Evaluación: S-22 juega a las vencidas en una arena en la que no va a ganar

 

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+ Se entretienen inventando problemas para no asumir su carencia de banderas


La determinación de la Sección 22 de no permitir que los tres mil 699 trabajadores regularizados presenten las evaluaciones para continuar con el trámite para lograr la asignación definitiva de sus plazas, es una consecuencia del juego de vencidas que intenta jugar la dirigencia magisterial, en lo que más bien podría verse como un round de sombra. La Sección 22 intenta en realidad bloquear un acuerdo que no pasa por la potestad del gobierno estatal, y que al cancelarse impactaría directamente en sus bases.

En efecto, pareciera que en esa relación enfermiza entre radicales y moderados al interior de la Asamblea Estatal de la Sección 22, siempre los lleva a posiciones extremas incluso cuando éstas parecieran ser innecesarias. En este caso, la postura de los grupos más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se impuso en la asamblea estatal al prohibir preliminarmente a los más de tres mil maestros en proceso de regularización en Oaxaca participar en la evaluación docente.

Según la información, el emplazamiento de la comisión política es que el 30 de mayo, el Estado pague al personal irregular sin que medie el examen. La postura, impulsada por el grupo radical del magisterio vinculado al ex gobernador Ulises Ruiz, considera que el examen implicaría aceptar, en los hechos, la reforma educativa. De igual forma, entre los acuerdos de la asamblea estatal de la CNTE, acordaron no subir información a las plataformas oficiales de la SEP, y el pronunciamiento contra la profesora Anabel Espinoza, de la Escuela Benito Juárez, en San Juan Bautista Tuxtepec.

En esencia, con esto lo que buscan es presionar a que la administración del gobernador Alejandro Murat intente forzar la concreción de un acuerdo con el gobierno federal para evitar lo que la Sección 22 considera algo así como la “joya de la corona”: la inaplicación de facto de la evaluación, y con ello la derogación material de la reforma educativa, que primero intentaron conseguir a través de la presión a los órganos legislativo y ejecutivo federales, y que ahora han intentado alcanzar a través de la presión a los gobiernos estatales.

El problema, en ese caso, es que esta resulta ser una práctica que directamente golpea a su clientela más reciente: todavía la dirigencia estatal que encabezó Rubén Núñez Ginez, estableció como el logro más importante de toda su gestión, el haber conseguido la regularización de alrededor de cuatro mil 500 trabajadores que, total o parcialmente, se encontraban en una situación de inestabilidad laboral, tanto respecto a sus empleos, como a la asignación de horas clase, ubicación de centro laboral y algunas otras cuestiones.

El gobierno de Murat Hinojosa logró que el gobierno federal accediera a la regularización, aunque desde un inicio la incorporación de los nuevos profesores a la nómina magisterial quedó condicionada a que éstos cumplieran con el acuerdo de presentarse a las evaluaciones y terminar los trámites que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En este caso, parece que la estratagema entre los propios profesores radica en la forma en que ven las prioridades respecto a la negociación del mes de mayo. Pues incluso cuando dieron a conocer el pliego petitorio que entregarían a la administración estatal, la Sección 22 no fijó prioridades concretas, y más bien dio la idea de que éste no era un año potencialmente relevante para sus intereses de fondo.

El problema es que, como ya es bien sabido, en el camino se cruzaron los radicales que han intentado imponer el criterio de que toda la negociación anual debe quedar condicionada al éxito o fracaso de la exigencia de que los tres mil 699 nuevos incorporados a la nómina magisterial, queden exentos del proceso de evaluación, del que finalmente no se podrán salvar ni los profesores ya en activo, ni los recién contratado, ni los normalistas que intentan acceder a una nueva plaza docente.

RADICALES Y MÁS RADICALES

Apuntamos el miércoles 3 de mayo en este espacio: “Al final, la lucha de radicales contra moderados al interior de la Sección 22 será constante en estas semanas por venir. Ayer mismo, diversas voces intentaron responsabilizar a varios grupos políticos por el origen de los incendios ocurridos por la mañana en varias escuelas de la capital oaxaqueña. Podría ser, aunque en realidad casi todos los grupos influyentes al interior de la Sección 22 tienen relación con los grupos que gobiernan y que han gobernado la entidad en las últimas décadas. Por eso, además habría que ver y entender la lucha natural entre radicales y moderados al interior del sindicato, frente a un tema toral como la definición de la relación política entre el gobierno y la Sección 22 para los próximos años.”

Pues resulta que aunque parece un tema intrascendente, en estos momentos todos deben entender que lo que se intenta establecer en la relación política de la Sección 22 con la nueva administración del Gobierno de Oaxaca, no radica en si los nuevos profesores deben o no presentar la evaluación para continuar sus trámites administrativos, sino en si finalmente se lograrán imponer las determinaciones del gobierno sobre el magisterio, o viceversa.

Por esa razón, el martes 16 de mayo volvimos al tema específico del establecimiento de los nuevos parámetros de la relación política entre el gobierno estatal y la Sección 22, apuntando lo siguiente: “el propio gobierno de Oaxaca tendrá que asumir que una negociación relativamente cómoda y civilizada durante el presente año —si es que no resulta vetada por el radicalismo de la Asamblea Estatal, que suele imponerse en los momentos menos previsibles a favor de medidas duras— no es indicio de una nueva relación con la Sección 22. Ellos lo harían así según su propia agenda y para generar una correcta acumulación de fuerzas rumbo al 2018, en el que se volcarán abiertamente a apoyar al candidato y el partido que definan, y en el que ni la más poderosa negociación política, al más alto nivel, podrá evitar. Eso es de antemano un hecho. A pesar de lo benigno que pudiera finalmente parecer el saldo de la negociación en 2017.”

Es claro que todo eso se ha cumplido sobradamente, y que ahora será una labor milimétrica la de no permitir que la ya de por sí endeble relación política entre el gobierno y la 22, se contamine con el radicalismo de quienes intentan ver arder toda la relación. Esta es, en el fondo, una misión conjunta de la dirigencia magisterial y del gobierno de Oaxaca, en la que se encuentra en medio la Asamblea Estatal, que como vemos sí logra ser influida por los sectores más radicales.

Al final, tanto a la dirigencia seccional como al gobierno, les conviene llegar a un buen acuerdo por lo menos en la negociación del presente año, porque eso significa preparar sus respectivas baterías para el decisivo año 2018, en el que ya no tendrán como meta negociar plazas docentes ni incrementos salariales, sino las definiciones presidenciales de las que irremediablemente unos y otros serán partes.

TEMPORADA DE REALIDADES

La sola temporada pone en evidencia las debilidades más básicas: llueve un día y amplias zonas de la ciudad sufren por la indolencia de diversas instancias municipales y estatales, que no previeron el taponamiento del sistema de aguas pluviales. Tiembla, pareciera que para revelar que el sistema de las alertas sísmicas no funciona. ¿Y si todo esto fuera lo mismo, pero en una magnitud catastrófica? Ni pensarlo…

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