despoblado a sus antecesores, que efectivamente fueron muestra de frivolidad, opacidad y dispendio, pero que por esas acciones deberían responder ante la justicia y no ante los tribunales de la prensa.
Lejos de eso, López Jarquín no parece haber hallado aún la forma de generar algo distinto a las inercias naturales de la población que gobierna. No ha emprendido ninguna acción relevante y su posición de perredistas aliados al régimen anterior, los ha sepultado en el desprecio de la administración estatal. Ante su falta de imaginación y de talento político, ni siquiera ha podido revertir esa circunstancia inicial. Y por eso es una gestión que sólo se luce a través de lo que puede aparentar pero no de lo que verdaderamente ha impulsado.
Así, López Jarquín pareciera un simil de Raúl Cruz en Santa Lucía en su intención por encubrir a sus antecesores a través de la pose y las denuncias mediáticas, que en realidad encubren su incapacidad para intentar las acciones jurídicas, que deberían ser el punto de referencia para una verdadera revisión de las cuentas de los ejercicios anteriores. En el fondo, su gran capital político consiste en continuar las inercias del pasado. Y, en esa lógica, no debiera sorprender que dentro de poco se estrene como organizador de bailes y eventos musicales para la comunidad, y que con eso intente justificar todo lo que no está haciendo por enfrentar y resolver los problemas de su comunidad.
Al final, las intenciones también parecen encaminadas a quedar bien en lo que se pueda, y a navegar en la mejor condición posible —sin entrar en turbulencias, como las que pudieran generarse con acciones de fondo— aprovechando que la gente de esas comunidades está tan acostumbrada al latrocinio y a la desidia gubernamental, que quizá pueda hasta no pedirles cuentas por su voluntad y sus acciones a medias.
SACUDIDAS
Las que vienen en el Tribunal Superior de Justicia y en la Fiscalía General del Estado. No en todos los casos se espera lo mismo: Raúl Bolaños Cacho es un magistrado respetado, al que la comunidad jurídica nacional le reconoce su visión en el impulso al sistema de justicia acusatorio adversarial en la entidad, varios años antes que en el ámbito federal. Oaxaca fue pionero en el tema, hasta que la apatía de Ulises Ruiz y Gabino Cué casi sepultan esa vanguardia. En contraparte, a Mariana Benítez —posible relevo de Joaquín Carrillo Ruiz— la persiguen irremediablemente los fantasmas de la cuestionada investigación de la PGR sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.
