Los diputados deben apurar la puesta en marcha del sistema anticorrupci贸n

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Tenorio

+ Gobierno debe garantizar cobertura presupuestal de nuevo andamiaje legal


 

Mientras el gobierno y la Legislatura del Estado contin煤an perdidos en discusiones bizantinas sobre la corrupci贸n y el combate a la impunidad, los actos indebidos contin煤an ocurriendo sin que la sociedad constate una respuesta clara hacia ellos. En Oaxaca, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupci贸n existe s贸lo documentalmente. Y de hecho es una doble derrota para la sociedad, tanto que ni el gobierno ni los diputados sepan exactamente para cu谩ndo el Sistema pasar谩 de las normas a los hechos; y que tampoco haya certidumbre respecto a posibilidad de que se cubran las necesidades econ贸micas que implica ese nuevo esquema, como una promesa de combate efectivo a la corrupci贸n.

En efecto, el panorama del combate a la corrupci贸n en Oaxaca es desolador. En mayo pasado los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupci贸n, aunque hasta la fecha sigue pendiente la aprobaci贸n de diversas leyes que necesitan ser armonizadas para darle operatividad t茅cnica y jur铆dica a dicho sistema. En el Congreso del Estado trabajan en la adecuaci贸n de dichas normas, aunque lo cierto es que no se tiene ninguna certidumbre ni fecha probable para la aprobaci贸n de todo el andamiaje legal complementario del Sistema.

Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado ha estado m谩s preocupado por los temas cosm茅ticos que por los de fondo, en lo que toca al combate a la corrupci贸n. Muestra de ello, fue la decisi贸n de enviar como iniciativa preferente la propuesta de reforma constitucional para eliminar la necesidad de llevar a cabo la declaratoria de procedencia, como el paso previo y necesario para que los servidores p煤blicos estatales puedan ser procesados penalmente. 驴Acaso no era preferible enviar una iniciativa preferente que tuviera como fondo toda una miscel谩nea de reformas para reforzar los trabajos que se realizan en la adecuaci贸n del marco legal para el sistema anticorrupci贸n?

Esa situaci贸n, en realidad, refleja al menos dos cuestiones concomitantes: una, que las instancias gubernamentales encargadas de llevar a cabo el trabajo complementario de adecuaci贸n normativa de cara a la puesta en marcha del sistema anticorrupci贸n, en realidad no tienen ninguna prisa ni inter茅s por intervenir institucionalmente en el dise帽o normativo; o que si lo tienen, 茅ste no se ha demostrado tan denodadamente como para impulsar propuestas al mayor nivel posible para conseguir que 茅stas se conviertan en leyes.

La segunda cuesti贸n que esto revela, es que en realidad no parece existir la correcta integraci贸n de los trabajos de dise帽o normativo en todo el gobierno. 驴Responsabilidad de qui茅n es esto? Es, evidentemente, responsabilidad de la Consejer铆a Jur铆dica del Poder Ejecutivo, que hasta ahora ni ha demostrado eficacia en los planteamientos que ha hecho al Poder Legislativo, ni tampoco ha dado pautas concretas de una verdadera labor de integraci贸n de todos los esfuerzos institucionales en materia jur铆dica, para hacer propuestas consistentes al Poder Legislativo, en un tema tan sensible como el del combate a la corrupci贸n y el control a la gesti贸n p煤blica.

De hecho, a casi dos meses de su nombramiento como consejero Jur铆dico del Gobierno del Estado, queda claro que Octavio Tinajero Zenil no ha logrado ning煤n resultado consistente en los temas que debieran ser de la mayor prioridad para quien se supone que tiene la responsabilidad de los temas jur铆dicos del gobierno. 驴De qu茅 hablamos?

De que, por un lado, no ha sido capaz de plantear una agenda integral respecto a un tema tan trascendente como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupci贸n, en el que el gobierno estatal realmente pudiera ser un coadyuvante del Poder Legislativo en la confecci贸n del entramado jur铆dico necesario para la implementaci贸n del sistema; y por el otro, tampoco ha demostrado capacidad de gesti贸n para llevar a buen puerto temas tan delicados como el procesamiento del Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el Congreso del Estado, o la posibilidad de sacar adelante sin problemas la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo para la eliminaci贸n del llamado 鈥渇uero constitucional鈥.

La falla ha sido evidente, porque el Consejero Jur铆dico parece no asumir que temas como el del PED o el del sistema anticorrupci贸n, no s贸lo son problemas de los funcionarios y las dependencias encargadas de intervenir directamente en los temas, sino de todo el gobierno; y que particular debieran ser temas de su inter茅s por ser de naturaleza jur铆dica.

En el fondo, el problema innecesario que el gobierno y los diputados crearon alrededor de la aprobaci贸n del PED, en gran parte tuvo su origen en la indolencia de ciertos funcionarios 鈥攃on Tinajero Zenil a la cabeza鈥 para darle un seguimiento puntual a sus temas de inter茅s institucional, dentro del Congreso; por despreciar la posibilidad del cabildeo y del di谩logo respetuoso con el Poder Legislativo; y por suponer que siguen viviendo en los viejos tiempos en los que la orden del Ejecutivo es suficiente para que todos los poderes y voluntades se alinearan alrededor de un tema, y que ellos pueden seguir instalados en la frivolidad, como si el cargo fuera un premio y no una responsabilidad.

SISTEMA ANTICORRUPCI脫N, EN RIESGO

Ahora bien, junto a todo lo anterior hay otro problema que en el futuro cercano el gobierno y el Congreso tendr谩n que reconocer y abordar: nadie sabe hasta ahora de d贸nde van a salir los recursos para poner en funcionamiento el Sistema Estatal de Combate a la Corrupci贸n. En el Congreso no tienen a煤n clara la ruta, y las instancias del Ejecutivo no han dado directrices m铆nimas de cu谩l ser谩 el nivel de inversi贸n p煤blica para la instalaci贸n y la puesta en marcha del sistema.

El asunto no es menor: el gobierno estatal atraviesa por una crisis profunda que cada vez parece menos explicable, a la luz de que ha transcurrido m谩s de la mitad del a帽o y frente a todos los problemas la respuesta ha sido la misma, relativa a la insuficiencia presupuestal del gobierno. Al final del a帽o, tendr谩n que enfrentarse o a explicar c贸mo se ejerci贸 el presupuesto gubernamental del presente a帽o, o a reconocer que hubo subejercicios o derivados de diversas situaciones, o gastos hasta ahora no explicados a la ciudadan铆a oaxaque帽a. Por eso, hasta ahora en diversos rubros s贸lo existen interrogantes. Pero eso no podr谩 ser sostenible en el largo plazo.

Por todo eso, ser铆a muy riesgoso que en los meses siguientes todos determinaran echar a andar nuevas dependencias y 贸rganos de combate a la corrupci贸n, pero que s贸lo tengan existencia testimonial. El primer destello de eso, lo puso el tambi茅n reci茅n nombrado Fiscal Anticorrupci贸n, que sin ning煤n pudor ha justificado su ausencia pr谩cticamente total de la escena p煤blica 鈥攜 su total inmovilidad institucional鈥, bajo el argumento de que no cuenta ni con los recursos m铆nimos indispensables para realizar las funciones para las que fue electo.

Nadie puede apostar a tener instituciones s贸lo de papel, y menos a tener funcionarios fantasmales disculp谩ndose de manera permanente en las precariedades. Todo el Sistema debe ser implementado, de tal forma que el propio Estado demuestre su voluntad por el tema, y no que todo resulte en una nueva tomadura de pelo para la ciudadan铆a que genuinamente espera mucho del sistema anticorrupci贸n. Pronto lo veremos.

METEN REVERSA

A trav茅s de terceros, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza anunci贸 que presentar谩n un nuevo dictamen al pleno para la eliminaci贸n s贸lo de la figura de la declaratoria de procedencia, pero sin tocar el juicio pol铆tico. Qu茅 bueno que lo hizo; pero qu茅 mal que esto s贸lo ocurri贸 despu茅s de que quedaran al descubierto todas las implicaciones de lo que ella y los dem谩s integrantes de la Comisi贸n de Estudios Constitucionales 鈥擠onovan Rito Garc铆a, Adriana Atristain Orozco, Le贸n Leonardo Lucas y Horacio Antonio Mendoza鈥 iban a hacer, si nadie les se帽alaba el 鈥渆rror鈥 鈥攄eliberado鈥 que estaban en v铆as de cometer.

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