+ El sistema político adolecerá de figuras de experiencia por generación truncada
Hasta hace relativamente pocos años, cuando un gobernador terminaba su mandato, comenzaba su preparación para su siguiente responsabilidad política, ya fuera como legislador, como funcionario del gobierno federal, o incluso como líder moral de su grupo en la entidad que estaba a punto de dejar de gobernar. Hoy, los ex gobernadores en México siguen una dinámica distinta: terminan su mandato y, en el mejor de los casos, quedan en el descrédito y en el desempleo político. Otros más recientes, al concluir su gestión han sido investigados, perseguidos y encarcelados. México está perdiendo así una generación de políticos que, al final, sólo profundizará los errores en la gestión pública nacional.
En efecto, si volteamos a revisar la historia de los gobernadores mexicanos de antes de la primera alternancia de partidos en el poder, veremos que su historia común no era la de ejercer un cargo terminal para su vida política. Aquí mismo en Oaxaca, todos los ex gobernadores hasta José Murat tuvieron una conclusión activa de sus respectivos mandatos: Heladio Ramírez ha sido dos veces senador y líder del sector campesino en su partido; el ex gobernador Diódoro Carrasco fue secretario de Gobernación y continúa activo en el gobierno de Puebla; y luego de concluir su gestión en Oaxaca, el ex gobernador Murat fue diputado federal y ha sido un personaje regularmente cercano al poder federal por su experiencia y capacidades políticas.
Entre esos ex mandatarios, y Ulises Ruiz y Gabino Cué, hay una diferencia sustancial: Ruiz, luego de dejar el gobierno de Oaxaca, fallidamente intentó liderar un grupo político al interior del PRI; trató de incidir en la vida política estatal a través del fortalecimiento del grupo que lo acompañó mientras fue gobernante, y también falló; y, en términos sustantivos, nunca consiguió reposicionarse él como figura política gracias a sus incontables escándalos personales y políticos en los que se vio involucrados cuando fue Gobernador; y por eso desde entonces no ha ocupado sino los cargos partidistas que le consiguieron sus antiguos tutorados políticos, como el ex gobernador Roberto Borge de Quintana Roo, que consiguió que a Ruiz lo hicieran delegado del CEN del PRI en aquella entidad. Pero fuera de eso ninguna candidatura a cargos públicos, ni posiciones políticas de relevancia, ni nada.
La historia de Cué es aún peor: él, que llegó al gobierno de Oaxaca como un verdadero baluarte de la lucha política de la oposición contra el régimen de partido hegemónico que aún imperaba en Oaxaca, hizo de su gobierno —y de su reputación como político— un desastre que hoy lo tiene arrinconado en la Ciudad de México, buscando supuestos proyectos profesionales para entretenerse, pero muy lejos de lo que se habría podido pensar de un ex gobernador que supuestamente se tendría que haber echado a la bolsa los paradigmas de haber vencido al partido gobernante por décadas y de, supuestamente, de haber sentado las bases de nuevas formas de gobernabilidad democrática y Estado de Derecho.
Es evidente que Cué falló en todo, y aún cuando en otro tiempo se pudo haber pensado que su experiencia y su capacidad política lo tendrían haber llevado a niveles superiores de responsabilidad política —ser nuevamente senador, llegar a una secretaría de Estado, o ser líder partidista— luego de terminar su gestión como gobernador, lo cierto es que la estela de corrupción, y las múltiples interrogantes que dejaron él y sus funcionarios, hoy lo tiene de vuelta como un simple ciudadano, y no como la figura política que muchos de sus aliados pensaron que sería, y en la que sí pudo haberse convertido de no haber caído en la permisividad o en las tentaciones por las que se le acusa.
GENERACIÓN PERDIDA
Estos de Ulises Ruiz y Gabino Cué, lamentablemente para el país, no son casos aislados. En realidad, ambos son parte de una generación ya perdida de políticos y administradores que sólo se caracterizaron por su incapacidad para comprender el momento político que les tocó vivir. Hoy se puede decir que en docenas de casos —hay 17 ex gobernadores en problemas con la justicia, y varios de ellos en prisión— las tentaciones fueron superiores a su posibilidad de entender que el de gobernador no era un cargo para finalizar la vida activa de un político, sino un peldaño más para continuar creciendo.
Incluso, hoy en día tampoco sería posible pensar en otro gobernador con aspiraciones presidenciales posibles, como hace relativamente poco tiempo lo fue Enrique Peña Nieto. Es cierto que él fue un gobernador también lleno de excesos e interrogantes por la corrupción demostrada por él mismo y muchos de sus funcionarios. Sin embargo, a pesar de ser un gobernador de oposición al gobierno federal —el Presidente era Felipe Calderón, pero la corrupción aún no era el factor más emocional y determinante de la agenda pública de aquellos años, como sí lo es hoy—, Peña Nieto logró construir los consensos necesarios en su partido y logró controlar la dimensión de los señalamientos de corrupción.
Por eso logró convertirse en candidato presidencial, y luego en Presidente; y no fue sino hasta entonces, que el desenvolvimiento de la sociedad mexicana estableció las condiciones para que se dieran a conocer casos de corrupción como el de su ‘casa blanca’, los contratos irregulares que otorgó a empresarios amigos de su gestión cuando era gobernador del Estado de México, y otras cuestiones que irremediablemente lo han perseguido durante su gestión. A Peña Nieto, en realidad, se le criticó porque ahora es el Presidente; pero con todo y lo que se diga de él, su gestión no llegó a tener los niveles de corrupción —o al menos no de manera demostrada— por los que hoy se acusa a otros ex gobernadores como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Andrés Granier, y otros que se encuentran en graves problemas con la justicia.
En el fondo, todo esto revela un problema endémico de los gobernadores actuales, que también debe evitar seguir siendo tendencia. El país no va a aguantar la profundización de esa generación perdida de gobernadores sometidos por la corrupción. No lo va a soportar porque una de las reglas del poder político en el sistema democrático radica justamente en la necesidad de la renovación periódica de las personas que detentan el poder.
Evidentemente, no existe una regla que diga que un presidente debió ser antes gobernador, y tampoco es un requisito constitucional para quien aspire a ese cargo. Sin embargo, lo cierto es que ese sí tendría que ser un requisito político y moral indispensable, para aquella persona que aspire a gobernar y administrar los recursos de toda la nación.
¿ENTENDERÁN?
El problema es que al menos en el futuro cercano no veremos a nadie de esa generación perdida, con tal posibilidad. Quizá lo lleguemos a ver con este nuevo ciclo reciente de renovación de las gubernaturas, pero eso también dependerá de la eficacia y la contundencia con la que se castiguen los delitos cometidos por los ex mandatarios que ahora son perseguidos por la justicia. Si ello no ocurre con la suficiente intensidad, que sirva como demostración y escarmiento para quienes están asumiendo ese cargo, entonces lo lógico será esperar no sólo la repetición sino la profundización de esas medidas. Pero mientras, lo que queda esperar es un periodo más de reciclaje de las figuras políticas ya conocidas, o el debut de una nueva clase inexperta de funcionarios que tendrán que aprender sobre la marcha, y de los que todos tengamos que pagar por sus errores.
