+ Mercado negro de proveedores, ‘secreto’ que esconde diversas formas de corrupción
A raíz de la aprehensión del ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, y de las órdenes de captura que han sido libradas en contra de ex servidores públicos y de particulares por la comisión de delitos relacionados con la contratación y ejecución de obra pública por el gobierno estatal, sería sano que el Gobierno del Estado iniciara una revisión a fondo de su propio padrón de proveedores y contratistas y, sin autoengaños, comenzara a limpiarse de empresas fantasma. El caso de Salud es apenas un botón de muestra de algo mayor, que debe ser investigado.
En efecto, la semana pasada hubo información en el sentido de que seis particulares habían sido detenidos, en el marco de las investigaciones relacionadas con los delitos que presuntamente cometió Tenorio y otros ex funcionarios, en la contratación y (no) construcción de baños ecológicos en varios municipios de la entidad. Se supo luego que esas personas no eran parte de los servidores públicos perseguidos, sino los apoderados y representantes legales de las empresas constructoras que habrían participado en el fraude por el que se procesa judicialmente a las personas antes mencionadas.
Sólo que en estos días han aparecido voces que señalan algo que —a la luz de la corrupción que existe alrededor de muchas empresas que proveen bienes y servicios al Gobierno del Estado mediante subcontrataciones no controladas— parece lógico: que al menos uno de los seis particulares que fueron detenidos la semana pasada, en realidad es una persona que ni se dedica a la construcción, ni cuenta con los recursos para haber montado una constructora, ni tampoco tiene antecedentes de ser empresario. Más bien, según sus familiares, es el trabajador asalariado de una empresa privada, sobre quien aseguran que fue suplantada su identidad.
Esta posibilidad es latente, aunque no es la única. Según versiones de los familiares y abogados, a esta persona la habrían involucrado sin su consentimiento en la constitución de una empresa constructora, a partir del expediente personal al que terceros tuvieron acceso, por ser aquel empleado de alguno de ellos. Según la versión, lo habrían incluido en la sociedad gracias a sus documentos, y habrían falsificado sus firmas y presencia ante fedatario para manifestar su voluntad de ser parte de la nueva persona moral, con la que después supuestamente fueron a quebrantar al erario con la contratación de obra pública que no se ejecutó pero por la que sí cobraron.
Evidentemente, de continuar con ese argumento, los involucrados tendrían que demostrar ante la justicia la supuesta suplantación de sus respectivas identidades así como la falsificación de sus firmas, y otros elementos para establecer que en realidad ellos no tuvieron nunca la voluntad ni de ser parte de esas empresas, ni mucho menos de ser parte de los quebrantos por los que se les acusa. Con ello tendrían que poner incluso en entredicho los registros de instituciones federales como el Servicio de Administración Tributaria ante los cuales se registran los apoderados y administradores de las empresas, para poder ser quienes realizan trámites fiscales en nombre y representación de las mismas.
No obstante, ellos y el propio gobierno más bien tendrían que comenzar a reconocer consistentemente la existencia de todo un mercado negro perfectamente organizado en el que las empresas —básicamente, los documentos que prueban legalmente su existencia— son “rentadas” para que terceros hagan negocios con el gobierno. Esa es una práctica común, concomitante a otros negocios cuestionados como por ejemplo la venta de facturación simulada, que en gran medida explica en mucho este tipo de maquinaciones por las que varios enfrentan hoy a la justicia.
NEGOCIO OSCURO
Todos aquellos que simulan operaciones a través de empresas, necesariamente deben tener cómplices. El problema es que en ese tipo de negocios, hay cómplices que están conscientes de lo que están haciendo, y personas a las que sorprenden en su buena fe para involucrarnos en negocios ilícitos incluso sin que ellos, por ignorancia o candidez, lo sospechen. ¿De qué hablamos?
De que a un trabajador asalariado que apenas si gana un monto superior del salario mínimo, le debe parecer un negocio muy redituable ganar una cantidad importante de dinero por unas firmas y la realización de algunos trámites. Eso es lo que pasa con muchas personas a las que engañosamente involucran en la constitución de empresas de diversos giros, que luego son utilizadas con fines indebidos.
Si a esa persona que —por poner un ejemplo— gana mil pesos a la semana, y lo invitan a ese negocio ofreciéndole 10 o 20 mil pesos por ayudar con sus firmas y presencia a constituir una empresa sobre la que no tiene ningún control ni sabe cuáles son sus actividades, ingresos y comportamiento fiscal, evidentemente debe ser esa una oferta atractivísima y una posibilidad tentadora para hacerse de un monto que ganaría luego de meses de trabajo y que, obviamente, no lo vería junto como para poder comprar algo.
A través de esas prácticas existen miles de empresas constituidas, que luego son utilizadas para diversos negocios que no tienen que ver con sus giros comerciales o empresariales, sino que más bien son utilizadas para un lucro indebido. En el caso de los esquemas de facturación, a esas empresas se les van cargando créditos fiscales hasta niveles importantes y luego son tratadas de desaparecer mediante mecanismos como el concurso mercantil, la quiebra o la suspensión de operaciones. Para cuando eso ocurre, ya tienen a una nueva empresa a la cual pueden seguir cargándole los residuos fiscales de sus negocios de facturación.
En el caso de las constructoras hay otro negocio. Muchas de las personas que se dedican a la facturación, también constituyen esas empresas para rentar los documentos constitutivos. Ante el contratante —en este caso, el gobierno— presentan todos los documentos que son necesarios para la contratación de una obra. Éstos son facilitados a cambio del pago de un tercero que será “beneficiario” de una obra, o a cambio de que a través de sus mismos esquemas se realice todo el proceso de facturación, comprobación y manejo de los recursos provenientes de la obra.
Así es como se contratan muchas obras en el Gobierno del Estado, pero también así se proveen de muchísimos servicios en muchas dependencias estatales. ¿Saben eso los funcionarios involucrados? Obviamente, sí. ¿Hacen algo para evitarlo o combatirlo? Evidentemente, no, porque en muchos casos ellos mismos son beneficiarios de diezmos, moches o porcentajes justamente por evitar darse cuenta que aunque son legales, los documentos constitutivos y de comprobación de esas empresas no son en realidad de las personas a las que se les está asignando la compra del bien o servicio que requiere el gobierno.
DEJAR EL AUTOENGAÑO
Por eso, todo pasaría por dejar de hacerse tontos solos, todos, y comenzar a reconocer este problema que quizá ya sea endémico. Hay mucha gente que compite con sus empresas para ser proveedores del gobierno. Pero también hay vivales que contribuyen a situaciones como éstas aprovechándose de la buena fe de algunas personas, y de la forma en que el gobierno se ha hecho el desentendido frente a estas prácticas. No basta con ver a Tenorio en la cárcel. En realidad tendría que haber decisiones más de fondo para acabar con esta forma tan común de corrupción hoy en día.
