+ 10 años de desapariciones; 43 de Ayotzinapa, y miles más, amplían su lucha
La detención-desaparición que durante 10 años ha denunciado el Ejército Popular Revolucionario de dos de sus integrantes, hoy en día se inscribe en una dolorosa agenda en la que las desapariciones son un problema nacional, y en el que el Estado se ha visto completamente rebasado en la contención de este fenómeno de tanto dolor e incertidumbre continuados. Aunque a la luz de las circunstancias actuales, la desaparición forzada de los dos eperristas parece algo lejano, esto bien puede ejemplificar la indolencia gubernamental para atender integralmente los casos de esta naturaleza.
En efecto, en el caso de la detención-desaparición de estos dos militantes eperristas, existe una amplia documentación del posible contexto en que ocurrió su posible aseguramiento por parte de elementos de alguna corporaciones policiaca. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras, que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado específicamente, pero de ese mismo rumbo, de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
De hecho, en lo único en lo que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el EPR, es que tanto Edmundo Reyes Amaya como Gabriel Alberto Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones, se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.
En ese sentido, el eperrismo denunció la desaparición de sus militantes, apenas unos días después de que ocurrió su detención. Según los comunicados de la época, lo hizo luego de poner en marcha sus mecanismos de verificación y de consultar a las comandancias regionales del EPR sobre la posibilidad de que tuvieran noticias de ellos. Fue entonces que aceptaron públicamente la participación de los dos desaparecidos en el conflicto magisterial en su calidad de luchadores sociales (ver, por ejemplo, el comunicado que emitió la Comandancia del EPR en Hidalgo el 12 de junio de 2007, donde aceptan ese hecho de forma expresa). Y fueron enfáticos, desde el principio, en acusar tanto al gobierno del Estado de Oaxaca, como al federal, de haber participado, en una especie de “colaboración”, en la detención-desaparición de sus militantes.
Luego vinieron los actos de sabotaje, que en el segundo semestre de 2007 lanzaron en contra de instalaciones estratégicas de Pemex. Ante la respuesta gubernamental de que los buscarían y detendrían, el EPR propuso una tregua unilateral que permitiera abrir un espacio de diálogo con el gobierno federal. Éste aceptó, pero reiteradamente dio largas al asunto.
Hoy han pasado diez años de la detención-desaparición de los dos eperristas, y llama la atención que ninguno de los dos ámbitos de gobierno parezca no terminar de entender dos circunstancias que son fundamentales en este tema: primera, que la detención y desaparición de esas dos personas está más documentada de lo que parece, sin que hasta el momento haya una conclusión concreta por parte del Estado sobre qué pasó con ellos, así como se sabe concretamente qué ha pasado con los miles de desaparecidos más que se han acumulado de entonces a la fecha a lo largo y ancho de amplias regiones del país.
Y segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, el EPR no ha vuelto a optar ni por la violencia ni por el sabotaje para tratar de presionar al Estado para que responda por sus desaparecidos. ¿Por qué? Porque parece claro que ese grupo tiene una estrategia perfectamente delineada, que hoy en día lo que busca es que por medio de la denuncia este asunto continúe vigente, y al final eso termine impactando en la forma en cómo la comunidad internacional ve a México frente a hechos incalificables como el permitir, tolerar o promover la detención arbitraria, y la desaparición forzada de personas.
En ese rubro, parece que en una misma medida, la lucha eperrista de los últimos años ha sido discreta pero eficaz.
LA RUTA DE LA DENUNCIA
Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los dos eperristas, y durante todo este tiempo el EPR —junto con otras organizaciones que, por su lado y a través de sus propios métodos, hacen lo mismo— se ha limitado a la denuncia. Ellos más que nadie, parecen tener claro que el único camino posible en este caso es la denuncia reiterada. Saben que la posibilidad de encontrar vivos a sus compañeros es cada vez menor, pero también parece quedarles claro que ante lo irremediable de esos hechos lo menos que pueden hacer es permitir que el tema se olvide, o que se quede archivado en los expedientes de la burocracia.
Por eso no es raro que todas las personas que desde la vida pública están encargadas de la defensa de los familiares de los desaparecidos, insistan en continuar actuando frente a las autoridades judiciales, para que una vez agotados todos los procedimientos vayan ante las instancias continentales en materia de derechos humanos.
Así, el camino que seguirá este asunto es llegar —tarde o temprano— a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después irá a la Corte Interamericana. Ahí resultarán las responsabilidades que hasta ahora el gobierno federal y el local han querido evadir, y finalmente el Estado Mexicano se verá obligado a enfrentar este tema, que hasta ahora ha intentado ser minimizado por los gobernantes en turno.
Si esa posibilidad, vista por muchos como remota pero no imposible, se entrelaza con el drama nacional por las miles de desapariciones cometidas por diversos agentes públicos y privados —quizá algunos cometidos por el propio Estado, pero muchos otros cometidos por particulares aunque con la aquiescencia del Estado— y también por otros temas que, en otras vías, intentarán también se llevados a los tribunales continentales en materia de derechos humanos, específicamente para enjuiciar a los últimos dos presidentes por sus acciones relacionadas con el combate a la delincuencia organizada que pudieran derivar en responsabilidad internacional por hechos ilícitos y por violaciones a la legislacion internacional en materia de derechos humanos.
Si se recuerda, al ex presidente Felipe Calderón se le ha intentado llevar a tribunales internacionales bajo acusaciones de haber cometido crímenes de lesa humanidad; y hay organizaciones que, en su momento, intentarán hacer lo mismo con el presidente Enrique Peña Nieto con temas como la conformación de las autodefensas en Michoacán —grupos de civiles a los que el propio Estado armó y toleró, para que combatieran a otros civiles aparentemente identificados con la delincuencia organizada—, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y muchísimos otros casos de desapariciones que han ocurrido en los últimos seis años a lo largo del país.
DOLOR
En el fondo, es claro que la lucha eperrista actual nunca ha perdido los derroteros; para mal del país, una década después las propias circunstancias le dan la razón en medio del dolor y el horror que se vive en amplias zonas del país tanto por la violencia desbordante, como por la incapacidad del Estado por cumplir con sus responsabilidades.
