¿Dónde está la Sección 22?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Resulta pertinente la pregunta, porque desde el inicio de la pandemia —hace casi dos años— la Sección 22 del SNTE ha tenido una presencia prácticamente nula, tanto como grupo de lucha social que como gremio magisterial. Aunque el oficialismo intenta vender como logros suyos la aparente gobernabilidad y los ciclos escolares completos a pesar de la pandemia, lo cierto es que la dirigencia sindical del magisterio oaxaqueño tiene razones suficientes para estar desaparecida.

En efecto, en Oaxaca hoy existe gobernabilidad y trabajo del sector educativo en aparente calma. Desde hace más de dos años no han ocurrido movilizaciones masivas de los trabajadores de la educación y, a pesar de la pandemia, se dice que existe regularidad en el trabajo docente en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación básica y media básica, que se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad educativa estatal y de la Sección 22. 

Junto a ello, se presume que el buen manejo político y administrativo de la educación ha dado como resultado una relación de concordia entre el gobierno y el magisterio, y que por esto éste último no se ha movilizado ni ha suspendido labores a lo largo de los últimos ciclos escolares. 

¿Qué tan cierto es esto? Es evidente que la 22 no se ha movilizado en mucho tiempo; pero esta verdad no necesariamente está ligada con una gestión gubernamental eficaz, sino con el hecho de que el magisterio parece tener muy pocas ganas y motivos para continuar una jornada de movilizaciones. ¿La razón? Que, por un lado, tiene la gran mayoría de sus demandas laborales y políticas resueltas; y, por el otro, que tampoco tiene necesidad de hacer presencia política porque hoy son aliados de una administración federal cuyo partido —Morena— tiene eventualmente ganados todos los procesos electorales a los que acudirá este año y que —como el de Oaxaca— son de interés del sindicato magisterial.

Y es que en mayo de 2019, como si fuera el regalo del gobierno federal a la CNTE en el día del maestro de ese año, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, que resultaron formidables para los intereses del llamado “magisterio democrático”, pues en ellas se declaró la muerte de todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación, con lo cual se convalidó el triunfo del magisterio, que siempre ha pretendido mantenerse ajeno a cualquier tipo de disposición que modifique su situación laboral y sus mecanismos de ingreso, siempre que éstos no les den una carta abierta a ellos. Y eso fue justo lo que lograron con la reforma educativa —contrarreforma— aprobada por el Congreso federal en 2019.

Básicamente, la nueva legislación federal elimina todos los requisitos relacionados con la evaluación de la educación; garantiza la subsistencia de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, así como la contratación de todos los egresados de ellas, y únicamente norma los mecanismos de ingreso y ascenso al servicio docente, pero elimina todo lo relacionado con la evaluación de la educación en sentido sancionador. Es decir, asciende y mejora su situación laboral quien cumple con ciertos requisitos. Y quien no, simplemente se queda en el espacio educativo que ya tiene ganado. Algo inmejorable para sus intereses.

GRAN REGALO 

El Decreto que contiene la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019 contiene la claudicación del Estado mexicano en favor del magisterio. Dice el transitorio segundo: “A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

“Hasta en tanto el Congreso expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic) —Ley publicada en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año—, queda suspendida cualquier evaluación ypermanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros (sic), los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Luego, los transitorios tercero y cuarto no dejan duda sobre la rendición del Estado frente al magisterio: “Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio (…) A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

¿Qué significa? Que la 4T no dejó piedra sobre piedra respecto al antiguo sistema de evaluación, y les regaló un nuevo panorama en el que silenciosamente el sindicato magisterial ha ido retomando el control administrativo de la educación. Aunque formalmente nada dice sobre el reconocimiento de la presencia sindical en la gestión de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la educación, es evidente que volvió a poner al SNTE —y a la CNTE— en el pináculo de la política educativa nacional.

Luego, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —sí, así se llama—, garantiza el reabastecimiento constante de nuevos integrantes del sindicato magisterial, al formalizar la contratación de los egresados de las normales. El artículo 35 así lo constata: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a (sic) las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la SEP, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas (…) de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley…”

¿Qué significa? Que al menos la CNTE y la Sección 22 no tienen ya razones para mantenerse en la lucha. Fueron satisfechas todas sus demandas sustantivas. Todas. Y si eso no fuera poco, además tienen más de 40 diputados federales provenientes de todo el país. Y la pandemia les permite justificar el hecho de que ya ni siquiera se celebren asambleas seccionales. Así, tanto silencio no es producto de una buena gestión gubernamental estatal, sino resultado de la capitulación del Estado frente a sus demandas. 

EPITAFIO 

En ese contexto de derrota aplastante, ¿alguien sabe qué pasó con el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? Porque la reforma educativa de AMLO tampoco es lo que exigía el magisterio oaxaqueño. Lo raro es que ahora ya no dicen ni pio… 

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Una mirada al control que ejerce la Sección 22 sobre sus agremiados, frente a la evaluación docente

Oaxaca representa uno de los mayores retos para el gobierno federal, por la necesidad impuesta en la ley, y la resistencia de miles de profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE, a la aplicación de la evaluación docente. Este es un proceso que emana de la Constitución y tiene sus bases en la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esto, sin embargo, existe un posicionamiento político en contra por parte del sindicato magisterial, que ha establecido como una política el rechazo a la evaluación. Ante esa realidad, vale la pena entender bajo qué mecanismos la Sección 22 presiona y mantiene a miles de sus trabajadores en una resistencia obligada frente a la evaluación.

En efecto, la Sección 22 mantuvo diversos mecanismos de control que fueron ampliamente conocidos y documentados. Desde 1992, cuando el Gobernador Heladio Ramírez López le entregó a la dirigencia magisterial la posibilidad de que éstos nombraran a prácticamente la totalidad de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se establecieron las bases para establecimiento de un control disciplinar y clientelar de los más eficaces que se conozcan en nuestro país.

A los trabajadores de la educación se les sujetó desde entonces a un régimen bajo el cual la mejora de cualquier situación administrativa estaba supeditada a la participación en actividades sindicales y, además, la participación sindical condicionaba la estabilidad laboral. A esa simbiosis se acostumbraron los integrantes de la Sección 22, y esa era una de las causas más de fondo por las que el sindicato magisterial se negaba a perder el control que ejercía sobre las cuestiones administrativas en el IEEPO.

En 2006, hubo un primer intento del entonces Gobernador Ulises Ruiz Ortiz por desmantelar esa estructura administrativa emanada de la Sección 22 y enquistada institucionalmente en el IEEPO. Eso motivó, en gran medida, la profundización del conflicto y la revuelta magisterial que había surgido por razón del desalojo del 14 de junio; y finalmente, en aquel entonces en las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación se estableció la devolución del Instituto a la Sección 22, a cambio de que ésta se separara y desmovilizara para darle cauce a la revuelta que ya era desbordante en la capital oaxaqueña durante los últimos meses de aquel aciago año 2006.

Así, el control clientelar continuó y esto se profundizó cuando, inicialmente, el Gobernador Gabino Cué reconoció la preponderancia de la Sección 22 al interior del IEEPO y prácticamente le terminó de entregar el control administrativo del instituto educativo. La 22, ante la rendición voluntaria de Cué, enloqueció y endureció todos sus controles respecto a los trabajadores, a quienes además obligó a continuar movilizándose pese a que el gobierno les había dado —literalmente— todo. Ello terminó el 21 de julio de 2015, cuando por un decreto —y el respaldo del gobierno federal— el mismo Gabino Cué le expropió el IEEPO a la Sección 22 y estableció nuevas figuras administrativas.

¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que la 22 ingenió nuevas formas —la mayoría de ellas, por la vía de la fuerza— para mantener el control de su membresía y seguirlos obligando a cumplir sus determinaciones, a pesar del reiterado llamado del gobierno a los trabajadores de la educación, de que no se dejaran intimidar ya que la Sección 22 había dejado de tener injerencia en las decisiones y trámites administrativos de los trabajadores como condicionante a su participación sindical. Ello lo hacía para invitarlos a la evaluación. ¿Cómo ha sido este proceso de presión y cesión?

CASO REPRESENTATIVO

Los investigadores en materia educativa no han sido ajenos a este fenómeno. Oscar Hugo Faustino Zacarías, investigador de la UAM Xochimilco ha descrito algunos detalles de este control cuasi castrense de la 22 sobre sus agremiados, en un interesante texto denominado “Los retos políticos de la evaluación docente en Oaxaca” (https://educacion.nexos.com.mx/?p=696), y publicado en octubre pasado en el blog Distancia por Tiempos de la edición electrónica de la Revista Nexos.

Al respecto, apunta que el caso más representativo de la oposición a la evaluación docente es el de la sección 22. Dice que en el caso específico de Oaxaca, la etapa actual de los procesos de evaluación está marcada por tres variables que parecen entorpecer la implementación de las evaluaciones: 1) los bajos niveles de participación en los procesos de evaluación; 2) el acoso a profesores que se han evaluado; y 3) las limitantes organizacionales de la autoridad educativa para poder garantizar el cumplimiento de la evaluación.

Respecto al primer punto, los bajos niveles de aceptación de la evaluación se deben a la forma en cómo se edificó la reforma educativa, poniendo en tela de juicio su legitimidad e incluso su legalidad. Asimismo, la inestabilidad en la situación contractual que pudiera derivar de la evaluación es otro factor que incentivó la no participación en los procesos de evaluación, pues participar implicaba aceptar la “derrota” frente a la reforma. La resistencia a dichos procesos hace que no se cumpla con las metas cuantitativas por año que se ha planteado el INEE, al menos en Oaxaca. El hostigamiento a los maestros disidentes de la sección 22 es otro factor que inhibe la participación de los docentes en los procesos de evaluación. Si bien muchos profesores no comulgan con las acciones/decisiones de la dirigencia sindical, continúan en la dinámica sindicalista posiblemente por dos razones: una, debido a la fortaleza que aún ostenta la sección 22 en determinadas regiones y zonas escolares;  otra, dado el acoso al que se han enfrentado algunos docentes que se han evaluado. Dicha dinámica se ha encargado de provocar en los espacios dominados por la S-22 un ambiente laboral tenso hacia los evaluados, basado en exclusión, ley del hielo y entorpecer sus trámites administrativos, bajo el entendido de que son charros sindicales. La situación del acoso va de la mano con las limitantes organizacionales del IEEPO que no siempre puede garantizar espacios laborales adecuados para los evaluados. Aunado a lo anterior, estas limitantes se ven reflejadas en que no logran que todos los profesores convocados a evaluarse participen en los procesos de evaluación y tampoco consiguen instrumentar todas las disposiciones legales derivadas de la reforma en términos de ascensos y cambios, pues la inercia y costumbre sindicalista sigue impregnada y dominante a nivel regional, sectorial y de zona escolar, orillando al IEEPO a “adaptar” las reglas del juego.

FELICES FIESTAS

Deseando a nuestros lectores y amigos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2018, esta columna toma unos necesarios días de descanso. Nos volvemos a leer el 4 de enero próximo. A todos, les enviamos nuestros mejores deseos junto con un fuerte y afectuoso abrazo. ¡Hasta muy pronto!

Evaluación: S-22 juega a las vencidas en una arena en la que no va a ganar

 

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+ Se entretienen inventando problemas para no asumir su carencia de banderas


La determinación de la Sección 22 de no permitir que los tres mil 699 trabajadores regularizados presenten las evaluaciones para continuar con el trámite para lograr la asignación definitiva de sus plazas, es una consecuencia del juego de vencidas que intenta jugar la dirigencia magisterial, en lo que más bien podría verse como un round de sombra. La Sección 22 intenta en realidad bloquear un acuerdo que no pasa por la potestad del gobierno estatal, y que al cancelarse impactaría directamente en sus bases.

En efecto, pareciera que en esa relación enfermiza entre radicales y moderados al interior de la Asamblea Estatal de la Sección 22, siempre los lleva a posiciones extremas incluso cuando éstas parecieran ser innecesarias. En este caso, la postura de los grupos más radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se impuso en la asamblea estatal al prohibir preliminarmente a los más de tres mil maestros en proceso de regularización en Oaxaca participar en la evaluación docente.

Según la información, el emplazamiento de la comisión política es que el 30 de mayo, el Estado pague al personal irregular sin que medie el examen. La postura, impulsada por el grupo radical del magisterio vinculado al ex gobernador Ulises Ruiz, considera que el examen implicaría aceptar, en los hechos, la reforma educativa. De igual forma, entre los acuerdos de la asamblea estatal de la CNTE, acordaron no subir información a las plataformas oficiales de la SEP, y el pronunciamiento contra la profesora Anabel Espinoza, de la Escuela Benito Juárez, en San Juan Bautista Tuxtepec.

En esencia, con esto lo que buscan es presionar a que la administración del gobernador Alejandro Murat intente forzar la concreción de un acuerdo con el gobierno federal para evitar lo que la Sección 22 considera algo así como la “joya de la corona”: la inaplicación de facto de la evaluación, y con ello la derogación material de la reforma educativa, que primero intentaron conseguir a través de la presión a los órganos legislativo y ejecutivo federales, y que ahora han intentado alcanzar a través de la presión a los gobiernos estatales.

El problema, en ese caso, es que esta resulta ser una práctica que directamente golpea a su clientela más reciente: todavía la dirigencia estatal que encabezó Rubén Núñez Ginez, estableció como el logro más importante de toda su gestión, el haber conseguido la regularización de alrededor de cuatro mil 500 trabajadores que, total o parcialmente, se encontraban en una situación de inestabilidad laboral, tanto respecto a sus empleos, como a la asignación de horas clase, ubicación de centro laboral y algunas otras cuestiones.

El gobierno de Murat Hinojosa logró que el gobierno federal accediera a la regularización, aunque desde un inicio la incorporación de los nuevos profesores a la nómina magisterial quedó condicionada a que éstos cumplieran con el acuerdo de presentarse a las evaluaciones y terminar los trámites que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En este caso, parece que la estratagema entre los propios profesores radica en la forma en que ven las prioridades respecto a la negociación del mes de mayo. Pues incluso cuando dieron a conocer el pliego petitorio que entregarían a la administración estatal, la Sección 22 no fijó prioridades concretas, y más bien dio la idea de que éste no era un año potencialmente relevante para sus intereses de fondo.

El problema es que, como ya es bien sabido, en el camino se cruzaron los radicales que han intentado imponer el criterio de que toda la negociación anual debe quedar condicionada al éxito o fracaso de la exigencia de que los tres mil 699 nuevos incorporados a la nómina magisterial, queden exentos del proceso de evaluación, del que finalmente no se podrán salvar ni los profesores ya en activo, ni los recién contratado, ni los normalistas que intentan acceder a una nueva plaza docente.

RADICALES Y MÁS RADICALES

Apuntamos el miércoles 3 de mayo en este espacio: “Al final, la lucha de radicales contra moderados al interior de la Sección 22 será constante en estas semanas por venir. Ayer mismo, diversas voces intentaron responsabilizar a varios grupos políticos por el origen de los incendios ocurridos por la mañana en varias escuelas de la capital oaxaqueña. Podría ser, aunque en realidad casi todos los grupos influyentes al interior de la Sección 22 tienen relación con los grupos que gobiernan y que han gobernado la entidad en las últimas décadas. Por eso, además habría que ver y entender la lucha natural entre radicales y moderados al interior del sindicato, frente a un tema toral como la definición de la relación política entre el gobierno y la Sección 22 para los próximos años.”

Pues resulta que aunque parece un tema intrascendente, en estos momentos todos deben entender que lo que se intenta establecer en la relación política de la Sección 22 con la nueva administración del Gobierno de Oaxaca, no radica en si los nuevos profesores deben o no presentar la evaluación para continuar sus trámites administrativos, sino en si finalmente se lograrán imponer las determinaciones del gobierno sobre el magisterio, o viceversa.

Por esa razón, el martes 16 de mayo volvimos al tema específico del establecimiento de los nuevos parámetros de la relación política entre el gobierno estatal y la Sección 22, apuntando lo siguiente: “el propio gobierno de Oaxaca tendrá que asumir que una negociación relativamente cómoda y civilizada durante el presente año —si es que no resulta vetada por el radicalismo de la Asamblea Estatal, que suele imponerse en los momentos menos previsibles a favor de medidas duras— no es indicio de una nueva relación con la Sección 22. Ellos lo harían así según su propia agenda y para generar una correcta acumulación de fuerzas rumbo al 2018, en el que se volcarán abiertamente a apoyar al candidato y el partido que definan, y en el que ni la más poderosa negociación política, al más alto nivel, podrá evitar. Eso es de antemano un hecho. A pesar de lo benigno que pudiera finalmente parecer el saldo de la negociación en 2017.”

Es claro que todo eso se ha cumplido sobradamente, y que ahora será una labor milimétrica la de no permitir que la ya de por sí endeble relación política entre el gobierno y la 22, se contamine con el radicalismo de quienes intentan ver arder toda la relación. Esta es, en el fondo, una misión conjunta de la dirigencia magisterial y del gobierno de Oaxaca, en la que se encuentra en medio la Asamblea Estatal, que como vemos sí logra ser influida por los sectores más radicales.

Al final, tanto a la dirigencia seccional como al gobierno, les conviene llegar a un buen acuerdo por lo menos en la negociación del presente año, porque eso significa preparar sus respectivas baterías para el decisivo año 2018, en el que ya no tendrán como meta negociar plazas docentes ni incrementos salariales, sino las definiciones presidenciales de las que irremediablemente unos y otros serán partes.

TEMPORADA DE REALIDADES

La sola temporada pone en evidencia las debilidades más básicas: llueve un día y amplias zonas de la ciudad sufren por la indolencia de diversas instancias municipales y estatales, que no previeron el taponamiento del sistema de aguas pluviales. Tiembla, pareciera que para revelar que el sistema de las alertas sísmicas no funciona. ¿Y si todo esto fuera lo mismo, pero en una magnitud catastrófica? Ni pensarlo…

+ La evaluación, entre policías e irracionalidad, es un fracaso general

Evaluación Docente (12)

+ Sección 22 repudia a sus cuadros preparados; se queda con escoria


En las condiciones en que ocurrió la primera jornada de evaluación docente de este fin de semana, nadie puede decir que fue un triunfo o un hecho histórico. No puede decirlo la Sección 22, que a pesar de la trifulca que fue a armar a las inmediaciones de Ciudad Administrativa no pudo demostrar su vieja y conocida capacidad de convocatoria para una cuestión tan vital como el boicot al primer acto de implementación en Oaxaca de la reforma educativa; y tampoco puede decirlo el gobierno, que a pesar del enorme gasto y los esfuerzos realizados, sólo pudo aplicar la evaluación a seis de cada diez profesores convocados.

En efecto, este fin de semana ocurrió la primera evaluación docente que, a decir del propio gobierno estatal, sólo le fue aplicada a alrededor del 60 por ciento de la población magisterial convocada para ese efecto. Días antes el gobierno federal, a través de la SEP, había advertido que para resguardar la aplicación de la prueba a los docentes oaxaqueños habría una fuerza de alrededor de 10 mil efectivos, entre elementos estatales y federales. La CNTE reafirmó su decisión de emprender el boicot. Y el sábado las cosas ocurrieron tal y como se habían planeado. No obstante, hay que ver lo que está más allá de eso.

Pues por un lado, se confirmó la previsión de que la aplicación de la evaluación docente en Oaxaca sería una de las más costosas hasta ahora aplicadas, no únicamente por el monto económico que se utilizó en la organización propiamente del evento, sino por el enorme costo económico que implicó la movilización de fuerzas policiacas de los ámbitos estatal y federal, así como por el marcado ausentismo que hubo en la aplicación de la prueba. No existe una cifra totalmente consensada sobre el costo final de la prueba. Pero de las previsiones, puede inferirse que al sólo haberse aplicado al 60 por ciento de la población convocada, el costo por examen debió subir a casi el doble de las proyecciones realizadas.

Esto es una derrota, que aunque parcial, debe dejarle enseñanzas al gobierno estatal. Es evidente que esta era una evaluación que revestía un enorme grado de complejidad no únicamente por su organización, sino por la resistencia de la dirigencia magisterial a asumir su nueva realidad. En ese sentido, debe considerarse todo lo hasta ahora hecho para corregir fallas y ubicar la forma más precisa en la que podrá aplicar la evaluación. Pues si vemos este ejercicio como una cuestión periódica, en sus condiciones actuales no habrá presupuesto, ni capacidad institucional que soporte la realización de exámenes como los de este fin de semana.

Deben buscarse, entonces, mecanismos alternos para la aplicación de los mismos. Y sobre todo debe asumirse que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca necesita realizar un trabajo más firme, y a ras de suelo, de concientización a los propios profesores sobre sus derechos y deberes laborales, y sobre la influencia que sigue teniendo —o que perdió— el sindicato respecto a su estabilidad laboral, y prestaciones. En el fondo, el IEEPO también debe estimular a quienes sí hicieron la prueba, ya que ellos constituyen la primera gran escisión de la Sección 22, a la que ahora deben promover para el cambio institucional de fondo que requiere la educación de Oaxaca.

LA 22, SIN RUMBO

En ese contexto, el secretario general de la sección 22 (que es cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), Rubén Núñez, anunció que la asamblea estatal del gremio decidirá las sanciones que alcanzarán aquellos profesores que “traicionaron” al movimiento y se presentaron el examen de servicio profesional docente.

Luego de concluir su jornada de protesta, indicó que el boicot de la disidencia magisterial fue un éxito, toda vez de que muy pocos de sus integrantes acudieron al llamado de los gobiernos federal y estatal. “Al examen fue gente del Ieepo, los espurios de la sección 59 y, obviamente, algunos compañeros de la 22 que de manera sorpresiva los trajeron; sin embargo, la mayoría de los notificados de la 22 marcharon con nosotros y no acudieron al llamado de las autoridades (…) vamos a valorar (las sanciones), nosotros no tenemos un recuento exacto”, dijo.

Esto significa mucho más de lo que parece. Pues finalmente, de cara a la evaluación, la Sección 22 decidió darle completamente la espalda, y repudiar, a sus cuadros preparados. Apuntábamos hace apenas unos días (Al Margen 23.11.2015) que en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, decíamos, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política. Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

RADICALISMO CONFIRMADO

Aplicar sanciones a quienes fueron a la evaluación, significa dar la espalda a cualquier cuadro preparado. La Sección 22 está confirmando su vocación de quedarse con sus incondicionales. Aunque sean lo menos, y los más impresentables.

¿Qué tipo de diálogo pretende el gobierno federal con los maestros?

 

Aurelio Nuño M

+ Además de inaceptable, militarizar evaluación es una táctica errónea


Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el Gobierno Federal está listo para transitar por el camino que los maestros disidentes deseen: el diálogo o la firmeza en la aplicación de la ley. Esto, en el contexto de la aplicación de la primera evaluación a los profesores oaxaqueños, que será vigilada por alrededor de 10 elementos de corporaciones policiacas de los tres ámbitos de gobierno en la entidad. ¿Es en verdad una buena estrategia cerrar de esa forma el diálogo, amagar con la aplicación de la fuerza, y utilizar la intimidación como forma de aceptación de la reforma educativa?

En efecto, el secretario Nuño Mayer expresó ayer que la gran mayoría de los mentores están dispuestos al cambio, y apuntó que la resistencia se centra en los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren el cambio. Hay dos caminos, dijo, y ellos tienen la opción de escoger por cualquiera de ellos: el de mantener escuelas sin clases y querer presionar a los maestros que sí se quieren evaluar. Si persisten en este camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe otro camino, es el camino de que acepten la reforma educativa y caminemos juntos”, expresó.

¿De verdad está el gobierno federal en la posición de condicionar de esa manera el diálogo con la Coordinadora magisterial? Evidentemente, las posiciones de la CNTE no han sido precisamente amigables y de hecho pareciera que el gobierno está respondiéndole a las secciones sindicales radicales con la misma moneda de la política que ellos han ejercido durante años para presionar al Estado mexicano al diálogo. No obstante, es claro que ni el secretario Nuño Mayer, ni el gobierno federal, entienden que ellos no son un grupo de presión más, ni una organización que se dedica a la industria del chantaje, sino que son nada menos que el Estado mexicano ejerciendo sus potestades, pero en el marco de un estado democrático.

¿Qué significa esto? Que en una sociedad civilizada, como la que se supone que somos, el Estado no le puede responder de forma iracunda a un grupo de presión. Dicho de otro modo, no está en condiciones de aplicar una política como la demostrada por el Titular de la SEP porque eso significaría la institucionalización, la aceptación —y quizá hasta una “constitucionalización” fáctica, por la búsqueda de una forma legal para legitimar la fuerza— del “plata o plomo”, que es tan conocido entre las organizaciones que desarrollan actividades lucrativas y que tienen como elemento de coacción a la amenaza.

Evidentemente este tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas, máxime cuando lo que está en juego es no sólo la evaluación educativa sino las demostraciones de que el Estado tiene los elementos —todos— para hacerle frente a este tipo de situaciones, pero de la forma más civilizada posible y no únicamente utilizando la política del sometimiento o la trifulca.

Esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de las instancias federales encargadas de la gobernabilidad, y la urgencia por aplastar un movimiento con el que, les guste o no, tendrían que aprender a convivir aún en la subsistencia de las nuevas circunstancias impuestas a los trabajadores de la educación con la reforma educativa.

En ese sentido, preguntémonos: ¿en un Estado democrático deben o no existir las voces disidentes? ¿En un Estado democrático, el gobierno está o no obligado a convivir y tolerar a todas las expresiones, aún las más radicales?

Evidentemente, todo esto tiene límites. Pero bajo ninguna circunstancia podríamos negar el derecho de subsistencia a la CNTE equiparándola al extremismo o al terrorismo. Esas son las formas de lucha que cualquier Estado —democrático o no— combatiría. Pero fuera de ellas, se supone que el Estado debe buscar la forma —porque por eso es el Estado— de convivir, y no de aplastar, a los grupos organizados que no están de acuerdo con sus políticas, con su régimen o quizá sólo con el gobernante.

TÁCTICA IMPRÁCTICA

Lo apuntábamos hace apenas unos días, y hoy reiteramos esta duda genuina: ¿Qué va a pasar después de la evaluación de este fin de semana? Porque si algo queda claro, dijimos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado, es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.   Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

Evidentemente, el mismo Estado ha demostrado que su capacidad de movilización está siendo costosa no sólo en términos políticos, sino que también le está generando una fuerte presión al presupuesto federal destinado a la seguridad pública. ¿Qué revela todo esto? Que además de ser una táctica políticamente inviable la de militarizar las evaluaciones, e insistir en su llamado al “plata o plomo” frente a la CNTE, la SEP está optando por una estrategia que también es poco práctica, de muy corto alcance, y muy costosa para las arcas federales y para las mismas fuerzas federales que están haciendo una abierta labor de contención política y no las tareas de seguridad pública para las que fueron creadas.

Por esa razón resulta hasta machacón el cuestionamiento sobre la urgencia de ubicar rutas alternas a la de la presión actual que ejerce la SEP. Ésta, en el mejor de los casos, debe ser una política momentánea, únicamente utilizada como una especie de “botón de pánico” frente a las circunstancias. Al final, si el gobierno federal no establece los cauces necesarios para entablar un diálogo útil con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de muy poco tiempo su táctica actual se desfondará y terminará ocurriendo un efecto rebote, de consecuencias muy lamentables para la educación pública en nuestro país.

LOS MÁS CONTENTOS…

Son los empleados del gobierno estatal, que desde ayer tienen días de descanso obligatorio. Al menos los que laboran en Ciudad Administrativa, que toda la semana estuvo ya resguardada y confinada, y que —dicen— este fin de semana será un verdadero bunker.

¿Todas las evaluaciones tendrán que ser vigiladas por 10 mil policías?

cnte

+ Gobierno debe abrir, paulatinamente, canales de diálogo con la CNTE


 

Una de las grandes aduanas en la implementación de la reforma educativa, ocurrirá este fin de semana cuando, en un episodio simbólico por diversas razones, se enfrenten el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por la realización de la primera evaluación a los docentes oaxaqueños. Es importante el hecho que constituye la aplicación de los primeros exámenes. Pero lo es mucho más, la medición de fuerzas entre dos bloques que, en el mediano plazo, se verán obligados a buscar rutas alternas que el choque que están previendo para este fin de semana.

En efecto, ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que “serían agregados unos 10 mil elementos de la Policía Federal” a las autoridades policíacas actuales para garantizar el buen desempeño de la evaluación docente este fin de semana en Oaxaca. “La Policía Federal, dijo, empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca. Así como arribó la semana pasada a Michoacán, esta semana se verán los contingentes federales para poder garantizar la evaluación (…) estaríamos hablando de ocho mil a 10 mil policías federales adicionales de los que ya existen”, agregó el funcionario federal.

Horas más tarde, el gobernador Gabino Cué confirmó que unos 7 mil policías, entre federales y estatales, resguardarán la evaluación docente que se realizará este sábado y domingo, 28 y 29 de noviembre, en Ciudad Administrativa. Descartó que vayan a trasladar a los docentes en helicópteros como ocurrió en Michoacán porque en Oaxaca se aplicará otra logística. Dijo que la presencia policial será disuasoria, en un primer instante, pero ante la amenaza de boicot o de ‘lastimar’ el derecho de los docentes por parte de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, la obligación de la autoridad es garantizar la integridad de quienes acudan a este proceso.

Y es que desde hace varias semanas, la Comisión Política de la Sección 22 lanzó la advertencia de que intentaría un boicot a la evaluación diagnostico de la SEP, que inicialmente se realizaría los días 14 y 15 de noviembre, pero que fue pospuesta para este fin de semana. Según la 22 “los maestros de Oaxaca tienen la indicación de no acudir al examen (…) Cuando todos los compañeros tengan un documento donde les indiquen el tipo de examen, la hora, la sede y el propósito, entonces se podrá hablar que es un proceso legal”, señalaban.

Hasta ayer, la Sección 22 no había retirado su amenaza de boicotear la evaluación, y en ese contexto se decidió resguardar, desde el lunes, las instalaciones de Ciudad Administrativa donde formalmente se llevará a cabo la evaluación; y ayer martes se hizo el anuncio formal del refuerzo de elementos federales para garantizar la seguridad de la evaluación. A simple vista no parece fácil poder prever la existencia de disturbios o violencia. Pero sí se infiere que si la Policía Federal está movilizando masivamente a sus efectivos, es porque ven latente la posibilidad de que esto ocurra.

¿Qué resguardarán? Físicamente, buscarán salvaguardar a las personas que acudan a realizar su evaluación. Pero políticamente —y esa es la parte sensible— lo que resguardarán es la supervivencia y la capacidad del Estado de aplicar la evaluación ejerciendo para ello su autoridad tanto frente a quienes evaluarán, como a quienes tratarán de impedirlo.  Por esa sencilla razón, lo que ocurra el fin de semana en las instalaciones de Ciudad Administrativa será definitorio para el futuro inmediato de toda la reforma educativa en el país —y quizá hasta sea un abono a la endeble legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto—, frente a la CNTE que buscará por todos los medios la forma de impedir la consumación de esta significativa evaluación.

¿Y DESPUÉS?

Es lo que también vale la pena preguntarse. Porque si algo queda claro es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.

Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

Y por su parte, el Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

Por todo eso, lo que pase el fin de semana en Oaxaca será definitorio, pero sólo para que la reforma educativa siga viva. Después vendrá el momento de demostrar —o de desmentir— que dicha reforma es viable en el mediano y largo plazo.

DORMIDOS

En la prensa de la capital del país apenas se dieron cuenta que Flavio Sosa dejó el PRD para irse a Morena. Ello quedó más que claro, al anunciarse el nombre de la nueva dirigente de ese partido en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Más bien la duda es si con ese enroque subsiste la candidatura —que según ya estaba “segura”— de Salomón Jara a la gubernatura por Morena en 2016.